ACTUALIDAD- Pagina 66

Operativo policiaco deja decomiso de drogas y detenidos

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BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, OTHÓN P. BLANCO*

 

La Fiscalía General del estado informa que este fin de semana, se realizaron operaciones de revisión en vía pública y bares para la prevención del delito, disuasión y seguridad en diversos puntos de los municipios Benito Juárez, Solidaridad y en Othón P. Blanco, en los que participaron de manera coordinada la Policía Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Naval, Policía Estatal, Policía Municipal, Grupo Canino y Policía Federal.

De lo anterior se desprende el siguiente resultado:

Cuatro personas detenidas. (2 en Solidaridad); el decomiso de 55 dosis de yerba seca al parecer mariguana (51 en Solidaridad); ocho dosis de polvo blanco al parecer cocaína y cinco bolsitas que contenían lo que pudiera ser cocaína en piedra y un vehículo.

Además fue detenido José “N” por contar con orden de aprehensión vigente del fuero federal, se verificó en Plataforma México, por lo que fue trasladado a la Policía federal.

Erich Werner, Carlos Narvaez, Ulises Martín y Román Trejo, los carroñeros que usan la muerte de Ñaca Ñaca para su guerra sucia; contratados por Laura Beristain difaman a mujeres candidatas

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Colaboradores de Beristain difaman a director de Quintana Roo HOY

Conocidos del extinto periodista Francisco Romero “Ñaca Ñaca”, dicen que autores de la clonación de la página de Ocurrió Aquí, están ligados a los asesinos del comunicador y buscan distraer la atención de sus actos turbulentos, además de manchar la imagen de Francisco Romero.

Asimismo, han decidido aclarar información que se está divulgando.

Como que el fiscal en ningún momento mencionó a Amir Ibrahim director del diario Quintana Roo HOY, como la última persona que tuvo comunicación con Francisco Romero, afirmando que esto es totalmente falso, que lo que están buscando es separar a los que se desempeñan en esa página.

Al contrario de lo que dicen fue el Lic. Amir Ibrahim quien ayudó a Romero pertenecer al mecanismo de protección a periodistas, estando siempre al pendiente de su desarrollo como vicepresidente de la Asociación de Periodistas Desplazados; incluso le permitió trabajar en este medio que tan acertadamente dirige.

Lo que pretenden con esta campaña de difamación es proseguir y cumplir con las amenazas, que han realizado contra cada uno del equipo y nuestros familiares.

Por lo que decidieron hacerle una solicitud a sus seguidores por diferentes medios lo siguiente: «PEDIMOS: A los seguidores de este medio y amigos de “Ñaca Ñaca” que no sigan consumiendo los mensajes dañinos y manipulatorios que contiene la otra página que clonaron con este nombre, ya se hizo una denuncia ante la PGR y la policía cibernética y pronto dará con los responsables. Asimismo suplicamos a todos, principalmente a políticos y candidatos a diputado del distrito 9 y 10 que dejen de utilizar este asesinato para golpeteo político en contra de sus adversarios.
¡Ya basta!

ACONTECIMIENTOS

El comunicador de notas policiacas Francisco Romero, “Ñaca Ñaca” fue secuestrado, golpeado y amenazado por policías municipales del Ayuntamiento de Solidaridad y gente bajo el mando de Laura Beristain, presidenta municipal de Solidaridad.

Hecho que fue denunciado por el fallecido en diferentes ocasiones en la página del periódico virtual Ocurrió Aquí, nota que fue retirada de Facebook, ahí el periodista culpaba directamente a la Laura Beristain de lo que le pudiera suceder a su persona o familia.

Denuncia

Todo estos actos han sido orquestado por operadores de Laura Beristain e incluso por personas que tengan conexión con el Sindicato Lázaro Cárdenas del Río y con presuntos nexos con el crimen organizado.

Todo ha sido manejado a manera que seamos blanco del crimen organizado atraves de este tipo de publicaciones por perfiles falsos en las redes sociales.

Por lo que consideramos que éstos hechos llevaron a que asesinaran a nuestro compañero, quien era incesantemente amenazado por Facebook, medio por el cual están dañando la imagen de muchos de nosotros.

También dieron a conocer algunos nombres de los posibles autores del periodista Francisco Romero, los cuales son:

Erich Werner, quien es director de La Nueva Revolución, propiedad de Carlos Mimenza. Además, fue el encargado de manejar las redes sociales del Ayuntamiento de Solidaridad y la comunicación social del InterPlaya, mismo que el diario La Verdad expuso que fue usada para la desviación de recursos del erario público.

