Cancún.-Un exhorto para que las instancias de gobierno usen el mapa oficial de Quintana Roo ya derivó en un disputa verbal con Campeche, pues el secretario de estado de aquel gobierno condenó estas declaraciones, dichos que a su vez fueron rebatidos hoy por el diputado local Gustavo Miranda García.
Desde hace meses, aunque notoriamente en las últimas semanas, distintas instancias del Gobierno del Estado han usado mapas, en afiches o presentaciones, que excluyen a las comunidades en la franja fronteriza con Campeche, actualmente en litigio. Así ocurrió con la Secretaría de Desarrollo Social, en su presentación ante el Congreso, y la Coordinación General de Comunicación
Por este motivo, el diputado Gustavo Miranda García exhortó a las dependencias de gobierno a que se ciñan al mapa oficial de Quintana Roo, que es el que deriva de la constitución local y que no excluye a ninguna comunidad, a pesar del litigio que se mantiene con Campeche.
En respuesta, Pedro Armentia López, secretario de gobierno de Campeche, acusó que se está “enrareciendo el ambiente” al querer usar este mapa mientras el caso todavía es dirimido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, responsabilizó al gobernador, Carlos Joaquín González, de cualquier “situación de violencia” en la zona fronteriza.
Por ello, el diputado del Partido Verde nuevamente emitió un pronunciamiento público, en el que le pide al funcionario vecino que cuide sus declaraciones, además de reiterar que se tiene todo derecho para usar el mapa oficial.
“Creo que olvida que somos pueblos hermanos y que no fueron los ciudadanos campechanos, sino sus autoridades, las que enrarecieron el ambiente al crear el municipio de Calakmul en territorio quintanarroense”, comentó el legislador.
Recordó que desde que era territorio y a partir de ser estado, los limites y el mapa de Quintana Roo siempre han sido el mismo.
“Nos da gusto que vuelvan a revisar los documentos históricos, porque llegarán a la verdad”, añadió, recordando que Campeche le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impidieran a Quintana Roo el uso de este mapa, y esta petición fue rechazada, por lo que legalmente esta entidad puede usar su mapa
“No es un tema personal con el ejecutivo. No sé si están acostumbrados en Campeche a que sea el gobernador el que mande de forma absoluta, pero acá hay división de poderes y los tres poderes contestamos la controversia”, abundó.
Para el diputado, es irresponsable hablar de violencia, cuando lo que las autoridades locales lo que buscan no es la división, sino la prosperidad, pero con base en los límites históricamente marcados.
En entrevista, luego de estas declaraciones, Miranda García dijo que los tres poderes contestaron correctamente a esta controversia, pero si hay unidad en el gobierno entonces el exhorto vale para todas las autoridades, pero además a la ciudadanía y empresas, de que se use el mapa oficial del estado.
Cuestionado sobre el censo del Inegi, a punto de iniciar, y que usa un mapa que no incluye a esta franja en litigio, señaló que le hará llegar el exhorto hecho, pero por ser instancia federal, se rigen por sus propias reglas.
Sigue en disputa plurinominal otorgada al PRI
Xalapa, Veracruz.- En disputa se encuentra todavía una diputación plurinominal para integrar al XVI Legislatura, pues pese a que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa, Veracruz confirmó la sentencia del Teqroo, hay 11 juicios que se encuentran en revisión.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quiere su tercer diputado por la vía plurinominal, para así, junto con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) alcanzar un bloque de 15 legisladores en la próxima Legislatura.
Pero no solo ellos, sino que el Partido Confianza Por Quintana Roo, a quien le habían asignado la posición, también pelea que se la regresen; y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere retenerla, después que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) fallara a favor de su plurinominal, Manuel Díaz Carbajal.
Ante este panorama, cuatro de los interesados fueron citados hoy por el TEPJF en la sala Regional de Xalapa, para exponer sus alegatos; ellos fueron: Roger Cáceres Pascacio, de Confianza; Manuel Díaz Carbajal, del PRI; y los morenistas Juan Carlos Beristain Navarrete, excandidato del distrito 10 y Édgar Gasca Arceo, excandidato a diputado del distrito 1.
El primero en comparecer fue Roger Cáceres, bajo el alegato del expediente JDC-251/2019, solicitado por la parte actora con el asunto relacionado con la asignación de diputaciones de representación proporcional en Quintana Roo respecto al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, se posteó en el Twitter del TEPJF.
El segundo fue el morenista Juan Carlos Beristain, pero con el expediente JDC-256/2019, como parte actora por el mismo asunto de la plurinominal. El tercero en ser atendido fue el que ahora ostenta la plurinominal, Manuel Díaz Carbajal con el expediente JDC-261/2019.
