Tag archive

justicia

Construyamos puentes para una mejor justicia laboral: León Ruiz

in Ciudad de México

Asiste el gobernador del Estado como testigo de honor a la firma de convenio del Poder Judicial de Quintana Roo, con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Ciudad de México, 3 de marzo.- “Para lograr una justicia de calidad, es importante garantizar la mejora continua de sus impartidores, garantes de la Constitución y de la paz social; para la optimización de la justicia, establecer alianzas y generar sinergias, siendo prioritario que el puente que construimos el día de hoy, sea la vía por la cual transite la justicia del mañana, destacó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, en el marco del acuerdo de colaboración con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que se firmó hoy, teniendo como testigo de honor al gobernador del Estado, Carlos Joaquín González.
“Señor Gobernador, el Poder Judicial le expresa su gratitud por la respetuosa coordinación que ha existido para lograr una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad en nuestra Entidad. Muestra de este interés es su presencia, como Testigo de Honor, en la firma de este Convenio de gran relevancia, no solo para el Poder Judicial, sino también, como ya lo he expresado, para toda la entidad y ahora en la implementación de la Justicia Laboral”.
El Magistrado Presidente del Poder Judicial afirmó que el Convenio General de Colaboración, que ambas Instituciones signaron hoy, tiene como objeto establecer las bases de colaboración y apoyo entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial, coordinando acciones de difusión, investigación, vinculación, capacitación y formación, en beneficio, primordialmente, de la comunidad jurídica, los servidores públicos, la clase trabajadora, los empresarios y la sociedad de Quintana Roo”, aseguró.
Recordó que como parte del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, quienes conformamos el Poder Judicial, estamos trabajando de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y Legislativo, para lograr un tránsito efectivo en la implementación de la reforma constitucional en materia de Justicia Laboral.
“Por ejemplificar lo anterior, desde el año dos mil once, Quintana Roo inició con el tránsito de la modernización de la justicia, al implementarse la oralidad en los procedimientos civiles y familiares; y, con posterioridad a esto –en acatamiento a la legislación federal– se implementó la oralidad mercantil y la oralidad penal”, agregó.
Mencionó que actualmente, en coordinación con los Poderes del Estado, el Poder Judicial se encuentra en la fase de consolidación del proceso penal acusatorio y, además, en vísperas de la certificación de la justicia oral mercantil, ya que, en efecto, el derecho laboral, en sus múltiples vertientes, garantiza la vida misma del Estado Mexicano, al armonizar las necesidades de justicia del sector de los trabajadores.
“Los consensos, acciones y programas generados, en el seno de la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral en Quintana Roo, en la que participan activamente los tres Poderes del Estado, serán determinantes para el alcance de tales objetivos y en la materialización de la voluntad del Constituyente. Además, para materializar esto, es necesario que el Órgano Implementador Estatal cuente con la participación y la voluntad de todos los agentes en el ramo laboral, en sus múltiples vertientes”.
León Ruiz, reconoció en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, presidido por su titular, el Doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, a un aliado imprescindible en nuestro proceso de implementación, al ser un órgano jurisdiccional consolidado en el derecho laboral burocrático, concluyó.
Por su parte, el Gobernador del Estado, expuso que este convenio da la pauta de la importancia que es el empleo y los trabajadores, de la justicia en Quintana Roo, que es un estado que crece constantemente, generando año con año muchas fuentes de empleo, de ahí de la oportunidad de brindar una mejor justicia laboral, por lo que la firma de este convenio de colaboración da cuenta de la importancia de trabajar juntos toda vez que los lazos de colaboración más allá, cuyos alcances se concretan en logros directos para el desarrollo del Estado.

Los fríos números: La justicia en tiempos de Carlos Joaquín

in ACTUALIDAD

Especial | Informe FGE || Procuración de Justicia en Quintana Roo, ¿cómo vamos en cifras?

Por Abraham Gorostieta

La violencia y la inseguridad son dos de los temas que más combate el gobierno de Quintana Roo, pues desde 2016, los niveles de asaltos, homicidios y robos se han disparado hasta el 300 por ciento.
El problema es serio y es por ello que el gobierno ha implementado el Mando Único, por ejemplo, que como su nombre lo indica, unifica esfuerzos entre las diferentes policías municipales para en coordinación combatir el crimen. A ello se suma la Guardia Nacional que tiene la tarea primordial de combatir al crimen organizado y sus secuelas.
Parte fundamental de esta lucha es la que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encarga de todos los procesos de investigación y procuración de justicia.
Desde hace un año las riendas de la FGE las lleva el Fiscal Óscar Montes de Oca, un abogado graduado de la UNAM, con tres Maestrías y una especialidad en Juicios Orales por la Escuela Libre de Derecho y Doctorado en Derecho Constitucional y Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
El día de ayer rindió su informe a la Comisión de Justicia del Congreso Local.
Y con ello, arroja muchos datos reveladores para saber como está Quintana Roo en materia de procuración de justicia.

