El “lavado de dinero” que se realiza en Quintana Roo le sirve a los cárteles para mejorar sus estructuras, corromper funcionarios, asegurarse impunidad.
FELIPE VILLA/LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro organizaciones criminales realizan actividades ilícitas en Quintana Roo, según dos documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2019-2020 y la versión pública de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, en el norte del estado opera el Cártel de Sinaloa.
La organización también llamada Cártel del Pacífico, y cuyo liderazgo hoy es compartido por Ismael Zambada Niebla, el “Mayo”, con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, controla los negocios ilícitos en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Cozumel.
Ambos documentos señalan que en el centro del estado operan de manera desarticulada los grupos que se asumen aún como Los Zetas. Se asientan en porciones de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
Por su parte el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo liderazgo recae en Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, es el responsable de la actividad ilegal en la mayor parte de los municipios Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar.
Finalmente, el Cártel del Golfo opera al sur de la entidad, en una porción del municipio de Othón P. Blanco. Esta organización criminal, como sus antiguos socios Los Zetas, está desarticulada y sin un liderazgo que la unifique.
Mientras que en el estado el Cártel de Sinaloa controla los negocios ilícitos desde Cancún, el Cártel Jalisco Nueva Generación lo hace desde Chetumal.
Más adelante, los documentos indican que las cuatro organizaciones criminales “lavan dinero” en la entidad, es decir, incorporan recursos de procedencia ilícita en negocios legales. Los delitos “precedentes” son el tráfico de drogas, la trata de personas, el secuestro y la extorsión.
El “lavado de dinero” que se realiza en la entidad le sirve a la delincuencia organizada para mejorar sus estructuras, corromper funcionarios, minar la certeza jurídica, asegurarse impunidad, fomentar la economía informal, incursionar en los sistemas de pagos legales, realizar operaciones en dólares y otras divisas y realizar movimientos financieros transfronterizos.
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoce que los flujos financieros ilícitos “han aumentado considerablemente en los últimos años”. Estima que en 2 años, en todo el país, las actividades ilícitas han generado un billón de pesos.
También acepta que “México no cuenta con una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud”. Y señala que la pandemia de Covid-19, provocada por el virus SARS-Cov-2, ha aumentado los riesgos asociados con el “lavado de dinero”.
Explica que por el confinamiento se espera aumento en la comisión de fraudes y delitos cibernéticos, así como mayor “riesgo de que se desvíen fondos para apoyar a terroristas y grupos terroristas, suplantación del gobierno, falsificación, recaudación de fondos, estafas de inversión fraudulentas, ataques de phishing (estafas de suplantación de identidad y de correo electrónico empresarial), ataques de programa de software malicioso (ransomware), trata de personas y explotación de trabajadores, explotación infantil en línea, delitos contra la propiedad, mala dirección de los fondos del gobierno o la asistencia financiera internacional y el aumento de los riesgos de corrupción”.
