Tag archive

periodistas

Observatorio: Por órdenes de Reyna Durán Congreso deja de ser de puertas abiertas

in ACTUALIDAD

Por Pedro Canché

Guardias de Seguridad por órdenes de Reyna Durán- según dijeron- impiden el acceso del público y periodistas a los pasillos del Congreso a menos que sea con cita.

Así el Congreso dejó de ser un espacio para los ciudadanos y va para la clase elitista que Morena promueve a través de su presidente, la señora Reyna Durán.

Un grupo de periodistas se tomó la fotografía para recordar que este día el Congreso dejó de ser de puertas abiertas.

El diputado José Luis Cepeda dijo que está bien que sea así porque además “se pierden las cosas”.

Y además que por cuestiones de protección civil deberán tener un control.

Lo cierto es que las instalaciones del Congreso es una camisa para el Quintana Roo romántico de 200 mil habitantes.

Ahora deberá construirse un espacio para la población que crece y que en 2030 pasará de 2 millones a 12 millones de personas.

En especial la pintura invaluable trabajo de Elio Carmichael Jimenez deberá de conservarse y ser un museo con alto cuidado.

Por la pintura más cuidado por supuesto…

No hay notables avances en el esclarecimiento de los homicidios de cuatro periodistas ocurridos en los últimos dos años.

in ACTUALIDAD

Asimismo, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos brinda seguridad a 42 personas.

El subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación de la Seguridad Humana, Elías Antonio Prado Laguardia, indicó que este año se retomarán pláticas con la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer el estatus de las investigaciones.

Los periodistas asesinados son José Guadalupe Chan Dzib, ultimado el 30 de junio del 2018 en Felipe Carrillo Puerto; Rubén Pat Cahuich, asesinado en Playa del Carmen el 24 de julio del mismo año; Javier Rodríguez Valladares, cuyo homicidio ocurrió en Cancún el 29 de agosto de 2018; y Francisco Romero, quien fue asesinado en Playa del Carmen el 15 de mayo del año pasado.

Prado Laguardia afirmó que no se dará “carpetazo” al asunto, pues se exigirá a las autoridades deslinden responsabilidades. .

Respecto a las 42 personas que reciben seguridad, dio a conocer que algunos reciben llamadas telefónicas junto con sus familias cada 12 y 24 horas; otros andas con “botón de pánico”, conectados al Centro de Cómputo y Comando (C-4) de Chetumal; y también hay aquellos que gozan de servicio de escoltas.

Primer semestre de 2019; en el nuevo gobierno cada 17.4 se agrede a la prensa en México

in Ciudad de México

  • Durante el primer semestre del año, ARTICLE 19 documentó 249 agresiones contra periodistas.
  • 2019 ya rebasó el año anterior en número de periodistas asesinados, con 10.
  • Quintana Roo, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los estados con más agresiones.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019.- En México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas. Y desde el inicio del gobierno federal en turno, se han registrado 277 agresiones.

El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado; en lo que va de 2019, se han registrado 10, superando la cifra total de 2018, cuando se registraron 9. Además, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 11. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México.

Para tener una perspectiva del riesgo que viven las y los periodistas es importante considerar los registros de años anteriores. La cifra de este año aún no supera la de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es la misma que la de 2006, 2008 y 2010.

Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México, con 25; Guerrero, con 22; Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. Es importante mencionar que los últimos cuatro estados, desde 2013, se mantienen como los más violentos.

Resulta preocupante el aumento de agresiones en Quintana Roo, que pasó de 12 a 26 agresiones, en el mismo periodo, de un año a otro. Cabe destacar que en este estado se registraron 2 asesinatos de periodistas.

Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%.

En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico a través de manifestaciones indirectas de oposición, desaprobación o agresividad hacia la labor periodística.

Con respecto a las amenazas, el 67.16% de éstas (45 casos) tienen el agravante de ser de muerte. En un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de quienes reciben las amenazas, pero el derecho público a recibir información. Respecto a los ataques físicos se contaron en 25 ocasiones de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intentos de asesinato.

El 60% de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron en contra de mujeres periodistas y 18% en contra medios de comunicación.