Por lo que pedimos a la SECOR inicie las investigaciones correspondientes, además de que sigue coordinando la campaña de Juan Carlos Beristain. El se ha encargado de desprestigiar a muchos periodistas, empresarios, políticos, activistas sociales, von ayuda de Laura Beristain y Carlos Mimenza pagado con el erario público Municipal. Operadores del ex gobernador Felix González Canto.

También, Ulises Martín conocido borgista y salinista quien maneja los bots para alterar la información de redes sociales. Da servicios en 40 pasquines cibernéticos en donde se dedica a difamar, crear guerras sucias, calumnias y fake news contra otros comunicadores, activistas empresarios y grupos Políticos antagónicos a su jefes, los Beristain.

Carlos Narváez es otro de los posibles inmiscuidos en el asesinato del periodista, y el esta cargo de la estrategia de comunicación política de Laura Beristain, también hace uso de los bots para acceder a conversaciones y desvirtuar la información. Ha sido denunciado ante la PGR por otros periodistas afectados. El esta a cargo de “distraer” a periodistas y es considerado el «sicario de la información» y es achichincle de Beristain.

Román Trejo es encargado de falsificar las portadas de medios impresos por mandato de Erich Werner, y fue el autor de redactar el comunicado en el cual difaman a nuestro director de Ocurrió Aquí, como las supuestas declaraciones de funcionarios y autoridades judiciales, al igual que con este tipo de actos pone a peligro la humanidad de las personas a las que difama.

(Tomado de Ocurrió Aquí )

Quintana Roo mejores playas que Canadá

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Apesar del problema que Quintana Roo ha estado enfrentando con la llegada del sargazo a sus playas, estas siguen dándole renombre a nivel mundial al Estado.

Joaquín Díaz Ríos, director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés), subraya que Mexico tiene el primer lugar en tener sitios Blue Flag a nivel América.

Este distintivo internacional es entregado a aquellos destinos turísticos que cumplen con la «excelencia» en la gestión y manejo ambiental, seguridad y servicios, aplicación de actividades de educación ambiental y calidad de agua.

Blue Flag pertenece a programas desarrollados por la Foundation for Environmental Education (FEE), y tienen su matriz en Dinamarca que opera desde 1981, a través de una red de organizaciones nacionales sin fines de lucro que se extienden por más de 73 países.

Están respaldados y validados por la Organización Mundial de Turismo (UNWTO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Concilio de Asociaciones de la Industria Marina (ICOMIA), la Federación Internacional de Salvavidas.

La República Mexicana cuenta Con 55 reconocimientos y de estos siete son de Quintana Roo, desbancando a Canadá como el país del continente con más playas con insiginias de Blue Flag.

Joaquín Díaz Ríos expresó durante la firma de documentos de compromiso entre la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) con la FEE para implementar programas como Green Key, con hoteles; Blue Flag, para playas, y Eco-Schools, que la organización no gubernamental trabaja para sensibilizar sobre el impacto de la actividad humana.

Subrayando: «Para que cada uno tomemos la responsabilidad personal y generar acciones que puedan mitigar el cambio negativo, el impacto negativo que estamos logrando a nivel internacional con nuestras actividades. Los programas que manejamos en México son cuatro principalmente: Aprendiendo de los bosques; Eco-Schools, Green Key, y Blue flag, que es el más conocido».

La organización pretende lograr desarrollos sustentables atraves de la educación, porque consideran que es a través de ésta que será posible frenar el deterioro ambiental; también dijo que se han alzado la bandera azul en 4,600 playas de 76 países.

México aspira a contar con este reconocimiento en todas sus playas, por ejemplo, España, cuenta con más de 400.

El director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), dijo que viajará la próxima semana a Colombia para dar asesoría sobre la técnica utilizada en México y también logren ser reconocidos.

En reconocimientos Green Key en cuanto a hoteles contamos con 170 centros de hospedaje reconocidos y tenemos el sexto lugar mundial, esto se logró en tan sólo 3 años.

Actualmente la FEE se encuentra colaborando con 37 escuelas y para el 2020 se integren más en cualquiera de los programas que tienen.

Asimismo comentó que: «En Quintana Roo son siete playas Blue Flag en Cancún, una en Isla Mujeres; cuatro en Playa del Carmen y Bacalar. De Eco-School trabajamos para ver quienes lo logran, estamos trabajando con dos de Cancún, dos de Isla Mujeres, también en Playa del Carmen trabajamos y en Puerto Morelos, dos en cada municipio y tres hoteles con el Green Key».

Con la llegada del sargazo han considerado bajar la bandera azul temporalmente, ya que es notorio la contaminación que a ocasionado el alga marina a sus aguas, aunque no rebasa los parámetros establecidos por la NOM (Norma Oficial Mexicana).

