Ya no existe ningún pretexto para que Rosaura Villanueva Arzápalo titular de la Fiscalía Anticorrupción, y Manuel Palacios titular de la Auditoría Superior del Estado, investiguen el contrato “leonino” ejecutado entre el Poder Judicial de Quintana Roo y la empresa “ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA NEGOCIOS, S.A de C.V. Según se observa en los contratos 001/ARREND-FINANC/TRIBUNAL/2016 y 001/ARREND-FINANC/CONSEJO/2016.
Por dicho contrato de arrendamiento vehicular a 18 meses, se pagaron $ 3 millones 439 mil pesos por concepto de alquiler de 10 vehículos de la marca Volkswagen, que posteriormente fueron rematados y regalados a los empleados, familiares y compadres del “polémico” magistrado Fidel Villanueva.
Presuntamente y lo que debe investigar la autoridad es que los vehículos parte del patrimonio del Poder judicial se habrían repartido de la siguiente manera:
1.- Fidel Villanueva 3 vehículos.
2.- Humberto Rodríguez, director de Servicios Generales (compadre de un ejecutivo del Grupo Novedades)
3.- Héctor Guevara, secretario particular e incondicional de Fidel Villanueva.
4.- Martin Zetina, secretario particular (Hijo del ex Auditor Superior del Estado Javier Zetina, hermano de un presunto socio de la empresa ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA NEGOCIOS, S.A de C.V. misma que arrendó los vehículos.
5.- Mario Aguilar (Esposo de la prima de Fidel)
6.- Jorge Azueta, del Fondo de Mejoramiento
7.- Joguel Montero, de Finanzas
8.- Pablo Erales, ex contralor (Hijo del diputado Roberto Erales)
Ante esto y después de argumentar que no existe “demanda” alguna para poder investigar los hechos, este COMUNICADOR, decidió pese a existir la enorme posibilidad de represalias de los magistrados involucrados, de demandar y denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para que sean castigados.
Y es que Rosaura Arzapalo se dijo “limitada” por una falta de denuncia.
Pero con esta demanda interpuesta, los titulares de la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, no tienen excusa alguna para ejercer sus funciones de investigar los desvíos de recursos del Erario Público y de impartir justicia caiga quien caiga a los presuntos delincuentes.