En el caso de los hombres periodistas las agresiones más frecuentes fueron las amenazas de muerte, con 38 casos. A su vez, en el caso de las mujeres periodistas, las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento. Entre los actos que se documentaron están la toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, la aparición de vehículos oficiales o particulares sospechosos afuera de su domicilio, y llamadas a directivos o jefes en los medios para preguntar por qué las periodistas abordan temas “de cierta manera”.

Diez de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de las periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición o de tratar de hacer escarnio de su imagen física o su vestimenta. A estos casos se les suma 1 caso de violencia sexual, 1 amenaza de violencia sexual y 1 campaña de desprestigio con connotación sexual.

Con respecto a las agresiones en internet, estas representan el 38% del total, con 94. De estas, el 22% se ejercieron contra mujeres periodistas. Esto es de especial preocupación, pues el espacio digital se ha convertido en un complemento a la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones; en ese sentido, el objetivo de los ataques está claramente orientado a callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no ocupen los espacios de discusión pública

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que “la violencia contra las mujeres, y en especial contra las mujeres periodistas, no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la superioridad y subordinación de las mujeres frente a los hombres”.

Respecto a los contextos de las agresiones, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas. Es importante recordar que, en un país que enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las protestas son una forma de participación democrática, principalmente de grupos vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, lo que sucede durante una protesta resulta de interés público y es trabajo de la prensa difundir tal información. Para ello, las autoridades están obligadas a generar condiciones idóneas tanto para el derecho a la protesta como para el libre ejercicio periodístico.

Por otro lado, es importante destacar que mientras durante todo el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, en este semestre se registraron 8, las cuales se dieron principalmente al dar cobertura al conflicto migratorio, el cual es constantemente víctima de discursos de odio, así como la prensa que lo cubre.

En lo que se refiere a los bloqueos, alteración o remoción de contenido fueron registrados en 23 ocasiones. Las agresiones vinculadas al uso ilegítimo del poder público fueron 16 donde destacan 4 casos de hostigamiento judicial por la vía civil, casos donde los y las periodistas afectadas recibieron citatorios para declarar respecto a notas que publicaron y donde se les apercibía respecto a recibir multas en caso de no asistir. La existencia de estos actos que constituyen abusos de autoridad y violaciones al derecho constitucional a la protección de fuentes de información debilita la democracia del país y poner en riesgo a las y los periodistas, principalmente por las malas prácticas de las fiscalías de filtrar información.

Respecto a los perpetradores de violencia contra la prensa, el 42.16%, es decir 105 casos, fueron perpetrados por funcionarios públicos. De éstos, más de la mitad (56.19%) fueron funcionarios municipales El 28.57% con 30 casos, se trató de funcionarios públicos estatales, seguidos por los funcionarios federales con 16 casos, equivalente a más del 15%.

No omitimos señalar la necesidad de que las autoridades propicien un ambiente idóneo para ejercer la libertad de expresión. En ese sentido, ha sido una preocupación constante las declaraciones vertidas por las cabezas del Ejecutivo federal, estatales y municipales, los cuales de manera cada vez más recurrente atacan a la prensa y buscan mermar su credibilidad, cerrando con ello los canales de difusión de información, inhibiendo el debate y poniendo en riesgo a las y los periodistas.

Este año, a diferencia de los anteriores, después de funcionarios públicos, en 64 casos (25.70%) se registró una falta de elementos suficientes para señalar un responsable, lo cual tiene que ver principalmente con el aumento de agresiones digitales las cuales vuelven complicado identificar al agresor, así como a causa del ambiente polarizado en el país. El resto de las agresiones fueron perpetradas por particulares con 47 agresiones, equivalente al 18.87% del total de agresiones. Seguida de aquellas protagonizadas por algún grupo del crimen organizado con 27 casos, lo que representan el 10.8% del total de agresiones.  Finalmente 47 agresiones fueron realizadas por particulares y 6 por militantes de partidos políticos.

