Chetumal.- Fueron cerca de mil carpetas de investigación las que conformó en su momento la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) contra ex servidores del gobierno de Roberto Borge; sin embargo, la gran mayoría de éstas prescribirán sin que hayan resultado en algo más que papeleo, pues está por cumplirse el plazo de tres años para responsabilidad patrimonial. Únicamente 50 fueron judicializadas a tiempo.
“En el primer año, 200 expedientes; en el segundo, 250 o más; para el tercero fueron 500 o un poco más; hoy se trae un poco más a detalle la información, y eso tienen que ver con algunas investigaciones derivados de procesos de auditoría, otras de hallazgos, algunas otras derivadas de denuncias ex profeso, que ya no se refieren solo a ex servidores, sino que ya tienen que ver con los actuales servidores públicos” señaló en entrevista Rafael Del Pozo Dergal, titular de Secoes.
El funcionario se deslindó de la prescripción de más del 90% de las causas que llevaban, pues alegó que ellos solo eran la parte denunciante y la labor era de las fiscalías, estatal o federal.
“En las investigaciones de materia penal, actuamos como denunciantes; no somos ni quien tramita el expediente ni la que impulsa el procedimiento o quien resuelve la denuncia; para eso están la Fiscalía Anticorrupción, la General del Estado y General de la República; no tengo elementos ni debo ventilar públicamente avances, porque corresponde a la investigación ministerial”, detalló.
Explica cuándo prescriben las carpetas administrativas y cuándo las de responsabilidad patrimonial.
“En el caso de expedientes penales, las prescripciones son más amplias, dependiendo del tipo de delito se hace el cálculo; en la parte de investigación administrativa ahí sí; las reglas con las que se recibió la administración en 2016 establecían que la prescripción administrativa era de un año y cuando implicaba responsabilidad patrimonial es de tres, entonces estamos concluyendo el tercer año, con lo cual tendríamos que estar terminando de cerrar los casos”

48 FUNCIONARIOS INHABILITADOS
Aunque aclara que algunas prescripciones fueron interrumpidas por el inicio de la judicialización de expedientes. Lo que siempre tuvieron claro, asegura, es que no iban a “distraer el aparato administrativo” si no iban a poder fincar responsabilidades.
“No íbamos a perseguir fantasmas”, defendió.
“En total hablamos de casi mil, 900 y fracción. No tengo el dato de prescritas, pero teníamos una gran cantidad, tanto de auditorías federales, tanto en Función Pública como en Auditoría Superior, eso se llama promociones de responsabilidad de servidores públicos derivados de auditorias federales y como no se atendieron, había observaciones que datan de 2008”, informó.
Dijo que al llegar notaron que había progresos que databan de 2002 o 2003, y ante eso tuvieron que hacer una depuración, pues había expedientes ya prescritos que seguían en bases de datos y archivos.
Concluyó reafirmando que fueron 48 los funcionarios inhabilitados y 50 carpetas las judicializadas de las casi mil que conformaron durante estos tres años de la administración estatal. Y algunos procesos, dijo le competen a la Federación, pues eran de recursos de ese orden.