Quintana Roo, ¿cómo vamos en cifras?

Durante el 2019 el Ministerio Público logró la resolución de un total de 12,890 carpetas de investigación, todas ellas iniciadas en el 2019 e incluso en años anteriores.
De éstas se resolvieron 7, 281 por el No Ejercicio de la Acción Penal, esto es, que existe una de las nueve causales de sobreseimiento, es decir, que no se puede continuar con la investigación, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son: el hecho no se cometió, el hecho cometido no es un delito, la inocencia del imputado es clara, el imputado está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación, se extingue la acción penal (se agotó el tiempo), una reforma elimina el delito, el hecho fue discutido en otro proceso penal, o muerte del imputado.
Otras 148 carpetas de investigación se resolvieron por Criterios de Oportunidad, es decir, la Procuraduría decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo.
También 766 por incompetencias, esto es que por falta de aptitud de un órgano jurisdiccional para conocer de una demanda incoativa de un proceso, de una cuestión prejudicial o de una demanda incidental.
Otras 86 carpetas de investigación se resolvieron por acumulaciones, es decir, los culpables de dos o más delitos o faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. También 284 por suspensión condicional que es cuando una institución procesal permite que el proceso penal, aún sin sentencia, sea suspendido, bajo condición de que el procesado sea sujeto a un término de prueba, en el que se le someterá a determinadas reglas de conducta, que cumplidas a cabalidad, extinguen la acción penal.
Y 1,687 por otras causas de extinción de la acción penal.
En un informe detallado, el Fiscal detalla que “por lo que respecta a las carpetas de investigación derivadas a los mecanismos alternativos de solución de controversias se resolvieron un total de 2,131 carpetas por Acuerdo Reparatorio”. Mientras que 312 carpetas judicializadas se resolvieron por procedimiento abreviado y 195 por juicio oral.
Una de las tareas en las que se ha enfatizado la FGE es desarrollar formas y métodos que le permitan agilizar los procesos de procuración de justicia y por lo tanto a ser eficientes para impartir justicia mediante órdenes de aprehensión y las sentencias condenatorias.
Tarea nada sencilla tomando en cuenta los vicios de fiscalías pasadas tanto en el tiempo promedio para denunciar un delito, la efectividad en procuración de justicia y la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público.
En un año, se dictaron 535 órdenes de aprehensión; se vinculó a proceso a 1,447 carpetas de investigación; 1,358 personas fueron imputadas en prisión preventiva como medida cautelar y se determinaron 471 sentencias condenatorias.

Los datos del informe

Los delitos que investigó la FGE en Quintana Roo en 2019 resultaron en un total de 58,487 víctimas u ofendidos, de los cuales 22,046 fueron mujeres, 20,935 hombres y 7,753 personas jurídicas. De estos delitos, la Fiscalía inició 42, 247 carpetas de investigación sin detenidos y 3,649 se iniciaron con detenido en flagrancia; de las cuales 29, 313 se encuentran en trámite en la etapa de investigación; 2, 385 en carpetas que fueron derivadas a mecanismos alternativos de solución de controversias, 2, 165 han sido determinadas con no ejercicio de la acción penal, 7, 930 se encuentran en archivo temporal, 2, 501 se encuentran en otras determinaciones de ley. También se lograron 859 vinculaciones a proceso y 1, 193 fueron resueltas por acuerdo reparatorio.
En cuanto a lo que se conoce como delitos de alto impacto (Homicidio doloso, culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y violación) se denunciaron 8,223 delitos o carpetas de investigación, de los cuales 5, 911 fueron por Robo con Violencia que se dividen en: 3,657 fueron a Negocio y 282 a Casa Habitación.
Se iniciaron 685 carpetas por Homicidio Doloso de las cuales 413 fueron con Arma de Fuego; 276 se iniciaron por Extorsión; 263 por Violación; 1,028 por Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo; 24 por Secuestro; 20 por Trata de Personas y 16 por Feminicidios.
Según el informe del Fiscal Montes de Oca, el índice delictivo en el Estado, del homicidio doloso, considerado de alto impacto, demostró una disminución del 8.38%;puesto que en el año 2018 ascendió a un total de 763 casos con un total de 868 víctimas y en el 2019 tuvo 685 casos con un total de 799 víctimas.
En cuanto al secuestro, se investigaron 34 casos de los cuales 25 fueron vinculados a proceso, con 11 personas arrestadas y 5 sentencias condenatorias por juicio oral.
El informe dado a conocer el día de ayer, el fiscal explica que se desactivó una banda delincuencial dedicada al secuestro, con la detención de 5 de sus miembros; así como la liberación de 27 personas secuestradas.
El delito de narcomenudeo es uno de los más frecuentes en los últimos años en Quintana Roo, según el informe es “el origen de diversas conductas delictivas que dañan a la población”. Por este delito se investigaron 1,117 casos resultando 1,106 personas detenidas.
Se lograron 201 vinculaciones a proceso, así como 6 órdenes de aprehensión y 6 sentencias condenatorias por juicio oral. “Como consecuencia del combate a este delito fueron otorgadas 60 órdenes de cateo y se aseguraron 55 inmuebles”. El informe del fiscal refiere a que en 2019 se aseguraron 185 kg y 880.21 gr de narcóticos, distribuidos de la siguiente manera: Marihuana, 102.835 kg; Cocaína 82.611 kg; Clorhidrato de Mentafetamina 386.62 gr; LSD 0.1 grs; MDA 13.9 gr; MDMA 33.59 gr., dice el informe.

