AGENCIA SIM

Chetumal.- En las últimas 24 horas, 23 personas han fallecido a causa del COVID-19 y otras 93 han sido confirmadas como contagiadas de esta enfermedad, en Quintana Roo, última cifra que incluye al propio gobernador, Carlos Joaquín González, quien hoy dio a conocer que ha dado positivo a este virus.
De acuerdo al último corte informativo de la Secretaría estatal de Salud, hasta la fecha de hoy, los casos acumulados de COVID-19 en la entidad son 5 mil 626, de los cuales 765 son pacientes que han fallecido, 348 están hospitalizados, mil 871 están en aislamiento social y dos mil 642 ya se han recuperado.
La letalidad del virus en el estado es de un 13.6%, con una amplia variación entre los municipios, pues en Benito Juárez, la tasa de defunción es de 19.6%, mientras en Othón P. Blanco es de 4.3%.
De hecho, de las 23 defunciones de hoy, 21 son de Cancún (que así llega a las 573 decesos), una es de Felipe Carrillo Puerto (13 víctimas en total), y una es de Tulum (ahora con seis fallecidos).
Actualmente, hay 2 mil 219 personas en la entidad con diagnóstico de COVID-19 y que no se han recuperado o fallecido. De ellos, 980 están en Othón P. Blanco (44% del total), 565 en Benito Juárez (25.5% del total), 372 en Solidaridad (16.8% del total), 74 en Tulum, 64 en Cozumel, 52 en Lázaro Cárdenas, 38 en Felipe Carrillo Puerto, 34 en Bacalar, 26 en Isla Mujeres, nueve en José María Morelos y cinco en Puerto Morelos.
Los casos en estudio ya superan los 900, pues desde hace varios días la cantidad de diagnósticos que entregan en un día es inferior al número de nuevos contagios sospechosos que se suman.
Hoy, se diagnosticaron 135 pacientes en esta lista de casos sospechosos, pero surgieron 284 casos sospechosos nuevos. Por ello, ahora se tiene 927 casos en estudio, cuando ayer esta cifra era 778 y antier era de 674.

Chetumal.- (Estos días) Benjamín Pacheco falleció tan sólo ocho horas después de haber salido de la Clínica Carranza, en la capital del Estado, debido a una supuesta negligencia médica.

De acuerdo con la información oficial y de los familiares, el pasado 4 de julio Benjamín Pacheco, de oficio albañil, ingresó a la Clínica Carranza el pasado 4 de julio por una consulta de urgencia. Sin embargo, fue ingresado por síntomas de un coma diabético.

El personal médico de la clínica privada sospechó que se podría tratar de Covid19, así decidió realizarle una prueba rápida. Y aunque a su familia nunca le entregaron los resultados de la prueba, sí la incluyeron en la factura de sus gastos médicos, los cuales ascendían a 36 mil pesos.

Como sus familiares no contaban con dinero en ese momento para pagar los servicios, el personal médico se negó a suministrarle algún medicamento entre el sábado y el domingo. No fue sino hasta el lunes, cuando se logró dar una parte, que comenzaron a suministrarle el insumo que la familia había adquirido con un valor de 10 mil pesos.

Sin embargo, para ese entonces la cuenta había ascendido a la cantidad de 150 mil pesos por los días de estancia.

“Intentamos varias veces en pasar a Pacheco al Hospital General, pero nos dijeron que ya no tenían espacio para atender a más pacientes. El lunes 6 de julio, en la dirección de la Clínica Carranza nos quisieron obligar a firmar un documento en blanco para que pudieran seguir atendiendo a mi marido. Supuestamente era un acuerdo para pagar todo en mensualidades de mil 300, pero luego nos quisieron cobrar en pagos quincenales, y no nos quieren desglosar la factura hasta ahora”, dice la viuda.

Benjamín fue dado de alta de la Clínica Carranza el miércoles 8 de julio y por fin fue trasladado al hospital INSABI (una vez que hubo espacio) a las 11:00 horas, pero para ese entonces los médicos ya no pudieron hacer nada, pues había llegado en una situación crítica. Falleció a las 19 horas.

Su certificado de defunción señaló insuficiencia respiratoria aguda, neumonía, posible SARS-CoV-2, además de que se diagnosticó que padecía diabetes tipo II.