(Tomado de Infaboe)

Mineras y Embajada de Canadá en México, relacionadas al asesinato de activistas

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Por J. JESÚS LEMUS

Por esta nota, que habla de la letalidad de las mineras canadienses en México y su asociación con algunos asesinatos de activistas, que a continuación volvemos a reproducir, la empresa canadiense HostPapa, que vendía el servicio de host a Zenzontle400 censuró nuestro sitio web por más de una semana. Nada nos callará ni nos hará retroceder en nuestro apostolado periodístico. Solo esperamos que la FGR atienda puntualmente la denuncia interpuesta contra HostPapa por el atentado cometido contra la libertad de expresión de Zenzontle400.

 

Los familiares del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, el 27 de noviembre del 2009, después de una larga batalla y a casi 10 años del suceso, han hecho escuchar su voz de protestas en Canadá, en donde reclaman justicia al gobierno de ese país por el asesinato de este defensor del territorio.

Los deudos de Mariano Abarca, quien se opuso en vida a la operación de la mina a cielo abierto de oro, antimonio y barita operada por la empresa canadiense Black Fire en el Chicomuselo, lograron que un juez de Canadá atendiera el alegato de responsabilidad en este asesinato, no solo de la minera Black Fire, sino también de la embajada de Canadiense en nuestro país.

Este es un hito en la historia de búsqueda de justicia en los asesinatos de los defensores del territorio mexicano contra las mineras trasnacionales, pues hasta ahora, aun cuando se había evidenciado periodísticamente la participación de empresas mineras canadienses en varios asesinatos a defensores, ninguna instancia oficial había siquiera reconocido esa posibilidad.

La decisión del Juez canadiense de Keith M. Boswell, de escuchar el argumento de los familiares de Mariano Abarca Roblero, que refieren la responsabilidad de la minera Back Fire en este asesinato, abre la posibilidad de que otros homicidio de defensores de la tierra, que siguen en la impunidad por parte del gobierno mexicano, sean atendidos por los aparatos de justicia de los países de donde proceden las mineras señaladas de las agresiones.

Actualmente en México, de los 170 asesinatos de defensores del territorio que han sido registrados solo entre el 2010 al 2019, se estima –porque así lo refieren las evidencias extraoficiales- que en por lo menos 73 casos existe una participación directa de funcionarios de las empresas principalmente de origen canadiense, chino, norteamericano y argentino.

Sumado al asesinato de Mariano Abarca Roblero, también se encuentran las ejecuciones de otros activistas como Bernardo Vásquez de Puebla; Ramón Corrales Vega de Sinaloa; Jorge Torres y Efraín Moreno de Tabasco, así como el de Jazmín Rosario Azamar de Rosas en Veracruz, en donde se infiere la participación de las empresas mineras contra la que se alzaron en defensa de la tierra y el agua.

Lo más lamentable es que no solo se señala de esos asesinatos, entre otros, a las mineras trasnacionales, sino que también existen evidencias de intervención en dichas ejecuciones de las embajadas de varios países en México, las que intervinieron directamente en la “solución” de los conflictos que enfrentaron sus mineras contra los pobladores opositores, en donde el asesinato de los lideres fue una de las salidas acordadas.

El caso lo evidencia el asesinato de Mariano Abarca Roblero, del que se ha establecido que luego de oponerse a la operación de la minera Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, la representación diplomática de Canadá en México, jugó –igual que en otros casos- un papel activo para posibilitar el fin del conflicto mediante el asesinato del principal líder comunal opositor.

Se sabe que el asesinato de Mariano Abarca, que fue ejecutado por un solitario ejecutor a bordo de una motocicleta, está relacionado con decisiones tomadas por el director general de Black Fire, Artemio Ávila Cervera, y el Gerente de Relaciones Públicas de la misma minera, Luis Antonio Flores Villatoro, quienes habrían recibido el respaldo de la embajada de Canadá en México, para terminar con el plantón que mantenía paralizada la mina contra la que se opuso Mariano Abarca.

De esta situación, obviamente, en el expediente de investigación que inició la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, ni siquiera existe algún indicio que apunte a la apertura de una línea de investigación, en donde también se presume la participación de funcionarios del gobierno federal que cedieron el control a la embajada canadiense para cuidar los intereses económicos de sus empresas en México.

Una Política de Estado

Llama la atención que las acciones de disputa, que mantienen las mineras frente a los pueblos originarios en nuestro, no sólo se llevan a cabo con la participación de funcionarios del gobierno federal, sino que en la mayoría de los casos se cuenta con el apoyo de las embajadas de los países de origen de esos capitales.

El caso más evidente es la participación de la embajada canadiense en México, la que a través de su política “Economic Diplomacy”, se ha dedicado a proteger los intereses económicos de las mineras, siendo gestora de acciones de represión contra los pueblos que defienden su derecho al uso del agua, llegando en muchos casos a la decisión de ejecutar a los opositores.