Sinergia y voluntad para una mejor justicia en Quintana Roo

in Cancun

* El Secretario de Gobierno inaugura el Segundo Foro de Derecho “Los Retos de la Impartición de Justicia en Quintana Roo”.
Cancún, Quintana Roo, 28 de febrero.- En Quintana Roo, lograr una justicia más humana, armonizarla con los tiempos de la modernidad y hacerla más cercana con la sociedad es una labor que requiere de la sinergia y la voluntad de las instituciones y de la abogtacía del estado, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, José Antonio León Ruiz, al dar la bievenida del Segundo Foro de Derecho “Los Retos de la Impartición de Justicia en Quintana Roo”, que inauguró formalmente el secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo.
En presencia del magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Fernando Ignacio Tovar y de Teresa; de la secretaria del trabajo de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, del Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, del Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, así como de magistrados, consejeros y jueces de Quintana Roo y de la Federación, el Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, subrayó que de las necesidades más básicas de ser humano y de las sociedades en democracia, una de las demandas más sensibles es que la impartición de justicia se realice de manera pronta, completa, expedita y abierta, y que las instituciones a cargo de ésta encomienda realicen acciones necesarias para garantizar su acceso a oda persona
“En el Poder Judicial de Quintana Roo quienes integramos el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, estamos emprendiendo acciones para lograr una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad a través de un programa para la impartición de justicia 20172022, el cuál parte de las necesidades de la sociedad quintanarroense en este ámbito”, dijo.
Sin embargo, acotó, para la plena implementación y consecución se requiere una colaboración activa y comprometida no sólo de quienes integramos los órganos de justicia sino también de la sociedad organizada y, en está pluralidad de relaciones y actos que el derecho pretende regular, existe un área específica que es de interés para la sociedad al ser una de las principales demandas en los regímenes democráticos como pueden hacer la impartición de justicia.


“En este sentido es innegable que unos de los principales enlacesa de esta institución con los judiciales resultan ser las y los abogados que fungen como medio de comunicación entre ambos al facilitar la comprensión de un área tan técnica como lo es el derecho lo que permiten que la justicia llegue con esta plenitud que se requiere a cada persona”.
Ante miembros de las distintas Barras, Asociaciones y Colegios que se reunieron en el auditorio de la Universidad La Salle, el Magistrado Presidente destacó que el sistema jurídico da cuenta de los principales cambios en una sociedad, de sus intereses prioritarios, de sus necesidades básicas y de fórmula en un lenguaje que requiere de intérpretes especializados que faciliten la vigencia de las instituciones y el estado de derecho.
León Ruiz, recordó que este foro de derecho en su segunda edición coordinado por el Poder Judicial, junto con la Barra y los colegios de la entidad, abordarán los principales retos de la impartición de justicia en Quintana Roo con temas como las potenciales reformas al sistema acusatorio, la reforma a la ley laboral, el interés superior de la niñez, la violencia, delincuencia organizada y democracia, así como el feminicidio, se insertan en la agenda del interes ciudadano y del sector de la abogacía y que se abordará por destacados especialistas en las conferencias y mesas que tendrán verificativo en este foro con la convicción de que los temas a tratar coadyuvarán significativamente con la mejora de la impartición de justicia de la entidad, desde los diversos ámbitos que la sociedad legitimamente demandan.
Asimismo reconoció la participación los magistrados y magistradas, de consejeros y consejeras quienes han impulsado una renovada comunicación e interrelación con los abogados y abogadas para dar un nuevo rostro a esta institución y, reconocer igualmente, el respaldo del gobernador del estado Carlos Joaquín González que ha brindado permanentemente a la impartición de justicia en nuestra identidad y que ha sido una de las principales divisas de su gestión precisamente en el respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, concluyó.

