CONFLICTOS

El Gobierno del Estado no dejará que el conflicto en Mayabalam se salga de control.

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Las secretarías de Gobierno (SG) y Estatal de Seguridad Pública (SESP) dan seguimiento a este caso, afirmó el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González.

El viernes pasado un grupo de habitantes de Mayabalam acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a denunciar a sus autoridades por privación ilegal de la libertad, tortura, intento de homicidio, daños en propiedad privada, lesiones y lo que resulte.

Tales personas huyeron de Mayabalam la madrugada del martes, al ser amenazados de muerte, tras la gresca registrada el lunes pasado, entre grupos antagónicos que se disputan el poder y control de la Cooperativa Transporte Unido de Mayabalam.

El gobernador del Estado indicó que la SG realiza pláticas con representantes de los grupos en conflicto, para conciliar entre ellos.

Asimismo, la SESP, apoyada por la Guardia Nacional (GN), desplegó operativos por Mayabalam, para evitar nuevos enfrentamientos.

En otro contexto, reiteró que no hay registro de arribo masivo de sargazo en costas de Quintana Roo, pues la capa registrada la semana pasada es de pasto marino desprendido del fondo del mar, a causa de la tempeeratura del Oceáno Atlántico.

Expuso que con base a los acuerdos y acciones tomadas en la reciente sesión del Comité Especializado, ya se liberaron dos embarcaciones «sargaceras», pero quedan pendientes cinco más por entregar.

Asimismo, hay barreras de contención en cinco kilómetros de costas de la entidad.

Y los ayuntamientos han dispuesto de acciones y herramientas para sumarse a esta labor.

En otro tema, manifestó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no afecta la afluencia turística a Quintana Roo.

Ni cuando las guerras en Medio Oriente ocasionaron disminución al sector terciario.

Porque México se ha mantenido al margen de tales conflictos.

Pues se implemantan acciones de promoción de atractivos naturales.

Respecto al caso del Área Natural Protegida de Holbox, negó se haya perdido, pues se trata de un litigio en proceso.

Esto trascendió posterior al VL Aniversario de la Promulgación de la Constirución Política del Estado de Quintana Roo.

 

Renuncia Martín Estrada como director de Seguridad Pública en Solidaridad

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Playa del Carmen.- Martín Estrada Sánchez renunció esta tarde como director de Seguridad Pública de Solidaridad, instancia que está temporalmente bajo control del Gobierno del Estado.
“El día de hoy, presente mi RENUNCIA VOLUNTARIA al cargo de Director General de Seguridad Pública y Tránsito”, escribió en un breve aviso a sus subalternos, agradeciendo a la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, por haberlo incluido en su equipo hasta hoy.
Extraoficialmente, se menciona que el conflicto de poderes lo orillaron a renunciar, en especial porque las decisiones supuestamente comenzaron a realizarse a través de la Dirección de Planeación, sin su consulta.
El pasado 14 de mayo, el Gobierno del Estado emitió un decreto por el que tomaba el control de esta dirección, que quedaba subordinada a la Secretaría estatal de Seguridad Pública, al mando de Alberto Capella Ibarra, tema que fue controvertido por el gobierno municipal, aunque según el jefe policiaco, ya hay diálogo para incluso prolongar esta situación más allá de la fecha límite impuesta, en septiembre.
Martín Estrada había asumido la dirección de Seguridad Pública desde el arranque del actual gobierno.

 

Apuesta el Poder Judicial por mediación de conflictos

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Cancún.- El Poder Judicial del estado imparte un diplomado, en el que capacita a los profesionales del derecho con la finalidad de fomentar la resolución alternativa y pacífica de conflictos, pero ahora no solo desde los Centros de Justicia Alternativo, sino también desde el ámbito privado. Esperan además que pronto se publique la Ley de Mediación federal, la cual se homologará con la local, y que fomentará este tipo de procesos.
Paola Mariana Estrada García, titular de la Unidad de Certificación y Mediación Privada del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, explicó en entrevista en qué consiste este sistema de mediación.
“El estado de Quintana Roo es pionero de la justicia alternativa desde hace 22 años; normalmente la mediación podría ser llevada a cabo por los poderes judiciales y, más recientemente, por la fiscalías en materia penal; es decir eran los únicos entes a donde podían recurrir la gente; lo que hacemos es capacitar a abogados y funcionarios para que estén capacitados como mediadores y que, cuando la Ley de Mediación se publique, puedan fungir como tales en la iniciativa privada”, resaltó la funcionaria.
Lo anterior quiere decir que ya no será necesario acudir a una Fiscalía o al Poder Judicial para dirimir una querella de este tipo.
“Cuando existan los Centros Acreditados, que tendrán que cumplir con una serie de requisitos y lineamientos, ahí se podrán resolver conflictos desde lo privado”, afirma.
Confía en que pronto se publique esta ley.

PRIMER DIPLOMADO EN SU TIPO
“Es el primer diplomado que se da en mediación privada; pero a diferencia de otros diplomados este tiene una especialización en mediación familiar, civil y mercantil; estos profesionales estarán capacitados en lo que es el día a día de un mediador”, externó.
Este diplomado de 180 horas está dirigido a las barras y colegios de abogados, litigantes, funcionarios estatales, municipales y profesionales del Poder Judicial, así como notarios y hasta corredores. Todos ellos cumplieron con los requisitos de la convocatoria que sacaron en marzo. Son cerca de 70 quienes acuden a este diplomado.
Remarca que una vez que la ley esté publicada, lo siguiente será conseguir que estos mediadores estén certificados y puedan con ello operar desde el ámbito privado.
“La ciudadanía contará con la posibilidad de que, bajo los principios de confidencialidad, imparcialidad y neutralidad, puedan resolver conflictos sin que tenga que acudir a un Centro de Justicia Alternativa, lo podrá hacer de manera privada; en un medio privado va a gozar de la libertad de tiempo”, aseguró.
La mediación, en sentido estricto, es un proceso alterno de resolución pacífica de conflictos; es decir, en una opción alterna al proceso judicial.
“Conflictos vecinales, pago de pensión, una deuda, o cualquier situación donde la gente solo sabía presentar una demanda, ahora tiene esta opción de resolución pacífica; son espacios para dialogar y resolver diferencias sin tener que llegar a juicio”, detalló.
Concluye diciendo que el acuerdo al que se llega es equivalente a una sentencia; si no se cumple también puede haber sanciones.