Existen evidencias documentadas por organizaciones civiles como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y Minning Watch, que revelan la participación de la embajada canadiense en México en acciones agresivas contra los pueblos.

Desde el 2004 hasta el cierre del 2018, la embajada canadiense en México había empujado, ante esferas del gobierno federal mexicano, acciones a favor de las mineras y consecuentemente en contra los pueblos naturales, en al menos 200 puntos geográficos de todo país, donde se han registrado, solo en los últimos cinco año, por lo menos 35 asesinatos de defensores ambientalistas.

La Sierrita, un Caso de Estudio

El caso más evidente de la intervención de la embajada canadiense, en apoyo a una minera con la finalidad de lograr el despojo del territorio y el agua a una comunidad, es el que se registró en la localidad de La Sierrita, en Mapimí, Durango, donde la representación diplomática de Canadá, gestionó ante el gobierno federal mexicano, encabezado entonces por Felipe Calderón, acciones de desalojo violento contra los comuneros que se alzaron contra la minera Excellon Resources.

En el ejido La Sierrita, hacia el año 2004, se asentó la minera Excellon Resource con la promesa inicial de rentar sólo 4 hectáreas para la explotación de “un reducido banco de plata”, pero en menos de dos años la oferta de renta de tierra creció a una superficie de 27 hectáreas. Con un monto de un millón 200 mil pesos se “benefició” a 127 ejidatarios con el pago único de 9 mil 500 pesos, ofreciendo de la mano hacer obras de infraestructura para la comunidad.

Lo que los representantes de la minera Excellon Resource nunca dijeron es que, como parte de la compra de los predios, también tenían el interés de la explotación total e irracional de los mantos freáticos. Los pobladores de La Sierrita ya contaban con sus propios pozos de agua, pese a lo desértico de la zona, los que, excavados a pocos metros de profundidad apenas daban sustento a la vida económica del lugar.

Pero Excellon Resource cavó tan profundo que no solo secó los pozos comunales, sino que se pudo hacer de un verdadero mar de agua encontrado bajo el suelo árido de la región de Mapimí, con el que no sólo atendió sus necesidades de lavado de minerales, sino que encontró un negocio: comenzó a extraer y a vender agua a los terratenientes de la zona, incluida la empresa lechera Lala. La explotación del agua fue a razón de una extracción de mil 370 litros por segundo, cuando los habitantes de La Sierrita apenas si subsistían con un suministro de agua estimado en 300 litros de agua por segundo.

Al secarse los pozos comunales que abastecían a la población local, el reclamo llegó: exigieron al gobierno federal el cese de la concesión de explotación de los mantos acuíferos otorgados a favor de Excellon Resource, pero su reclamo no encontró eco. Por eso los ejidatarios despojados de sus tierras se plantaron en los accesos a la mina La Platosa, sin imaginar la violenta reacción del gobierno federal mexicano, el que fue instigado a la represión por parte de la embajada canadiense en nuestro país.

Antes de la violeta represión sufrida por los 127 ejidatarios que se apostaron en un campamento a las afueras de las mina La Platosa, la embajada canadiense maniobró una serie de acciones, en coordinación con el gobierno federal mexicano y con el propio gobierno el estado de Durango, a efecto de terminar con la protesta de los ejidatarios, que exigieron el cese de la explotación de los mantos freáticos, luego de reconocer que el pueblo completo de La Sierrita se estaba “muriendo de sed, por culpa de la minera”.

Violencia desde la Embajada

Días previos al desalojo del plantón, cuando intervino el ejército, la policía federal y la policía ministerial de Durango, la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, mantuvo comunicación directa, a través del delegado comercial de la embajada, Wayne Robson, con el propio presidente Felipe Calderón, el gobernador de Durango, Jorge Herrera, con el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, y con el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari.

La embajadora les solicitó apoyo a fin de proteger los intereses amenazados de la minera; el cuerpo diplomático de Canadá en México pidió expresamente, el uso de la fuerza para apagar el movimiento. La embajada canadiense garantizó a la empresa Excellon Resource todo el respaldo de la representación diplomática, poniendo a su disposición los “vínculos institucionales” necesarios a fin de salvaguardar sus intereses económicos.

La intervención de la embajada de Canadá en México, a favor de Excellon Resource, fue más allá que la puesta a su disposición de los “vínculos institucionales”, también maniobró una serie de reuniones entre el director de Excellon Resource en México, Brendan Cahill, con funcionarios federales de alto nivel, a fin de plantear la “necesidad urgente” de sofocar el movimiento social que mantuvo paralizadas las actividades de la mina por casi cuatro meses.

De igual forma, la embajadora de Canadá en México dispuso una serie de acciones para realizar espionaje político en contra de los ejidatarios, a fin de recabar información que pudiera ser útil para el cometido de la empresa.

Las gestiones de la embajada ante el gobierno federal, las que terminaron por desalojar violetamente la manifestación de los ejidatarios, fue ejecutada por el gerente de la mina La Platosa, el canadiense Rob Moore, al que por instrucción presidencial se le cedió el mando de las fuerzas federales, del ejército y de la policía de Durango. También se dispuso de un grupo de golpeadores traídos de las minas de Zacatecas, las que son operadas por la misma empresa, haciendo que el movimiento fuera disuelto y reconocido como un acto ilegal de los ejidatarios.

Otra de la Embajada de Canadá

Los directivos de la también minera canadiense Pan American Silver Corp., sin siquiera sentarse al diálogo con los habitantes quejosos de La Colorada en Zacatecas, denunciaron ante las autoridades de la Secretaría de Economía del gobierno federal, y ante las propias del estado de Zacatecas, que los pobladores intentaban frenar las actividades económicas de la minera.

 Argumentaron que su inversión se ponía en riesgo, además de establecer que las quejas de los vecinos eran “un peligro para sus intereses”, por lo que solicitaron en forma inmediata la reubicación de 47 familias que afectaban su actividad productiva. Esta información fue emitida también a la embajada de Canadá, desde donde se gestionó ante el gobierno federal el envío de fuerzas federales para la protección del perímetro de la mina.

Fue así que la madrugada del 13 de enero, a los vecinos de La Colorada, los despertó el ruido de maquinaria pesada y los gritos de hombres armados, que se identificaron como “guardias privados de la empresa”, los que comenzaron a golpear en las puertas de las viviendas, para que todos los lugareños salieran a la calle.

Con las armas de por medio, los guardias de Pan American Silver Corp., comenzaron a empujar a los vecinos hacia la salida de la comunidad, mientras la maquinaria pesada destruía las viviendas. En medio del caos, algunos de los habitantes solicitaron vía telefónica el auxilio de la policía municipal de Chalchihuites y de la policía estatal de Zacatecas, los que hicieron presencia en forma inmediata, pero fue para respaldar a los guardias de la minera.

El desalojo de la comunidad La Colorada se hizo en menos de dos horas. Un total de 47 familias, las que se quejaban por los altos índices de contaminación en el agua, fueron desplazadas a un predio ubicado a cinco kilómetros de distancia, en donde la minera ofreció la construcción de viviendas para cada una de las familias trasladadas.

En forma inicial cada una de las familias fue dotada de un predio, con la promesa de iniciar la construcción de una vivienda para cada una de ellas por cuenta de la minera. La construcción de las viviendas dio inicio dos días después. Pero las viviendas que fueron entregadas a cada una de las familias desplazadas fueron construidas con cartón, láminas y el mejor de los casos con tablarroca y madera de desecho. En total fueron 230 los habitantes, incluyendo mujeres y niños, los que fueron desplazados de sus viviendas, por decisión directa de la embajada de Canadá en México.

Candidata de Morena es funcionaria, trabaja en el Gobierno Federal

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Francisco Javier Aguirre Cruz candidato del partido Independiente, evidenció a varios candidatos tramposos durante su participación en el debate organizado por una televisora local.

El candidato ha subido a Facebook una imagen en donde se aprecia que la candidata de Morena Angela del Socorro Carrilo Chulin aparece en el sitio de «nómina transparente» con el cargo de secretaria de Bienestar con un salario de 8,173 pesos quincenales, quedando demostrado que cobra en el gobierno federal y eso está prohibido.

Esto está considerado como un delito y se debe denunciar ante la FEPADE. Una vez más se comprueba que existen candidatos que no están trabajando por el pueblo sino para ellos mismos.

Aguirre Cruz subrayó que en el proyecto Independiente busca el bienestar de los quintanorroense y que no se callarán los actos de corrupción.

Atenea Gómez suma voluntades en Lázaro Cárdenas

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*La candidata de la Coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo reafirmó su compromiso de trabajar en beneficio de los lazarocardenses

LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, 21 de mayo. – , La candidata a diputada del Distrito 1 por la coalición del PAN-PRD-PES, Atenea Gómez Ricalde, recibió el respaldo de los habitantes de las diversas comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas

En recorridos por las calles y comunidades de ese municipio, la abanderada del partido albiazul afirmó “cada día son más los que se suman a mi proyecto por considerarlo honesto y transparente. Caminando por el municipio de Lázaro Cárdenas, los habitantes me han dado su respaldo y voto de confianza”.

La aspirante panista agregó que desde el Congreso del Estado trabajará para dotar de mejores servicios públicos y médicos a los lazarocardenses. “Como diputada trabajaré de manera coordinada con los gobiernos municipal, estatal y federal para que la gente de Lázaro Cárdenas tenga una mejor calidad de vida. No me olvidaré de quienes hoy confían en mí, voy a legislar para apoyar a los artesanos y campesinos de la zona”.

Atenea Gómez recalcó que el desarrollo de Quintana Roo tiene que ser parejo, en cada rincón de la entidad. “No sólo las zonas turísticas deben ser beneficiadas, las comunidades mayas son igual de importantes y no podemos olvidarnos de su gente, por eso durante mi encomienda en el Congreso del Estado seré una mano amiga de todos los quintanarroenses”, puntualizó.

PIE DE FOTO. – Atenea Gómez enfatizó que durante su encomienda en el Congreso del Estado no se olvidara de la gente de la zona maya, que hoy le ofrece su voto de confianza.

Universidad de Ottawa capacita a jueces

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Jueces penales tradicionales así como jueces de oralidad penal en materia civil y en materia mercantil, así como la Directora del Escuela Judicial Betty Aban, asistieron a la capacitación que impartió la Universidad de Ottawa, Canadá, en San Luis Potosí, acompañados por los licenciados Carlos Madrigal, Ernesto Gaburel García, Noemí Zenaida Martínez, Claudia Ramírez, Teresa Isabel López, Concepción Clemente, Víctor Echeverría, Octavio Ascencio, la MD Clara Alicia Loaiza y el Doctor Gualterio Geraldo Díaz.
La inauguración de la capacitación que imparte el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá y la Universidad de Ottawa durante la presente semana, estuvo a cargo del magistrado presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, Juan Paulo Almazán Cué, dirigida jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y de Quintana Roo, sobre “Resoluciones orales basado en competencias y la prueba en el sistema penal acusatorio”.

Autoridades no tomaron en cuenta evidencia contra Laura Beristain, señalan Artículo 19, periodistas y organizaciones

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El director del medio Ocurrió Aquí y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en adelante Mecanismo, Francisco Romero, también apodado el “Naca Ñaca” por quienes le conocían, fue asesinado en la madrugada del 16 de mayo de 2019 en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la documentación de distintas organizaciones de la sociedad civil, desde marzo del presente año Romero había sido víctima de diversas agresiones y violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, amenazas por funcionarios públicos e integrantes de la delincuencia organizada y ataques digitales, el Mecanismo otorgó como medida de protección, un botón de asistencia y dos escoltas, quienes no se encontraban con él al momento del asesinato.

Esto se desarrolla en un contexto en el que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas incrementan en el país. No obstante en el estado de Quintana Roo se ha identificado un patrón alarmante durante 2018 y 2019 en el que las autoridades municipales son las principales agresoras de la prensa, colocándola recientemente como una de las entidades más peligrosas para el gremio.

De los cuatro periodistas que han sido asesinados siendo beneficiarios del Mecanismo desde su creación en 2012, dos de ellos han sido del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Asimismo, en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador tres personas con medidas de protección del Mecanismo han sido asesinadas.

Hasta el momento ni el Mecanismo ni otras instituciones encargadas de prevenir, proteger e investigar, atienden las causas estructurales de la violencia, dejando en evidencia nuevamente que la protección del Mecanismo se enfoca en la seguridad de la persona y no en crear condiciones y entornos seguros para garantizar el ejercicio de sus derechos. Frente a ataques que tienen como objetivo privar la vida a un periodista o persona defensora de derechos humanos, la sola protección física no será ni eficaz ni suficiente, como lo demuestra una vez más, el asesinato de otra persona beneficiaria del Mecanismo.

En ese sentido, Francisco Romero había hecho público un video en el que señaló directamente como responsable de lo que pudiera ocurrirle a la alcaldesa del municipio de Solidaridad, posterior a la privación ilegal de su libertad y las amenazas, sin que las autoridades locales encargadas de investigar e impartir justicia lo hubieran tomado en cuenta. Ello lo dejó en un mayor riesgo ya que como ha quedado en evidencia, la impunidad no es más que un aliciente para seguir agrediendo y violando derechos humanos.