Un grito de ayuda que llegue al presidente del Tribunal de justicia Antonio León, madre le quita terreno que le donó a su hija con ayuda de juez de Carrillo Puerto

in Felipe Carrillo Puerto

A este medio informativo llegó una carta de la señora Rosa Leticia González Cauich, solicitando la ayuda de las autoridades.

En su escrito Rosa Leticia cuenta que se encuentra viviendo un calvario, ya que está por perder el patrimonio de sus dos menores hijas, de 8 y 9 años respectivamente.

Según relata todo comenzó en el año 2013, cuando su mamá Rosa María Cauich Chuc le vendió una porción de terreno, donde comenzó a construir; para el 2014 se hizo una sucesión de derecho, donde se especificaba que su madre le donaba dicho predio, ya que al ser su progenitora no creyó necesario realizar algún trámite de compra-venta u otro documento que especificara que le había pagado por dicho terreno.

Además, que todo se había realizado ante notario público, pero como una “donación”, la afectada comenta que nunca desconfío de su progenitora.

Al cabo de un tiempo terminó la construcción de la casa en que vive con sus dos hijas, ya que dice ser madre soltera, y que la construcción de la casa la realizó con muchos sacrificios, saliendo a vender a las colonias frutas en un triciclo, ventas independientes y ropa en su casa, con lo que se ayudaba para solventar los gastos del hogar y tandas.

Y el 28 de agosto de 2018, comenta recibió una notificación de la Fiscalía por Violencia de Género contra su madre Rosa María, en la que se le prohibía acercarse a ella, quedando atónita, por lo que acudió a la Fiscalía, para que le aclararan lo que pasaba.

Rosa Leticia González Cauich expresa que después de asistir a la Fiscalía, decidió alejarse de su madre, incluso en dicha dependencia le informaron que no existía nada en su contra.

Y así pasó el tiempo, hasta el 12 de diciembre del 2018, en que le llega una notificación del Juzgado por una demanda de revocación de la cesión de derecho por ingratitud, para ese entonces, Leticia González, ya se sentía desgastada emocionalmente y económicamente.

Asimismo, tuvo que buscar asesoría legal, ya que tenía que responder a las acusaciones que se estaban haciendo en su contra, para tratar de resolver el problema de una manera sana decidió presentarse a una conciliación de forma voluntaria y así lograr encontrar una solución.

La afectada dice que al asistir a la conciliación propuso varias opciones para llegar a un acuerdo con su madre la señora Rosa María Cauich Chuc, las cuales rechazó.

Por tal motivo, ella se encuentra preocupada ya que no tiene un lugar donde llevar a sus hijas a vivir, por lo que le pide a las autoridades competentes le ayuden a resolver esta situación.