ARTICLE 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa 126 agresiones hacia quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio. Es decir, la violencia contra la prensa se ejerce con el fin de silenciar y censurar las voces que podrían afectar intereses políticos, económicos y redes de delincuencia en las q incluso pueden estar involucradas autoridades por lo que dicha violencia se alimenta de la impunidad que existe en México.

A casi un año del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia ejercida contra periodistas. La consolidación democrática del país pasa por garantizar la libertad de expresión y una acción decidida por parte del Estado para brindar las condiciones idóneas para el ejercicio de tal derecho.

Genaro García Luna a través de RCU Sistemas “cuidaba” a 492 periodistas y 717 activistas amenazados por el Narco

in ACTUALIDAD

Dentro de la enmarañada trama de corrupción, develada tras la detención de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, acusado en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, surge otra arista de mayor preocupación: el ex funcionario no solo desvió recursos de la Secretaría de Gobernación, sino que conoció a la perfección la ubicación de Mil 209 periodistas y/o activistas con amenazas de muerte que se acogieron al programa de protección del gobierno federal.

Esta situación puso en riesgo a 139 periodistas mujeres, 353 periodistas hombres, 352 defensores de derechos humanos y ambientales mujeres y 365 defensores hombres, los que confiaron su seguridad al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los que desde el 2012 han sido vigilados, bajo el pretexto de su seguridad, por parte de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la empresa subvencionada por el gobierno federal para esa labor.

RCU Sistemas S.A. de C.V., está relacionada con Genaro García Luna, a través de una de sus hermanas; esta es la empresa que sin licitación, desde el 2012, cuando fue creado el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se llevó todos los contratos del gobierno federal, para ofrecer servicios de seguridad a los periodistas y activistas en riesgo.

Desde el 2012 hasta el 2018, se estima que RCU Sistemas S.A. de C.V. obtuvo contratos directos de la Secretaría de Gobernación, por el orden de los cinco mil millones de pesos, aun cuando la inversión realizada en la seguridad de periodistas y activistas no fue mayor a los a los mil 200 millones de pesos durante ese periodo.

El poder de Genaro García Luna sobre la Secretaría de Gobernación, aun cuando desde el 2013 dejó de ser parte de la esfera de gobierno, fue inmenso: durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo se benefició con contratos directos para RCU Sistemas S.A. de C.V., sino que logró también contratos directos para otras de sus empresas que participaron en el ramo de la seguridad cibernética y en telecomunicaciones.

Otras de las empresas que se beneficiaron gracias a la influencia de García Luna, con montos globales por encima de los 10 mil millones de pesos, son Nunvan Inc., Icit Holding, Glac Security Consulting y Operadora Grupo Gas Mart, las que prestaron servicios de información, seguridad digital y sistemas de video vigilancia a diversos sectores empresariales, incluido el gobierno mexicano.

Por lo que hace a RCU Sistemas S.A. de C.V., según lo dio a conocer Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Genaro García Luna desvío recursos por el orden de los 2 mil millones de pesos, solo en lo que hace del 2016 al 2018, cuando incrementó sustancialmente el número de personas periodistas y defensores de derechos protegidas por el gobierno federal.

La protección de periodistas y activistas que fue entregada a la empresa de García Luna, cuando de este ya se sospechaba que estaba coludido con diversos grupos del narco –por diversos señalamientos hechos por periodistas independientes-, no tuvo reparo en confiar datos personales de las víctimas de agresiones de muerte, lo que evidencia el alto grado de riesgo en el que se encontraron, y aún se encuentran los perseguidos a causa de su trabajo.

A causa de la corrupción que permitió a la Secretaría de Gobernación entregar a RCU Sistemas S.A. de C.V., datos personales, como ubicación, dirección domiciliaria, número de teléfono, nombres de familiares y hasta rutinas de trabajo y movilización personal de los periodistas y activistas en riesgo, es que hoy se sabe el alto riego en el que se ubicaron durante años los protegidos por el sistema de seguridad del gobierno federal.

Solo así se entiende que de los 17 periodistas asesinados en el 2017, los 18 ejecutados en el 2018, y los 13 asesinados en lo que va del 2019, por lo menos 16 de ellos estaban “protegidos” con un botón de pánico, mediante el que eran monitoreados por RCU Sistemas S.A. de C.V., lo que abre la posibilidad a nuevas investigaciones para conocer el grado de participación de esta empresa en la comisión de esos asesinatos.

Hay que referir además que la posible participación de RCU Sistemas S.A. de C.V. en la comisión de agresiones a periodistas y defensores protegidos por el Mecanismo Federal, no se limita solo a los asesinatos de 16 periodistas y por lo menos otros siete defensores de derechos que fueron ejecutados y que igualmente contaban con un botón de pánico, sino que también puede caer en el hostigamiento del que siguen siendo víctimas decenas de protegidos por el sistema federal subvencionado.

A la fecha, por lo menos otros 20 periodistas y al menos cuatro defensores de derechos humanos, que son monitoreados por RCU Sistemas S.A. de C.V., han manifestado no solo irregularidades en por parte de esta empresa, sino que en muchos casos, a través del propio botón de pánico muchas de estas personas en riesgo, siguen recibiendo amenazas de muerte.

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), al día de hoy existen al menos 16 denuncias penales presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos, que señalan una posible responsabilidad de RCU Sistema S.A. de C.V. en relación a conductas impropias de la empresa, las que han puesto en mayor riesgo a las personas protegidas.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también ha tomado conocimiento de por lo menos siete denuncias, solo en lo que va de este año, en relación a violaciones a los protocolos de seguridad en agravio de las personas protegidas por parte de la empresa relacionada con Genaro García Luna, donde la más frecuente es la exposición de los beneficiarios del Mecanismo de Protección a situaciones de riesgo al ser difundida su ubicación a instancias las policías locales.

A causa de la filtración de datos personales, ubicación y rutinas de las personas protegidas por RCU Sistemas S.A. de C.V., es que hasta diciembre del 2019, por lo menos 37 periodistas y otros 12 defensores de derechos humanos, ya habían renunciado voluntariamente al Mecanismo de Protección, al considerar que estaban expuestos a mayor riesgo al ser vigilados por esta empresa.

Carta a Rosario Ibarra

in Sin categoría

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2019.- En el marco de la designación de la nueva ombusdperson Rosario Piedra Ibarra, ARTICLE 19 hace un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que abone al reconocimiento del trabajo periodístico en una vida democrática y a atender las violencias a las que se enfrenta.

Como parte de la crisis de derechos humanos en la que se encuentra nuestro país, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico viven una situación alarmante de violencia e impunidad. Cabe recordar que en México han sido asesinados/as 131 periodistas del año 2000 hasta esta fecha, de los cuales 10 eran mujeres periodistas.

Asimismo, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre de 2018, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 11 periodistas. De estos, 10 han ocurrido en lo que va de 2019. Además de los asesinatos que representan la forma de censura más grave en contra de periodistas, también existen otros tipos de agresiones que diariamente sufre la prensa.

México es el país más violento para ejercer el periodismo en América. En 2018, ARTICLE 19 registró un total de 544 agresiones contra la prensa. En el primer semestre de 2019, se registraron 249 agresiones y desde el inicio del gobierno federal en turno, 277 agresiones. En el país se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas.

Históricamente, las autoridades mexicanas han negado la crisis de violencia contra la prensa, permitiendo que el 99.13% de los casos de agresiones en su contra permanezcan en la impunidad.

En este sentido, ante tiempos sumamente difíciles, se exige y necesita de manera apremiante una CNDH fuerte, autónoma y sólida frente a las autoridades que cometan violaciones a derechos humanos, e impulsar su observancia, respeto y garantía conforme a sus facultades. De lo contrario, difícilmente revertiremos esta grave crisis en derechos humanos.

El cumplimiento de este mandato y su autonomía se medirá sustancialmente cada día en la labor que realice la CNDH en el cumplimiento de sus facultades, en las recomendaciones que emita y en las acciones de inconstitucionalidad que promueva frente a normas violatorias de derechos humanos, incluido el de libertad de expresión, información y asociación.

A partir de ahora, es obligación fundamental de la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, conocer la situación por la que atraviesan todos los derechos humanos en el país, como lo es, en particular, la situación de gran violencia contra las y los periodistas. Ahora su mandato constitucional es velar por la promoción, respeto y garantía de todos los derechos, de manera autónoma y contundente frente al gobierno.