Por ello, cualquier política pública encaminada a proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe vincular y armonizar las obligaciones de prevención, protección, investigación, sanción y reparación del daño.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes:

Expresamos nuestro total repudio y condenamos el asesinato del director del medio Ocurrió Aquí, Francisco Romero.
Solicitamos al Estado que condene enérgicamente la narrativa que difama, criminaliza y revictimiza a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además de propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.
Exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que de manera coordinada con la Fiscalía General del estado de Quintana Roo investiguen de manera diligente e imparcial tomando en cuenta como principal línea de investigación la labor periodística de Francisco Romero. Asimismo a aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una queja de oficio por las posibles violaciones graves a derechos humanos y la probable responsabilidad de funcionarios públicos.
Finalmente exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
Proteger a la familia del periodista y personas que colaboraban con él y que pudieran estar en riesgo.
Iniciar una investigación interna que especifique las falencias del plan de protección de Francisco Romero y la presunta responsabilidad de funcionarios públicos federales, estatales y municipales que no hayan actuado conforme a su deber de protección, conforme a los artículos 65 al 67 de la actual Ley de Protección.
Realizar una evaluación de la situación de la libertad de expresión en Quintana Roo y valorar la posibilidad de implementar un plan de contingencia para prevenir que las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Quintana Roo continúen escalando.
Elaborar una ruta crítica para la construcción de una política pública integral para prevenir. proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Para ello se deben convocar a mesas plurales de trabajo con el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Personas

Alberto Elenes, periodista de Tijuana; Ana Laura Pérez Mendoza, CEAPP; Alejandro Garcia Villasuso; Ángela Torres; Lozano; Alejandro Ceja, periodista; Adelaida Salas Salazar; Alberto Raúl Rivera, periodista; Alfonso Sotomayor García; Arturo Galván Salinas; Alvaro Morales Lopez; Berenice Martínez; Bibi Gutiérrez Olivar Presidenta de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Carmen Olsen RosaritoenlaNoticia; Christyan Adolfo Estrada Castillo \ Unimedios Coahuila; César Orta; Cecilia Vargas Simón; Diana Juárez, periodista de Puebla; Daniel Leon Rivera https://bajaforo.info; Elizabeth Lezama, La Jornada de Oriente; Evelyn Guadalupe León Regalado; Fabiola González Barrera, Red de Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Fernanda Peñaloza Del Valle; Félix Márquez; Francisco Rábago Quezada, Director de Códice Periódico; Flora Isela Chacón, periodista de Chihuahua; Gloria Ruiz Gracia/Periodista; Guadalupe Catzín Sandoval. REDMYH; Germán Ramos González, Asociación de Periodistas de Tecate; Gerardo López adame saltillo Coahuila; Israel Velázquez G. Independiente; Jesús Humberto González Deleija; Jorge Ley / La Jornada Baja California; José Germán Pasos Tzec; Jovana Espinosa, Periodista y Activista; Juan Noé Fernández (Periodista independiente); Leonor Adriana Gómez Barreiro, Sí Contamos (Coahuila); Lourdes Loza Romero; Luis Felipe Navarro Lucas | Director: El Informante Puebla; Lidia Rira Bonilla Delgado; Maria Teresa Marin Gutierrez; Martín Hernández Alcántara; Miguel Ángel León Carmona; Martha Cázares, presidenta de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo; Marisol Córdoba Antena 21 noticias; Marcelino García Contreras; Natividad Ambrocio; Noé Gea Medina .el editor de Tamaulipas; Omar Bello Pineda Asociación de Periodistas Desplazados; Pedro Canché; Raquel Osorio Gallegos Red de Periodistas Con Visión de Género de Tamaulipas; Rely Torres Miranda; Ronny Aguilar Pérez, Director de Paginabierta.mx, medio de comunicación independiente; Ramón Hurtado reportero gráfico Tijuana; René Guadalupe Martínez Bravo; Ricardo Reyes portal Zacatecas web; Rosa Maria Rodriguez Quintanilla (Periodista); Rosalía Orozco Murillo; Sandra Segura Reportera Veracruz; Samantha Páez, periodista de Puebla; Socorro Chablé/ Periodista en Yucatán; Tamara Corro Ortiz; Ubaldo Martinez Valdez; Verónica Carbajal García; Violeta Santiago, periodista veracruzana; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Yadira Llaven, reportera de La Jornada de Oriente.

Organizaciones

Article 19; Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C.; Colectivo #YoSíSoyPeriodista de Baja California; Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato; Comunicación e Información de la Mujer A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Enfoque de igualdad A. C. (S.L.P.); EHECATL Organización para la Integración Familiar A. C.; Info Quórum; Mucei A.C.; Periodistas Desplazados de México A.C.; Propuesta Cívica A.C.; Red Nacional de Periodistas; Red Puebla de Periodistas; Red Veracruzana de Periodistas; Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas en Altamirario; Oasis de San Juan de Dios A.C.; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Voces Irritilas AC (Periodistas de la Laguna de Coahuila y Durango).

Espacio OSC

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio.