Se anexa escrito original:
Solicitud de apoyo a las autoridades:
Con mucho dolor expongo mi caso por la terrible injusticia de la que estoy siendo objeto.
En el año 2013 adquirí una fracción de terreno que mi madre Rosa María Cauich Chuc me vendió y empecé a construir mi casa; pero fue en el año 2014 que se hizo una sesión de derecho donde ella me donaba dicho predio , el cual sin saber, más bien sin pesar que por la confianza que había madre e hija, no era necesario hacer algún papel o documento de comprea – venta o un documento donde me firmara de recibido el dinero por la compra del terreno. Yo confiando que con la (donación como aparece legalmente ante notario) era más que suficiente, así que con mil sacrificios terminé de construir mi casa que es el único patrimonio de mis pequeñas hijas, esto le consta a muchas personas, ya que con el trabajo honrado de mis ventas independientes, como salir a vender a las Colonias o en triciclo mis frutas, ropa o también en mi domicilio para poder pagar Tandas, prestamos para la construcción de nuestra vivienda, ya que soy madre soltera, cual fue mi sorpresa, sin saber que el 28 del mes de agosto del 2018 recibiría una notificación de la fiscalía por violencia de género contra mi madre Rosa María, presentado una orden de restricción en mi contra, yo inmediatamente acudo a la fiscalía para saber de que trata y es donde me explican y me dicen que no puedo acercarme a mi madre, y que dejara que pasara el tiempo para luego hablar con ella, estuve yendo a la fiscalía y me decían que no había nada contra mi hasta que no se me notifique y hasta el día de hoy es algo que nunca se judicializo, pero para seguir con la sorpresa mas grande , el día 12 de diciembre del 2018 me llega una notificación del juzgado por una demanda de revocación de la cesión de derecho por ingratitud, obviamente todo esto ya me había desgastado emocionalmente porque mis dos menores hijas conviven con su abuelita que quieren mucho, sin embargo busco abogados para mi defensa ya que era obligatorio responder o se daba por cierto los hechos, así inicie otro viacrucis, por ello me presento a una conciliación de forma voluntaria papara tratar de resolver el conflicto, que al día de hoy me tiene mal de salud, en lo emocional y económico, en dicha audiencia de conciliación expongo propuestas de solución y todas fueron rechazadas por mi madre Rosa María, QUIERO DEJAR EN CLARO QUE MI MADRE TIENE SU PROPIA CASA CON TODOS LOS SERVICIOS Y COMODIDADES, POR LO QUE YO EDIFIQUE MI CASA, PATRIMONIO DE MIS HIJAS EN EL TERRENO QUE LE COMPRE JUNTO A SU CASA, QUE LEGAL MENTE APARECE COMO DONACIÓN, POR ESO PROPUSE LAS SIGUIENTES SOLUCIONES YA QUE NO QUIERO QUE MIS HIJAS QUEDEN EN LA CALLE:
1. PAGARLE EL SUMIDERO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE MI PREDIO
2. VENDER MI CASA PARA IRME CON MIS HIJAS Y AQUIRIR OTRO LUGAR DONDE VIVIR
3. QUE ME PAGARA LO CONSTRUIDO
4 O QUE YO DIERA EN RENTA LA CASA SI EL PROBLEMA ERA QUE YO ESTE CERCA
Y TODAS FUERON RECHAZADAS, DEJANDO EN CLARO QUE EL INTERES NO ERA RESOLVER DICHO PROBLEMA SI NO QUITARME A TODA COSTA EL PATRIMONIO DE MIS HIJAS QUE CON MUCHO ESFUERZO CONSTRUÍ.
YO siempre cuidande la legalidad, el debido proceso y ante todo el respeto por mi madre diciendo siempre la verdad, desconcertada de lo que sucedía, siempre todo de buena fe, me defendía con los recursos que tenía, así que presenté testigos, Fotos, pruebas que fueron desestimadas, rechazadas y dejadas sin valor probatoria por la juez y su secretario, por lo que sin tomar en cuenta los derechos de mis hijas a tener una vivienda digna se emite una sentencia en mi contra, ya que el documento oficial y judicial que emitió el tribunal superior de justicia dejo sin validez la donación que mi hicieran, por lo que me piden ENTREGAR LA POSESIÓN FISICA DE LA FRACION DE TERRENO E INCLUSIVE EL PAGO DE LOS GASTOS QUE SE ORIGINARON DEL ABOGADO QUE CONTRATO MI MADRE.
A pesar que demostré que había buena relación inclusive después de su enfermedad, ya que dejé a mis hijas para ir a atenderla a Chetumal como lo hicieron mi hermana y hermanos, después que regresó a convalecer a su casa seguía la buena relación, sin embargo de pronto tuvo un cambio radical que hasta con otros 2 de mis hermanos tuvo conflictos.
POR ELLO EL MOTIVO DE MI ESCRITO ES PARA PEDIR AYUDA A GRITOS, EN VISTA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL PASO POR ALTO EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, DEJANDO EN TOTAL DESAMPARO A MIS DOS HIJAS DE 8 Y 9 AÑOS DE EDAD, DESTINANDOLAS A VIVIR EN LA CALLE, YA QUE NO TENGO A DÓNDE IR, ASI SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MIS HIJAS ESTAN SIENDO VIOLADOS , YA QUE NO SE GARANTIZA QUE ME PAGUEN MI CASA PARA QUE YO PUEDA EMPEZAR DE NUEVO EN OTRO LADO, RECALCO QUE CONTINUAR POR LA VIA LEGAL ME ES MUY COMPLICADO POR QUE CUESTA MUCHO DINERO Y AL IGUAL QUE MUCHAS MUJERES SOY MADRE SOLA TRABAJO TODOS LOS DÍAS PARA SACAR ADELANTE A MIS HIJAS, VENDIENDO ROPA DE BAZAR , PRODUCTOS DE CATALOGOS, CON LO QUE PAGO MIS DEUDAS Y CRÉDITOS QUE HE DQUIRIDO PARA IR EDIFICANDO POCO A POCO EL PATRIMONIO DE MIS HIJAS, POR ESO PIDO AYUDA PARA QUE ESTO LLEGUE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, PARA QUE SE REVISE MINUCIOSAMENTE EL EXPEDIENTE, EN VISTA QUE MI MADRE SOLO PRESENTO UNA TESTIMONIAL DE SU NUERA ( FAMILIA MUY CERCANA A ELLA Y QUE EN ESE TIEMPO VIVÍA EN SU CASA, POR LO QUE ESTABA COMPROMETIDAA HABLAR A SU FAVOR) Y CON DICHO TESTIMONIO BASTÓ PARA TOMARSE UNA DECISIÓN EN EL JUZGADO. ESTA POR DEMAS DECIR QUE ESA UNICA DESTIMONIAL ESTUVO LLENA DE MENTIRAS, Y YO AL SER DE ESCASOS RECURSOS NO TENGO DINERO PATA SEGUIR GASTANDO EN UNA INJUSTICIA, POR LOS INTERESES O ENVIDIA DE ALGUIEN MÁS. EXIJO UNA JUSTICIA JUSTA PARA MÍ, QUIERO RECUPERAR MI CASA O QUE ME LA PAGUEN. POR FAVOR AYUDENME.
ROSA LETICIA GONZÁLEZ CAUICH

