EX GOBERNADORES

Observatorio: Más que inasistencia de gobernadores, a López Obrador le falta estrategias de seguridad

De los estados con mayor incidencia delictiva sólo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue no asiste regularmente a las reuniones mañaneras de seguridad del gobierno federal, por lo que la ausencia en estas juntas de coordinación no sería factor principal en los altos índices de violencia como lo determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar el inicio de sus informes sobre “quién es quién” en materia de seguridad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados donde se ha registrado más violencia y delitos en los primeros 10 meses del año son, en orden descendente, Edomex, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Tabasco.
De los gobernadores de esas entidades sólo el de Guanajuato, Diego Sinhue no asiste regularmente a las reuniones de coordinación federal, según fue publicado por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien también incluyó entre los faltistas al de Michoacán, Silvano Aureoles y al de Zacatecas, Alejandro Tello, estados que ocupan los lugares 17 y 27 en incidencia delictiva.
En cambio, un conteo difundido por la organización Causa en Común determinó un factor más determinante en la violencia y la inseguridad: los ataques y asesinatos a policías estatales en un contexto en el que la Guardia Nacional y el Ejército están impedidos para usar la fuerza en la contención, al menos, de los criminales.
Cuestionado en la mañanera de este martes sobre la demanda ciudadana de que rectifique su estrategia de seguridad, el presidente respondió que “no, no regresaremos al uso de la fuerza. Vamos a ir mejorando”, dijo al enlistar que sólo en cinco estados se concentra el 52% de los homicidios: Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.
Entre esos homicidios que al involucrar en 90% al narco se convierten, en la mayoría de los casos, en ejecuciones, Causa en Común contabilizó el asesinato de 381 policías en 28 estados durante el presente año. Guanajuato suma 47 policías muertos mientras que para el mismo periodo de 2018 se contabilizaron 63. Le sigue Michoacán con 38 casos mientras en 2018, a inicios de diciembre, sólo se habían registrado 13 elementos muertos.
Otros estados con más asesinatos de policías son Chihuahua, con 30 muertos; Jalisco, con 26; Guerrero (25); Estado de México (22); Sonora (21); Puebla (18); Ciudad de México (17); Oaxaca (16), y Veracruz, con 15 policías muertos.
Entre los últimos hechos violentos que dejaron saldo rojo de elementos policiacos está el asesinato de cuatro policías en Coahuila, después de varios enfrentamientos con civiles armados en la comunidad de Villa Unión, y el asesinato, el 30 de noviembre, del director de la Policía de Tulum, el comandante Hugo Trejo, quien fue atacado por hombres armados cerca de su domicilio.
La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ha reportado desde enero de este año la reducción del 70% de las fuerzas federales que esta entidad tenía asignadas en apoyo al combate al crimen, por concentrarlas en el centro del país a fin de combatir el huachicoleo y en entidades donde la estrategia nacional requería disuadir a los grupos delictivos.
Sin embargo, el 1 de diciembre fue reportado a nivel nacional como el día más violento del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el rubro de homicidios dolosos se reportaron 127 personas asesinadas. Donde más delitos de este tipo se registraron está Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México y Tamaulipas, con cinco cada uno, seguidos por Puebla y Veracruz (6), Michoacán (7), Baja California (9), Guanajuato y Oaxaca (10) y el Estado de México (14).
El reporte elaborado junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, señaló que desde el 5 de diciembre de 2018 los índices más altos fueron entre 101 y 113 muertos diarios.

OBSERVATORIO: Pedro Joaquín Coldwell en la mira de AMLO

Por Pedro Canché

En el caso Emilio Lozoya, se maneja insistentemente el nombre del paisano Pedro Joaquín Coldwell, ex gobernador de Quintana Roo y Secretario de Energía con Enrique Peña Nieto.

Las operaciones para comprar la planta Agronitrogenados fueron del conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, incluido Pedro Joaquín Coldwell, afirmó Ana Lilia Pérez en la MesaDeAnálisis, con Carmen Aristegui.

Otro a quien se le han congelado las cuentas, pero en Quintana Roo, es a Félix Arturo González Canto, quien para no ser aprehendido se oculta y mantiene bajo perfil.

Dos ex gobernadores en apuros, tres con Mario Villanueva quien aún no lo libra a pesar de que un comité patito patito del Congreso local lo declara “inocente”.

Jueces y funcionarios estarían auxiliando a Borge y Duarte

Cancún.- Funcionarios, jueces y hasta ministros se han esforzado desde hace meses en entorpecer las investigaciones que llevaron a la cárcel a los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y de Veracruz, Javier Duarte, situación que ya ha sido detectada por la actual administración federal.
Al menos así lo asevera el periodista Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras” del periódico El Universal, quien indicó que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador había detectado, en los meses previos al arranque del actual sexenio, que hay un grupo de jueces y funcionarios que dificultan las investigaciones solicitadas por agencias extranjeras como la DEA y el FBI, por lavado de dinero, en contra de importantes empresarios ligados al grupo de Enrique Peña Nieto.
Pero además, estos “peñistas” se han esforzado en cambiar los criterios utilizados para detener a Roberto Borge Angulo y Javier Duarte, pues, de la mano de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han obligado a la Comisión Bancaria y a la Secretaría de Hacienda a tener que someter ante un juez dos veces una investigación de cuentas, cuando buscan abrirlas y luego cuando buscan imputar delitos.
El resultado de esto, según el columnista, es que las investigaciones podrían tomar años en consignar los delitos, lo que facilitaría que los cómplices y operadores finacieros de los exgobernadores queden en la impunidad.
Logrado esto, este grupo ahora busca cambiar los criterios para el congelamiento de cuentas sospechosas, ante la Segunda Sala de la Corte, añade el periodista, situación que ya es investigada por la propia Corte Suprema.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, es quien encabeza estas investigaciones, como parte de la “limpieza interna” del Poder Judicial, hoy duramente cuestionado por el Ejecutivo federal. En este sentido, habría ordenado reactivar 2 mil investigaciones en el Consejo de la Judicatura que “misteriosamente” estaban inactivas, y también ya se revisan los casos de jueces en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación.