FINANCIAMIENTO

QUINTANA ROO NO CONTRATA NUEVA DEUDA

Con la reestructuración de la deuda pública, y sin recurrir a ningún otro préstamo, el gobierno de Quintana Roo logró disminuir en los últimos tres años de 170 a 121% la proporción que ocupaba el endeudamiento y sus intereses sobre los ingresos totales de la administración, así como pasar del semáforo rojo al amarillo en el servicio o pago, y a cero pasivos con proveedores y contratistas.
Con base en los resultados del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas que publica trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los porcentajes anteriores refieren el comparativo entre el tercer trimestre de 2019 y el 2016, último de cinco años en los que la deuda de Quintana Roo creció 18% anual, un 36% arriba del promedio nacional, según la Cuenta Pública del estado.
Después de ese quinquenio y con la reestructuración de la deuda Quintana Roo obtuvo, entre otros beneficios, tasas de interés menores (se disminuyeron del 80 al 50%), plazos más amplios y mayor flexibilidad, a la vez que fortaleció sus esquemas de transparencia, con lo cual obtuvo los primeros lugares en el país después de haber sido considerada en 2015 la entidad más opaca y con mayor corrupción a nivel nacional.
El gobierno de Carlos Joaquín se ha negado hasta ahora a contratar nueva deuda; su estrategia es mejorar las condiciones de pago de la deuda heredada para restar presión a las finanzas públicas y ahorrar recursos que son destinados a la construcción de obras, dotación de servicios públicos y a sectores prioritarios como seguridad, educación, salud y combate a la pobreza.
De acuerdo con datos de la SHCP, al mes de septiembre de 2016, cuando Carlos Joaquín rindió protesta como gobernador, el saldo de la deuda ascendía a 22,319.7 mdp más la contratación del financiamiento a través del esquema de Bono Cupón Cero por 262.9 mdp, que reflejaba un total de obligaciones por 22,582.6 mdp. Entre 2009 y 2019 la deuda se había incrementado 168% y entre 2010 y 2015 creció un 18% anual.
Hasta entonces la deuda pública se componía de 12 créditos, de los cuales tres fueron destinados a inversión pública productiva, mientras que nueve créditos se destinaron al refinanciamiento de deuda, comprometiendo la capacidad financiera del gobierno y endeudando más al estado con tasas de interés superiores al 8%, cuando el promedio nacional era entonces del 6.5%.
“Lo que hoy seguimos haciendo en materia financiera, en materia de recaudación, es cuidar los recursos para salir adelante y no tener que acudir a un esquema de endeudamiento que venga a darle todavía más golpes al estado de lo que ya vivió”, dijo Carlos Joaquín después de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ingresó al Congreso local una iniciativa para restructurar la deuda, la cual fue aprobada ayer por la mayoría de los diputados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó en septiembre la restructuración de las deudas en los estados, “buscando bajar tasas de interés para que puedan tener más liquidez y que su presupuesto no esté tan comprometido porque en la mayoría de estados y municipios la mayor parte del presupuesto es para pagar gasto corriente, es muy poquito lo que pueden utilizar para la construcción de obras y garantizar los servicios públicos”, dijo entonces.
De hecho en septiembre pasado México realizó un intercambio de deuda, en la que fue la primera permuta cruzada de valores gubernamentales en la historia. Hacienda refinanció la deuda que vencía entre 2019 y 2021 a nueva deuda con vencimiento entre 2022 y 2050.
«Con esta operación se buscó atender dos objetivos. Por una parte, suavizar el perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal en moneda local sin incurrir a endeudamiento adicional. Por otra, mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios», indicó entonces la Secretaría de Hacienda.
De igual forma, la restructuración de la deuda en Quintana Roo le permitirá al estado pasar de pagar 172 millones de pesos al mes con las condiciones actuales, a 129 millones a partir de 2020, lo que representa un ahorro anual de más de 500 millones y reduce la presión a las finanzas públicas.
El buen manejo de las finanzas públicas en los últimos tres años permitió que el gobierno de Carlos Joaquín incrementara en 30% la recaudación propia y que pasara del primero al cuarto lugar nacional en endeudamiento per cápita. Según datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, al cierre de 2018 se tenía un promedio de deuda por habitante de 11 mil 66 pesos, cifra por debajo del endeudamiento per cápita en Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Al recibir la administración Carlos Joaquín, Quintana Roo estaba en el primer lugar de deuda pública por persona en el país, ya que cada quintanarroense debía por ese concepto 13 mil 58 pesos, muy por encima de la media nacional, según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

PAREN TRÁFICO DE ARMAS: DEMANDA PARA PACIFICAR

La confirmación por parte de fuentes federales de que las armas utilizadas en la masacre de la familia LeBarón son de manufactura estadounidense, evidenció este tráfico ilegal que varios gobiernos estatales han pedido se controle, al igual que el narcotráfico, ya que de otra manera no podrá contenerse la violencia desatada en las entidades por el crimen organizado que en el caso de Quintana Roo es responsable de 9 de cada 10 asesinatos violentos.
El analista político Raymundo RivaPalacio indicó que el gobierno de México aceptará el apoyo del FBI en el esclarecimiento del asesinato de la familia LeBarón, y pedirá que rastreen el origen y la ruta de las armas utilizadas. “El spin (propaganda) del gobierno ante las críticas en Estados Unidos se enfocará al negocio de las armas que llegan a las organizaciones criminales en México”, comentó.
Esa situación, del tráfico ilegal de armas que fortalece a los grupos criminales y deja en desventaja a los cuerpos de Seguridad Pública de los estados, ha sido expuesta reiteradamente por gobernadores de las entidades donde los grupos del narcotráfico han disparado la violencia en los últimos años. Sin embargo, las fuerzas federales no habían respondido hasta el momento.
El estudio Beyond Our Borders publicado por el Center for American Progress, señala que a México ingresan cada año un aproximado de 213 mil armas ilegales desde territorio estadounidense, aunque según declaraciones oficiales esa cifra se queda corta: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se están contrabandeando mil armas diarias a México; son 365 mil armas al año. Muchas de ellas entran por la frontera norte del país. Entre Tijuana y Matamoros, hay 2 mil 500 armerías y no son para vender las armas a los residentes de los Estados Unidos; su negocio es venderles armas a quienes las van a cruzar a México, reveló el funcionario.
En la práctica, sin embargo, la porosidad y corrupción en las aduanas mexicanas solo ha sido atendida para controlar el flujo de migrantes. En cambio Quintana Roo, como otros estados, han sufrido recortes en sus presupuestos para combatir el crimen y la disminución de efectivos de las fuerzas federales.
En la actual situación ningún esfuerzo, por extraordinario que sea, será suficiente para frenar al crimen organizado, el responsable de que se haya disparado la violencia a niveles históricos en el país, si las autoridades federales son las que facilitan a los narcotraficantes sus fuentes de financiamiento, redes de operación, mercados, tráfico de armas y reclutamiento de indocumentados.
Así como el tráfico de armas, el lavado de dinero es delito del orden federal y, por tanto, facultad de la federación para combatirlo. Las armas, traficadas desde Estados Unidos, le dan capacidad de fuego a los criminales, y el lavado de dinero financia sus operaciones. Se estima que el lavado de dinero en el país alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas, inmobiliarias y casas de bolsa, entre otras ramas.
Por todo lo anterior los gobiernos estatales, como el de Quintana Roo, sostienen que la única forma de reducir la violencia en el país, es atacar sus orígenes porque con la detención de los criminales, tarea en la que concentran sus esfuerzos actualmente, lo único que se ha conseguido es que por cada detenido aparezcan otros dos delincuentes.