En este sentido, ARTICLE 19 hace un llamado a la nueva titular de la CNDH a reconocer dichas violencias e implementar algunas recomendaciones que desde hace algunos años esta organización ha realizado a fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información:

 

1) Mantener un papel efectivamente activo en el marco de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob). Es importante que la CNDH, como organismo nacional de protección de derechos humanos, abone al desarrollo de medidas preventivas que permitan que el ejercicio de la libertad de expresión.

2) Observar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones generales 1720 y 24, en materia de libertad de expresión y agresiones a periodistas, y aportar para el desarrollo de mecanismos de reparación individualizada que permitan avanzar en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación.

3) Aportar elementos para la derogación o aprobación de leyes que criminalizan o limitan la libertad de expresión. Actualmente, existen tipos penales en nuestro país como los de calumnias, injurias, ultrajes, anti halconeo, entre otras, que criminalizan el ejercicio periodístico y permiten perseguir a periodistas que difunden información de interés público.

4) Cambiar el criterio de clasificación de información que actualmente limita el acceso a la información a las víctimas dentro de los procedimientos de queja.

5) Contribuir a la defensa y promoción del derecho a la información y derecho a la verdad de la sociedad a través de: a) ser referente de buenas prácticas en cuanto a la garantía del acceso a versiones públicas de información vinculada a violaciones de derechos humanos; b) interponer acciones de inconstitucionalidad cuando estos derechos se vean restringidos. 

Protestan en Cancún por violencia contra periodistas

in Cancun

Cancún.- Un grupo de reporteros se reunió esta noche en el monumento a José Martí para unirse a la manifestación realizada a nivel nacional, en protesta por las muertes de tres periodistas en México en apenas siete días.
Los reunidos encendieron velas por los caídos, y leyeron un comunicado con junto, en el que exigen a los tres niveles de gobierno que se garantice la justicia por las agresiones sufridas, y se garantice la seguridad para el libre ejercicio del periodismo.
Tan solo en lo que va del año, a nivel nacional han fallecido 10 integrantes de la prensa, mientras que en 2018 la cifra fue de 12.
A nivel estatal, recordaron que, desde junio de 2018, han muerto cuatro reporteros: Fracisco Romero, José Guadalupe Chan, Rubén Pat y Javier Rodríguez, sin que se sepa de avances en sus investigaciones o se tenga a los responsables.
También señalaron que hay 32 personas en el estado que han utilizado el Mecanismo de Protección, pero en el conteo oficial solo se menciona a 17, de los que 15 son periodistas, incongruencia que muestra la falta de interés en el tema por parte del gobierno.
El comunicado fue dirigido al presidente, al gobernador, al secretario de Seguridad Pública, al fiscal general del Estado y a los presidentes municipales.

Respuesta al comunicado de prensa del Congreso de Guanajuato sobre el delito de “halconeo”

in Ciudad de México

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019. En respuesta al comunicado de prensa emitido por el Congreso de Guanajuato  con fecha del 5 de agosto de 2019, denominado “Reforma para combatir el “halconeo” atiende a las nuevas exigencias sociales”, en el cual niega que la adición del denominado delito de “halconeo” al Código Penal estatal en el artículo 222-b afecte el derecho a la información y el ejercicio periodístico, tal como lo comunicó ARTICLE 19 mediante el posicionamiento Delito de halconeo entró en vigor en Guanajuato, criminaliza la labor periodística del 4 de agosto, consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. ARTICLE 19 sostiene que la reforma aprobada por el Congreso de Guanajuato sí resulta violatoria de los principios de taxatividad, legalidad, seguridad jurídica y mínima intervención del derecho penal, además de las libertades de expresión, información y labor periodística, lo cual se advierte de la propia redacción del tipo penal, que sanciona con pena de prisión de hasta siete años a toda persona “que realice cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información” sobre actividades en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y ejecución de penas.
  2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha analizado y resuelto sobre la inconstitucionalidad del delito de “halconeo”, por su ambigüedad y la afectación directa que genera a la libertad de información y labor periodística . Así lo resolvió en las Acciones de Inconstitucionalidad 11/2013 y 09/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de reformas similares a los Códigos Penales de los estados de Chiapas y Michoacán.

