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Góngora Escalante ‘a un pie’ de obtener su libertad

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CHETUMAL, Q. ROO.- El ex presidente municipal de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura del Estado, Mauricio Góngora Escalante, quien se encuentra recluido en la cárcel municipal de Solidarida, está a punto de recuperar su libertad, debido a que jueces han desestimado el proceso por falta de causas en una de las cuatro carpetas de investigación abiertas en su contra, dio a conocer su abogado defensor Miguel Angel Torres Fritz.

Según el abogado, en las audiencias que se han realizado en contra del ex presidente municipal de Solidaridad, se ha demostrado que no cumplen con los requisitos para llevarlo a juicio, por lo que ha solicitado a la autoridad judicial no tomar en cuenta los elementos presentados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mauricio Góngora no ha podido ser vinculado a ningún caso de corrupción imputados por la Fiscalía Anticorrupción, porque cada vez que está presenta alguna de las carpetas inmediatamente son desestimadas, durante la investigación.

Asimismo, Torres Fritz expresó que han ganado cada una de las instancias, incluso la del caso VIP Saesa, y únicamente tienen tres denuncias por presunto peculado, de las cuales han salido victoriosos en dos amparos-relacionacionadas con las carpetas de investigación 227 y 229.

Por el caso que se lleva en la carpeta de investigación 253, un juez le concedió el arresto domiciliario, se ha ganado el tercer amparo, y está en revisión; consideramos salir victoriosos, por las pruebas aportadas.

Cada una de las denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción no han tenido fundamento, incluso el caso VIP SAESA el cual fue descartado, subrayó.

En caso que alguna de las denuncias procediera, Góngora Escalante podría estar libre en un año, dijo.

En el peor de los casos, de proceder alguna de las tres carpetas restantes y que se lleve a juicio a Góngora Escalante, podría salir libre a mas tardar en un año, dijo Torres Fritz.

(Tomado de Noticaribe)

Alcoholímetro cambiará de estrategia: Mara Lezama

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Cancún.- El alcoholímetro tiene como objetivo prevenir accidentes, de ahí que se le dará un nuevo giro para que no sea negocio de nadie, expresó la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, quien descartó cualquier conflicto con los que ahora administran este programa.
Entrevistada poco después del nombramiento de Jesús Ángel Salas Cruz como nuevo director de Tránsito municipal, la alcaldesa dijo que se realizan los cambios necesarios para que se cumpla con el objetivo de que los ciudadanos puedan llegar sanos y salvos a sus casas, donde existan visores ciudadanos.
Respeto al regreso de Salas Cruz como responsable de Tránsito, la presidente informó que es una persona que tiene bien claro el esquema “de combate a la corrupción que es un trabajo que se quiere hacer, que conoce Cancún, que es de Cancún y que creo que hará un buen papel”.
Pidió a la ciudadanía que no fomente ni caiga en la corrupción, pues no debe de dar “mordidas” como tampoco el oficial debe de extorsionar, pues si se comete una infracción, el conductor debe pagar su multa, como debe de ser, porque solo así dejará de ser negocios de unos cuantos.
“Ojalá que a nadie tenga que detener el alcoholímetro, porque no deben de manejar con estado inconveniente. Se impone una multa cuando vas sin cinturón de seguridad, porque tú peligras, no el oficial; el que va sentado sin cinturón es el que peligra. En el tema del alcoholímetro es muy sencillo, cada quien decide lo que hace, pero les pedimos que no manejen alcoholizados”.
Hizo conciencia de las historias de desgracias que provoca el manejar alcoholizado, pues no solo se pierde la vida de quien conduce, sino que afecta a terceros, o quedan inválidos o con secuelas demasiado marcadas.
De ahí que el alcoholímetro cambiará de estrategia, porque ya no se puede permitir que se convierta en fomentar la corrupción.

La corrupción del Ayuntamiento de Bacalar

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NO HAY INVASIÓN DE ÁREA NACIONAL PROTEGIDA SINO CORRUPCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE BACALAR EN DISPUTA DE PREDIOS