Hoy Día Mundial de las Abejas

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Son aprobados los acuerdos de armonización de leyes en materia de inclusión, derechos humanos y movilidad ante el Congreso del Estado de Quintana Roo y la XV Legislatura será la encargada de informar a las Cámaras del H. Congreso de la Unión.

Durante la sesión ordinaria número 29, el Pleno Legislativo autorizó adherir el acuerdo remitido por la LIX Legislatura del Estado de Puebla, en donde se solicita al Congreso de la Unión haga las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo, para cubrir y fortalecer la figura del “trabajo a domicilio”.

Algunos de los acuerdos aceptados por la XV Legislatura, es el que trata sobre las acciones legislativas en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer en la legislación civil tanto sustantiva como adjetiva del Estado, la edad mínima para contraer matrimonio de 18 años.

Asimismo, se habló de la regulación en estacionamientos en los que se piden se establezcan tarifas accesibles, espacios suficientes y adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Al igual, se le comunicó a las Cámaras del H. Congreso de la Unión acerca de las medidas legislativas hechas en materia de inclusión y derechos humanos de las personas con discapacidad, como la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo.

Por lo que, la XV Legislatura avisó que el Congreso de Quintana Roo realizó acciones legislativas para cumplir al principio constitucional de no discriminación por preferencia sexual, así como el emprendimiento a reconocer y legislar el acoso sexual en el ámbito público, para verlo como una manifestación cotidiana de la violencia sexual contra mujeres y niñas.

En la realización de la junta el Pleno resolvió no aprobar el acuerdo en materia de desindexación del salario mínimo y de apoyo a migrantes, por considerar que los temas ya fueron atendidos a través de otras acciones legislativas y/o gubernamentales.

Juan Ortíz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, uso la tribuna para recordar que era el Día Mundial de las Abejas.

EE.UU. hunde a Huawei

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Huawei está viviendo sus peores momentos al prohibir Estados Unidos la venta de sus teléfonos móviles y su equipamiento de red 5G, ninguno de sus productos en este país.

Sino ahora Google también se unió a esta restricción porque, ningún móvil de Huawei tendrá acceso a la Google Play Store ni acceso a las apps de Google en Android, llevando a la compañía a un agujero negro.

Google o Alphabet decieron dar fin a los contratos de negocios que los unía con Huawei, en los que le ofrecía los servicios de hardware y software de manera personal, ahora podrá acceder únicamente a la parte de Android cubierta por licencias de código abierto. Esto quiere decir que Huawei sólo podra tener acceso a Android, que gente normal, como nosotros podemos, como son los desarrolladores de ROMs como Lineage (antiguo Cyanogenmod).

Con esto la telefonía móvil de Huawei perderá inmediatamente las actualizaciones del sistema operativo Android, las cuales se recibían antes que fueran lanzadas al mercado.

Por lo que, la siguiente versión de Android que lleguen a sus móviles (se entiende que Android 10 Q), ocasionará que pierdan el acceso a los Servicios de Google y a las aplicaciones que dependen de ellos, como Gmail o la Google Play Store. Además, las apps que pierda la compañía están por definirse, dado que se encuentra en debate con Google.

Lo que los usuarios de Huawei conservarán será el acceso al código de Android, que es open source, pero no contarán con soporte técnico y todo lo que ofrezca Google, incluyendo soporte técnico o actualizaciones.

EE.UU. envía a la lista negra a Huawei

El Gobierno de Trump incluyó a Huawei a la lista negra de empresas con las que está prohibido comercializar.

Motivo, por lo que Google, al pertenecer a Estados Unidos, decidió dejar de darles servicio.

Asimismo, ya existían rumores de que Huawei estaba siendo presionado para dejar de usar Android, aunque la rotura del acuerdo no incluye a la parte open source del sistema.

Con esto ponen en jaque a Huawei, que ocupa el tercer lugar en fabricación de móviles a nivel mundial con un 8,72% de cuota según IDC, y que en sus terminales usa únicamente Android. Con esto, se verán obligado a crear su propio sistema operativo desde cero, o diseñar una tienda alternativa a la Google Play Store, con sus propias aplicaciones que sustituyan a las de Google, como Gmail, Calendario, etc.

Y así los usuarios podrían instalarlas por su cuenta flasheando las Gapps, como en ROMs el conocido Lineage.

La empresa privada multinacional china de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo (I+D), producción electrónica y marketing de equipamiento de comunicaciones, mejor conocida como Huawei emitió el siguiente comunicado:

«Huawei ha contribuido considerablemente al desarrollo y crecimiento de Android alrededor del mundo. Como parte clave de Android, hemos trabajado conjuntamente con la plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios.

Huawei seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que ya se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en todo el mundo.

Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible, para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios del mundo.

(Tomado de ADSLZone)

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