El excandidato Edgar Gasca, quien fue por el expediente JRC-041/2019, reveló que “es un derecho que le asiste a cada una de las personas interesados en los juicios, es en la sala regional Xalapa, con 11 las instancias interesadas, uno de ellos soy yo, entiendo que, de manera personal, cuatro de nosotros quisimos venir hasta Xalapa (Veracruz) para exponer nuestros argumentos del por qué deberíamos ser uno de nosotros en quien caiga esta asignación (plurinominal) que está en discusión”.
Agregó que desde la mañana se presentaron los interesados; así que será en días que el Tribunal de la resolución en cuanto a quién se le asigna esa curul.
La corrupción del Ayuntamiento de Bacalar
NO HAY INVASIÓN DE ÁREA NACIONAL PROTEGIDA SINO CORRUPCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE BACALAR EN DISPUTA DE PREDIOS
BACALAR.- Luego de que en febrero pasado el propietario de un Área Nacional Protegida solicitará el auxilio de la fuerza policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a quienes acusó de ser paramilitares, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU) dio a conocer los planos en los cuales se demuestra la equivocación o corrupción del ayuntamiento del Pueblo Mágico.
Cómo se recordará todo se originó por la disputa de tierras nacionales entre dos particulares Gustavo Rodríguez Elizarrarás y Juan Osvaldo Morales Correa por 170.4 hectáreas inició en la década de los 90´S y que se ubican a un costado del ejido Buenavista y cuya superficie se volvió un botín político y económico por colindar con la carretera federal y la Laguna de Bacalar, ahora que el Tren Maya pasará por la vía Chetumal-Cancún.
Esta disputa derivó de un extraño apoyo hacia Gustavo Rodríguez Elizarrarás, quien agarró parte de estas 170.4 hectáreas –aproximadamente 69.9 h- para titular a su nombre y después reclamó una invasión que terminó con un desalojo a cargo de la policía municipal del ayuntamiento de Bacalar, sin que mediara orden de juez alguno.
El tercer interesado, Samuel Huicab quien compra las tierras a Juan Osvaldo Morales Correa, es el afectado al ser desalojado por la policía municipal de toda la superficie de 170.4 hectáreas y no de las 69.9 hectáreas que ocupa un Área Nacional Protegida titulada a nombre de Gustavo Rodríguez Elizarrarás y no tiene colindancia ni a la Laguna de Bacalar ni a la Carretera Federal, por encontrarse el polígono dentro de las tierras propiedad de Samuel Huicab.
La corrupción de parte de autoridades del Ayuntamiento de Bacalar es eminente, ya que hicieron planos a modo para favorecer a Gustavo Rodríguez Elizarrarás en este conflicto, el cual parece llegar a su fin, al rectificar las medidas de los predios por parte de la SEDATU y en los cuales se establece la “injustica” cometida por parte de quienes con el uso de la fuerza pública desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab.
Un dato curioso es que precisamente el predio denominado 5 Hermanos no tiene títulos otorgados por el gobierno federal, sino escrituras avaladas por el Ayuntamiento de Bacalar y registradas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por sus diferentes fracciones que han sido vendidas, pero que ante la SEDATU no aparecen como tal, de acuerdo a los documentos en poder de este medio de comunicación.
Entrevistado al respecto Samuel Huicab dijo que todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo del predio conocido como Rancho Monte Águila, que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.
La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 del Rancho 5 Hermanos, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011 supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.
La propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.
Según el Ayuntamiento de Bacalar en Oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredy Marrufo Martín, existe un traslape, es decir las 174 hectáreas del terreno denominado Monte Águila están técnicamente montadas en solo 50 hectáreas de la fracción 3 de 5 Hermanos y propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de fecha 23 de enero de 2009 según escritura número 2955 y folio 99184.
Razón por la cual resulta extraño que el Ayuntamiento de Bacalar siga resguardando con la fuerza pública dicho predio, aun sabiendo que la supuesta orden jurídica proveniente de la Fiscalía General y no de un juez competente, es solo sobre la superficie de 69.9 hectáreas del Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” y no sobre todo el polígono que pertenece a Samuel Huicab y Celso Catzin, lo que es calificado como corrupción.
De acuerdo al testimonio de Samuel Huicab, luego de ser desalojado y de retenerle de manera injusta dos vehículos en el corralón municipal por más de 15 días, el asunto legal lo vio en la SEDATU en una solicitud legal para la corrección de medidas de colindancia, lo que derivó en una investigación hecha y la cual le da la razón de la legítima ocupación de al menos 100.4 hectáreas.
Otro dato interesante es que todos los predios aledaños a Monte Águila cuentan con un título ante la SEDATU excepto el predio 5 Hermanos, donde supuestamente en su fracción tercera con 69.9 hectáreas se ubica el Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, esto conforme a los planos oficiales aprobados por la SEDATU.