Piden castigo de 50 años de cárcel a servidores públicos violadores

in Chetumal

Chetumal.- Por los hechos ocurridos en el país y en el estado, de violación y asesinato de mujeres, el diputado local Édgar Gasca Arceo urgió que se apruebe la reforma a los artículo 128 y 129 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que todo aquel funcionario público que abuse de niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas, que reciba de 25 a 50 años de cárcel, además de ser inhabilitado de por vida.
La iniciativa fue presentada en la Oficialía de Partes de la XVI legislatura, “puedan recibir de 25 a 50 años de cárcel, además de una inhabilitación de su cargo de por vida, es lo menos que podemos hacer”, expresó en tribuna.
Dicha iniciativa fue presentada hoy por el diputado Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la XVI Legislatura, y propone agregar la fracción VI al artículo 128 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: Cuando la violación sea cometida por servidor o empleado público, aprovechándose de su cargo o comisión oficial, en cuyo caso también será inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo público de manera definitiva.
También agrega la iniciativa que se reformen los párrafos segundo y tercero del artículo 129 de la Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue:
“A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obliguen a ejecutarlo se le impondrá prisión de cuatro a ocho años. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia o fuere cometido por alguna persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido en los casos que proceda; o cuando los actos sean ejecutados por servidores y/o empleados públicos, valiéndose de su cargo, comisión oficial o relación con el ofendido, para tal efecto.
Además de las penas señaladas, se le privará de los derechos derivados de la patria potestad, de la tutela o custodia, cuando así proceda, a quienes teniendo el ejercicio de éstos en relación con la víctima o el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente artículo, así como con la inhabilitación por diez años en el caso de servidores o empleados públicos”.
En tribuna, Édgar Gasca Arceo enfatizó lo que sucede en Quintana Roo de la necesidad de una ley de salud mental, pues los que actúan con alevosía y ventaja para secuestrar, violar y asesinar a personas vulnerables, están “enfermos mentales, son gente que no están bien de su salud mental”.
Fue en la Sesión No. 5 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legislativo, el diputado llamó a sus compañeros a apoyar la iniciativa, pues el tema de violencia no tiene que ver con el género, “brinquemos esa etapa y vayas a darle a las mujeres lo que necesitan, que es libertad”.

65 años de prisión por secuestro agravado y robo calificado a Jesús M

in Chetumal

*En proceso abreviado fue acreditada la participación del sentenciado

Chetumal.-La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informa que con base al trabajo de investigación jurídica y evidencia científica logró que un juez dictara sentencia de 65 años de prisión a Jesús “M”, por los delitos de secuestro agravado y robo calificado en perjuicio de una víctima directa de iniciales O.A.C.C.

Los datos de prueba contundentes aportados por fiscales especializados en investigación de secuestros permitieron acreditar en proceso abreviado, la participación del sentenciado en la comisión de los hechos delictivos y a quien el juez también aplicó una multa por 677 mil 9 pesos.

