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• Durante el primer semestre del año, ARTICLE 19 documentó 249 agresiones contra periodistas.
• 2019 ya rebasó el año anterior en número de periodistas asesinados, con 10.
• Quintana Roo, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los estados con más agresiones.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019.- En México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas. Y desde el inicio del gobierno federal en turno, se han registrado 277 agresiones.

El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado; en lo que va de 2019, se han registrado 10, superando la cifra total de 2018, cuando se registraron 9. Además, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 11. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México.

Para tener una perspectiva del riesgo que viven las y los periodistas es importante considerar los registros de años anteriores. La cifra de este año aún no supera la de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es la misma que la de 2006, 2008 y 2010.

Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México, con 25; Guerrero, con 22; Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. Es importante mencionar que los últimos cuatro estados, desde 2013, se mantienen como los más violentos.

Resulta preocupante el aumento de agresiones en Quintana Roo, que pasó de 12 a 26 agresiones, en el mismo periodo, de un año a otro. Cabe destacar que en este estado se registraron 2 asesinatos de periodistas.

Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%.

En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico a través de manifestaciones indirectas de oposición, desaprobación o agresividad hacia la labor periodística.

Con respecto a las amenazas, el 67.16% de éstas (45 casos) tienen el agravante de ser de muerte. En un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de quienes reciben las amenazas, pero el derecho público a recibir información. Respecto a los ataques físicos se contaron en 25 ocasiones de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intentos de asesinato.

El 60% de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron en contra de mujeres periodistas y 18% en contra medios de comunicación.

En el caso de los hombres periodistas las agresiones más frecuentes fueron las amenazas de muerte, con 38 casos. A su vez, en el caso de las mujeres periodistas, las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento. Entre los actos que se documentaron están la toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, la aparición de vehículos oficiales o particulares sospechosos afuera de su domicilio, y llamadas a directivos o jefes en los medios para preguntar por qué las periodistas abordan temas “de cierta manera”.

Diez de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de las periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición o de tratar de hacer escarnio de su imagen física o su vestimenta. A estos casos se les suma 1 caso de violencia sexual, 1 amenaza de violencia sexual y 1 campaña de desprestigio con connotación sexual.

Con respecto a las agresiones en internet, estas representan el 38% del total, con 94. De estas, el 22% se ejercieron contra mujeres periodistas. Esto es de especial preocupación, pues el espacio digital se ha convertido en un complemento a la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones; en ese sentido, el objetivo de los ataques está claramente orientado a callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no ocupen los espacios de discusión pública

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que “la violencia contra las mujeres, y en especial contra las mujeres periodistas, no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la superioridad y subordinación de las mujeres frente a los hombres”.

Respecto a los contextos de las agresiones, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas. Es importante recordar que, en un país que enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las protestas son una forma de participación democrática, principalmente de grupos vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, lo que sucede durante una protesta resulta de interés público y es trabajo de la prensa difundir tal información. Para ello, las autoridades están obligadas a generar condiciones idóneas tanto para el derecho a la protesta como para el libre ejercicio periodístico.

Por otro lado, es importante destacar que mientras durante todo el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, en este semestre se registraron 8, las cuales se dieron principalmente al dar cobertura al conflicto migratorio, el cual es constantemente víctima de discursos de odio, así como la prensa que lo cubre.

En lo que se refiere a los bloqueos, alteración o remoción de contenido fueron registrados en 23 ocasiones. Las agresiones vinculadas al uso ilegítimo del poder público fueron 16 donde destacan 4 casos de hostigamiento judicial por la vía civil, casos donde los y las periodistas afectadas recibieron citatorios para declarar respecto a notas que publicaron y donde se les apercibía respecto a recibir multas en caso de no asistir. La existencia de estos actos que constituyen abusos de autoridad y violaciones al derecho constitucional a la protección de fuentes de información debilita la democracia del país y poner en riesgo a las y los periodistas, principalmente por las malas prácticas de las fiscalías de filtrar información.

Respecto a los perpetradores de violencia contra la prensa, el 42.16%, es decir 105 casos, fueron perpetrados por funcionarios públicos. De éstos, más de la mitad (56.19%) fueron funcionarios municipales El 28.57% con 30 casos, se trató de funcionarios públicos estatales, seguidos por los funcionarios federales con 16 casos, equivalente a más del 15%.

No omitimos señalar la necesidad de que las autoridades propicien un ambiente idóneo para ejercer la libertad de expresión. En ese sentido, ha sido una preocupación constante las declaraciones vertidas por las cabezas del Ejecutivo federal, estatales y municipales, los cuales de manera cada vez más recurrente atacan a la prensa y buscan mermar su credibilidad, cerrando con ello los canales de difusión de información, inhibiendo el debate y poniendo en riesgo a las y los periodistas.

Este año, a diferencia de los anteriores, después de funcionarios públicos, en 64 casos (25.70%) se registró una falta de elementos suficientes para señalar un responsable, lo cual tiene que ver principalmente con el aumento de agresiones digitales las cuales vuelven complicado identificar al agresor, así como a causa del ambiente polarizado en el país. El resto de las agresiones fueron perpetradas por particulares con 47 agresiones, equivalente al 18.87% del total de agresiones. Seguida de aquellas protagonizadas por algún grupo del crimen organizado con 27 casos, lo que representan el 10.8% del total de agresiones.  Finalmente 47 agresiones fueron realizadas por particulares y 6 por militantes de partidos políticos.

ARTICLE 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa 126 agresiones hacia quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio. Es decir, la violencia contra la prensa se ejerce con el fin de silenciar y censurar las voces que podrían afectar intereses políticos, económicos y redes de delincuencia en las q incluso pueden estar involucradas autoridades por lo que dicha violencia se alimenta de la impunidad que existe en México.

A casi un año del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia ejercida contra periodistas. La consolidación democrática del país pasa por garantizar la libertad de expresión y una acción decidida por parte del Estado para brindar las condiciones idóneas para el ejercicio de tal derecho.