Hasta este 15 de julio, la empresa de la Clínica Carranza continúa amenazando a la viuda de Benjamín y sus dos hijos para que pague el adeudo de 138 mil pesos pendientes, o de lo contrario iniciarían una demanda en su contra que podría llevarlos a la cárcel.

• Necesaria una política de Estado para contrarrestar el desempleo y cierre de negocios en México.

• Durante la pandemia se han perdido 12 millones de empleos, formales e informales.

Chetumal, Quintana Roo.- Ante el próximo periodo ordinario de sesiones que se celebrará en el Congreso de la Unión, la senadora Mayuli Martínez Simón, considero urgente contemplar la aprobación de la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, instrumento legislativo que permitirá establecer una política de Estado para contrarrestar la pérdida de 12 millones de empleos formales e informales, así como el cierre de miles de negocios en México.

“La pandemia ha generado un efecto negativo en la economía y esto se refleja en la pérdida de 12 millones de empleos formales e informales en todo el país y el cierre de miles de negocios, este es un problema grave que debemos solucionar con un marco legal que permita a las y los trabajadores, obtener del gobierno federal un ingreso mensual de 3 mil 207 pesos ante a pérdida de su empleo” señaló la senadora Mayuli Martínez Simón.

La legisladora Martínez Simón refirió que México necesita hoy más que nunca de la voluntad y altura de miras en sus legisladores para construir acuerdos a favor de las familias mexicanas, por ello instó a la bancada de Morena como también en su momento lo hizo en tribuna con el senador Ricardo Monreal, para que acepten incluir como temas del nuevo periodo extraordinario la referida Ley y la reforma constitucional en favor del turismo.

“Con claridad y honestidad de intención, le reitero al senador Ricardo Monreal, que le tomo la palabra y vea en mi a una aliada para trabajar y en su caso aprobar, el ingreso básico universal, discutir la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, y llevar al turismo como actividad prioritaria a la Constitución, ya que es el sector más golpeado en esta crisis sanitaria”.

Finalmente, la senadora confía en que los senadores de Morena observen la grave situación económica que está atravesando México y, en consecuencia, decidan apoyar a los millones de mexicanos y mexicanas que han perdido su empleo o que han sido orillados a cerrar sus pequeños negocios.

“Es momento de apoyar a México y desde el Senado lo podemos hacer aprobando la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, es urgente incluir este punto en el próximo periodo extraordinario de sesiones que se celebrará en los próximos días, de lo contrario, seguiremos viendo despidos y cierres de empresas” concluyó.

• 85 servidoras y servidores públicos del Poder Judicial concluyen satisfactoriamente este posgrado.

• Con acciones de capacitación y formación profesional continua, el Poder Judicial consolida la calidad en la administración e impartición de justicia, en beneficio de las y los quintanarroenses.

Chetumal, 13 de julio.- En acto protocolario celebrado por videoconferencia en tiempo real, el Magistrado Presidente José Antonio León Ruiz encabezó la clausura de los estudios de la primera generación de la Maestría en Derecho Judicial del Poder Judicial, conformada por 85 egresados.

La Maestría en Derecho Judicial inserta a la Institución en el naciente ámbito de Poderes Judiciales estatales que cuentan con programas de posgrado propios, para el fortalecimiento y la profesionalización de la función jurisdiccional.

Este posgrado contó con la participación de las y los Magistrados, Consejeros, Jueces, personal judicial de Primera y Segunda Instancia, así como personal administrativo, distribuidos en dos grupos, en las ciudades de Chetumal y Cancún.

Para la implementación de la Maestría, el 15 de febrero de 2019, el Magistrado Presidente firmó un convenio con la Secretaría de Educación de Quintana Roo para poder ofrecer servicios educativos de nivel superior y de posgrado al personal de la Institución, con reconocimiento de validez oficial, a través de la Escuela Judicial.

Los 15 módulos que conforman el plan de estudios, fueron impartidos por reconocidos juristas de diversos Estados de la República, inicialmente de manera presencial, fuera del horario de oficina.

Sin embargo, en razón de la pandemia del virus SARS-CoV-2, la Maestría continuó mediante videoconferencias en tiempo real, refrendando el compromiso de la Institución y los participantes del posgrado para contar con mejores profesionistas, que hagan de una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad, una realidad en el Estado.