Sobre la copartícipe en los hechos, Silvia “G”, el proceso continúa y una vez cerrada la investigación, la Fiscalía solicitará se aplique la pena máxima vigente.

La privación ilegal de la libertad de la víctima ocurrió en abril del 2019 en Chetumal ilícito en el cuál la víctima también perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de agotar todas las líneas de investigación necesarias y sustentar pruebas con bases jurídicas y científicas para procurar justicia en favor de las víctimas del delito y devolver paz y tranquilidad a los quintanarroenses.

…Comunicado emitido por Comunicación Social de la FGE.

Por violar a menor encarcelan a Playense

in ACTUALIDAD

Obtiene FGE vinculación a proceso de imputado por violación, en agravio de una persona menor de edad

*Durante dos años en prisión preventiva, enfrentará su proceso penal.

Solidaridad.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que Fiscales Especializadas en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo, lograron que un juez de control decretara la vinculación a proceso de Luis “S” por el delito de violación en agravio de una víctima menor de edad de identidad reservada, derivado de la carpeta administrativa 66/2020.

El juez de control valoró los datos de prueba acreditados por las fiscales del ministerio público que permitieron decretar prisión preventiva oficiosa por dos años para el imputado y dos meses para cierre de investigación complementaria.

Los hechos en los que se le implica, ocurrieron el pasado 16 de febrero en un domicilio de la colonia Colosio.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de llevar ante tribunales a quienes vulneren los derechos de terceros, en estricto apego a la ley.

…Comunicado emitido por Comunicación Social de la FGE.

El brazo largo de la justicia está llegando a Fidel Villanueva

in Chetumal

Chetumal.- Luego de que el expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo (2011-2016), Fidel Gabriel Villanueva Rivero acudiera el 30 de septiembre de 2019 a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Playa del Carmen, el cerco judicial se achica, pues está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), según fuentes al interior del TSJ-QRoo.
El ahora Magistrado del TSJ-QRoo llegó a explicar la falta de sustento del presunto desvío de 24 millones de pesos en la construcción del edificio de Justicia en Isla Mujeres durante su administración, donde se involucra también a Jorge Kumul, exsecretario ejecutivo del Poder Judicial; Javier Ricardo Villanueva Catzim, ex director de Recursos Materiales; y Jesús Humberto Rodríguez Rosado, de Servicios Generales.
Pero eso es solo una pequeña parte de todo el manejo discrecional que se hace de los recursos públicos en el Tribunal Superior de Justicia, pues según la fuente consultada, existen otras anomalías al interior de ese Poder, como lo es “los préstamos a personal de confianza, que van de los 50 mil al medio millón de pesos, que ese dinero es utilizado para la compra de conciencia de otros magistrados y que el actual Presidente del Tribunal, (José Antonio) León Ruiz solapa”.
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJQROO) enviaron un escrito a diferentes medios de comunicación en julio del 2014, para denunciar los abusos en que en ese tiempo incurrió el titular de ese organismo, pues para garantizar que los préstamos llegaran a cantidades millonarias, metió a la nómina parientes y amigo, creando puestos como directores, subdirectores o jefes de departamento, inflando con esto el presupuesto asignado, se dice que hasta personas con las que tenía que ver sentimentalmente; puestos que fueron respetados con la llegada de José Antonio León Ruiz.

INVESTIGA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Desde el año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendió una serie de acciones contra cuentas bancarias ligadas a actos de corrupción y en un boletín justifica que “este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho”.
Hasta el momento, el exmagistrado presidente no está en la lista de estas cuentas bloqueadas, pero con la cantidad de propiedades adquiridas durante su administración, la UIF lo tiene en la mira. Dichas propiedades son: una casa en residencial Andara en Chetumal; una casa en residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán; un departamento en la zona hotelera norte de Cozumel; un rancho en Cozumel del que tuvo que devolver 15 hectáreas que eran del ejido; un Mustang deportivo del año; una camioneta Toyota del año; además de las constantes remodelaciones y equipamientos de sus casas y negocios personales en Cozumel.