BACALAR.- Luego de que en febrero pasado el propietario de un Área Nacional Protegida solicitará el auxilio de la fuerza policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a quienes acusó de ser paramilitares, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU) dio a conocer los planos en los cuales se demuestra la equivocación o corrupción del ayuntamiento del Pueblo Mágico.
Cómo se recordará todo se originó por la disputa de tierras nacionales entre dos particulares Gustavo Rodríguez Elizarrarás y Juan Osvaldo Morales Correa por 170.4 hectáreas inició en la década de los 90´S y que se ubican a un costado del ejido Buenavista y cuya superficie se volvió un botín político y económico por colindar con la carretera federal y la Laguna de Bacalar, ahora que el Tren Maya pasará por la vía Chetumal-Cancún.
Esta disputa derivó de un extraño apoyo hacia Gustavo Rodríguez Elizarrarás, quien agarró parte de estas 170.4 hectáreas –aproximadamente 69.9 h- para titular a su nombre y después reclamó una invasión que terminó con un desalojo a cargo de la policía municipal del ayuntamiento de Bacalar, sin que mediara orden de juez alguno.
El tercer interesado, Samuel Huicab quien compra las tierras a Juan Osvaldo Morales Correa, es el afectado al ser desalojado por la policía municipal de toda la superficie de 170.4 hectáreas y no de las 69.9 hectáreas que ocupa un Área Nacional Protegida titulada a nombre de Gustavo Rodríguez Elizarrarás y no tiene colindancia ni a la Laguna de Bacalar ni a la Carretera Federal, por encontrarse el polígono dentro de las tierras propiedad de Samuel Huicab.
La corrupción de parte de autoridades del Ayuntamiento de Bacalar es eminente, ya que hicieron planos a modo para favorecer a Gustavo Rodríguez Elizarrarás en este conflicto, el cual parece llegar a su fin, al rectificar las medidas de los predios por parte de la SEDATU y en los cuales se establece la “injustica” cometida por parte de quienes con el uso de la fuerza pública desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab.
Un dato curioso es que precisamente el predio denominado 5 Hermanos no tiene títulos otorgados por el gobierno federal, sino escrituras avaladas por el Ayuntamiento de Bacalar y registradas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por sus diferentes fracciones que han sido vendidas, pero que ante la SEDATU no aparecen como tal, de acuerdo a los documentos en poder de este medio de comunicación.
Entrevistado al respecto Samuel Huicab dijo que todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo del predio conocido como Rancho Monte Águila, que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.
La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 del Rancho 5 Hermanos, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011 supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.
La propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.
Según el Ayuntamiento de Bacalar en Oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredy Marrufo Martín, existe un traslape, es decir las 174 hectáreas del terreno denominado Monte Águila están técnicamente montadas en solo 50 hectáreas de la fracción 3 de 5 Hermanos y propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de fecha 23 de enero de 2009 según escritura número 2955 y folio 99184.
Razón por la cual resulta extraño que el Ayuntamiento de Bacalar siga resguardando con la fuerza pública dicho predio, aun sabiendo que la supuesta orden jurídica proveniente de la Fiscalía General y no de un juez competente, es solo sobre la superficie de 69.9 hectáreas del Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” y no sobre todo el polígono que pertenece a Samuel Huicab y Celso Catzin, lo que es calificado como corrupción.
De acuerdo al testimonio de Samuel Huicab, luego de ser desalojado y de retenerle de manera injusta dos vehículos en el corralón municipal por más de 15 días, el asunto legal lo vio en la SEDATU en una solicitud legal para la corrección de medidas de colindancia, lo que derivó en una investigación hecha y la cual le da la razón de la legítima ocupación de al menos 100.4 hectáreas.
Otro dato interesante es que todos los predios aledaños a Monte Águila cuentan con un título ante la SEDATU excepto el predio 5 Hermanos, donde supuestamente en su fracción tercera con 69.9 hectáreas se ubica el Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, esto conforme a los planos oficiales aprobados por la SEDATU.

Habrá cero impunidad y se fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas

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Chetumal.- El Fiscal General del Estado Óscar Montes de Oca Rosales dijo asumir el compromiso de continuar la lucha contra la corrupción, de cero impunidad, el fortalecimiento de la cultura de la denuncia y a trabajar con pleno respeto a la autonomía del Ejecutivo y del Legislativo del Estado.

Ante representantes de Medios de información, agradeció la oportunidad otorgada por la XV Legislatura para servir a Quintana Roo y a sus familias y con su experiencia, añadió que contribuirá a vigorizar la procuración de justicia en beneficio de la sociedad quintanarroense.

 

Dijo que la prioridad es realizar acciones contundentes contra la corrupción y aseguró que su gestión será de apertura y no tolerará actos fuera de la legalidad por parte de ningún funcionario de la institución.

Advirtió que la impunidad que existió no deberá presentarse nunca más, en ese sentido hizo un llamado a los servidores públicos a seguir fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Cada una de las acciones aseguró estarán en el marco de la Ley en beneficio de la paz y tranquilidad social de los quintanarroenses porqué el objetivo es avanzar con estrategias que promuevan la justicia y disminuyan la impunidad y se continuará el fortalecimiento de la participación ciudadana.

 

 

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