EN PUERTAS DE LA JUSTICIA
Los asuntos que ventila la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo en contra del Magistrado Fidel Villanueva Rivero, no prosperan, puesto que su incondicional el actual Presidente del TSJ, José Antonio León Ruiz se encarga de “avisarle” sobre el desenvolvimiento de los mismos; de ahí que las investigaciones ahora son atraídas por el gobierno federal.
Fue el 10 de diciembre de 2019 que Fidel Villanueva, actualmente asignado a la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional en Chetumal, presentó el recurso de amparo estableciendo que con los actos de inspección y verificación administrativa local a través de una orden de revisión de ingresos del Poder Judicial del estado, se violentarían los artículos constitucionales 1, 14, 16 y 133. Dos días después la autoridad judicial conoció el expediente asignado con el número 1096/2019 y desechó la petición. El viernes 27 del mismo mes se ordenó que se archivara el asunto.
En otras palabras, Fidel Villanueva quedó desamparado de la justicia y la Federación por medio de sus unidades de Auditoría Superior, Unidad de Inteligencia y Contraloría tiene ya el expediente con el que se le fincarán responsabilidades al expresidente del TSJ, donde también se involucra a la actual administración de León Ruiz.
Aunque Villanueva Rivero ha buscado la protección del Juzgado Primero de Distrito para combatir posibles actos privativos de la libertad, interponiendo dos juicios de amparo contra las resoluciones emitidas por los Jueces de Control de Chetumal, estos no han sido efectivos.

El es Marco Antonio Sosa Blanco, fue a trabajar en Nicolas Bravo y apareció muerto en Tuzik, municipio de Felipe Carrillo Puerto

in Felipe Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto.- Marco Antonio Sosa Blanco esperaba con felicidad a su primer hijo. Le faltaban dos semanas a su esposa para dar luz.

Dedicado a la venta de aguas frescas embotelladas fue a Nicolás Bravo a cobrar a sus clientes, las tienditas donde dejaba su producto.

Nunca volvió a su casa en la colonia Pacto Obrero de la ciudad de Chetumal. Su cuerpo fue encontrado a 200 kilómetros de ahí. En la entrada al pueblo maya de Tuzik, cerca de Felipe Carrillo Puerto.
El o los asesinos tomaron rumbo a Valladolid y lo asesinaron o tiraron el cuerpo en ese entronque oscuro. Le dejaron sus identificaciones en su cartera.

Así la policía ministerial de Carrillo Puerto supo que el hombre muerto encontrado por un campesino a las 6 de la mañana del sábado se llama Marco Antonio Sosa Blanco, de 31 años de edad.

Marco Antonio era el mediano de tres hermanos. Estudio la primaria en la escuela “Ignacio Herrera” y en el tecnológico la carrera de administra de empresas.

Hace dos años conoció a su esposa y se la llevó a vivir a Pacto Obrero.

Tenía mucha ilusión de su criatura que nacería este febrero.

El misterio está quien o quienes lo trajeron de Nicolás Bravo a esa comunidad de Tuzik.

La policía solicita si viste algo raro o viste con quien fue Marco Antonio cooperes para dar con el o los responsables de tan cobarde crimen.

PT pide investigar asesinato de su comisionado e invasor de tierras en Tulum, Fredy Flores Manzanilla

in Chetumal

Chetumal, Quintana Roo a 31 de enero de 2020.- El diputado Hernán Villatoro Barrios, exige justicia y esclarecimiento absoluto del asesinato de Luis Alfredo (Freddy) Flores Manzanilla, Comisionado del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Tulum e invasor de tierras, quien fuera ultimado cobardemente al interior de su domicilio, durante las primeras horas del día.

El diputado Hernán Villatoro, eterno líder del Partido del Trabajo(PT) y antagonista del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, dijo que se debe de replantear el modelo de combate a la inseguridad.

“Se debe reflexionar si el sistema de justicia está funcionando y si la estrategia de seguridad garantiza la protección de los quintanarroenses en su persona física, integridad moral y patrimonial. Sabemos que hay 60 mil carpetas en el aparato de justicia estatal, en incidencia delictiva, que ni siquiera los ministerios públicos y los jueces han tenido la capacidad de poderlos sacar adelante”, expuso.

Como ciudadano, dirigente, militante y servidor público hace un llamado al jefe del Ejecutivo, a Luis Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública, y al fiscal General Oscar Montes de Oca Rosales, para que en el ámbito de sus competencias definan las líneas de acción e investigación para esclarecer el homicidio y encontrar a los responsables materiales e inclusive intelectuales.

“Su lucha por lograr un pedazo de tierra para que la gente humilde pudiera construir una vivienda digna es una de las razones que pensamos provocaron la violencia contra el compañero, quien perdiera la vida el día de hoy, no nos queda la menor duda que la justicia debe ser aplicada y para ello hemos pedido que protejan a la familia de Freddy,”, indicó.

Go to Top