Asimismo, se encuentran los amparos en revisión 482/2014 y 492/2014, que fueron promovidos por ARTICLE 19 respecto al mismo delito en Chiapas, en donde la propia SCJN determinó que los principales destinatarios de este tipo de normas penales son personas cuya función social se encuentra vinculada al ejercicio habitual del derecho a la información, es decir, las y los periodistas.

  1. Si bien en nuestro posicionamiento público citamos una parte de la iniciativa presentada por legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional en donde refieren que “no es objeto de la presente iniciativa castigar, por ejemplo, la labor de investigación periodística”, lo cual reitera el Congreso de Guanajuato en su comunicado de prensa; para ARTICLE 19 resulta importante poner énfasis en que, a pesar de esta afirmación, finalmente lo que se encuentra ahora vigente y obligatorio es el tipo penal contenido en el artículo 222-b del Código Penal estatal, mismo que conforme a su redacción ambigua y con su sola existencia, genera una afectación a derechos, a través del “efecto inhibidor” que produce y sobre el cual también la Suprema Corte de Justicia determinó en las acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo arriba mencionados.

En palabras de la Corte: “la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico. Todo lo anterior es demostrativo, a su vez, de la violación al principio de taxatividad.” 1

En este sentido, reiteramos que aunque la norma establezca como finalidad la comisión de algún delito o “entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas”, la propia norma y este supuesto no deja de constituir una ambigüedad. Es decir, si un periodista obtuvo y proporcionó información a la sociedad sobre alguna acción de seguridad pública y que una autoridad considere que “entorpeció” esa labor, actualiza el supuesto del tipo penal en contra del periodista.

  1. ARTICLE 19 considera que no son “supuestos” las manifestaciones vertidas en cuanto a lo que esta norma genera con su sola existencia y puede generar con su aplicación. La SCJN en el asunto de Chiapas y el delito de “halconeo”, también resolvió que “en el caso, como se ha señalado, la norma no es clara, precisa ni exacta respecto de la conducta reprochable que se pretendió sancionar, sino que está formulada de manera que puede llegar a permitir la arbitrariedad en su aplicación.” 2

Que este tipo de normas, generen afectación a derechos y permitan interpretaciones y aplicaciones arbitrarias y discrecionales, no es nada menor, pero para el Congreso de Guanajuato representan sólo supuestos sin relevancia, tal como lo evidenció en su comunicado de prensa. Es un análisis imprescindible que debe realizarse a la norma ahora vigente en términos constitucionales y convencionales.

Cabe recordar que, en lo que respecta a las acciones de inconstitucionalidad, como un mecanismo de competencia exclusivo de la Suprema Corte de Justicia, tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, consistiendo en un control abstracto de constitucionalidad, por lo que el análisis que debe emprender el Máximo Tribunal resulta de vital importancia para determinar si una norma vulnera derechos humanos y, por ende, si es o no constitucional.

Asimismo, el Congreso de Guanajuato considera que “es, al menos, desproporcionado” decir que la norma genera un menoscabo a las libertades de expresión, información y labor periodística, tal como lo sostiene ARTICLE 19. Al respecto, es importante mencionar y reiterar que en este asunto lo desproporcionado proviene del propio Congreso estatal, al aprobar normas de este tipo, sin un análisis previo y a la luz de lo que ha resuelto la Suprema Corte, recordando la aplicación del principio de subsidiariedad en materia penal, debiendo ser ésta la ultima ratio dentro del orden jurídico.

Como ya lo referimos, ARTICLE 19 no es ajeno al contexto de violencia e inseguridad que impera en el país, como ahora en Guanajuato particularmente, sin embargo, una problemática social no se debe resolver generando otras problemáticas, ni mucho menos, afectando derechos humanos.

La alta responsabilidad que tiene cualquier órgano legislativo es de suma importancia para generar aquellas normas que sean necesarias en la sociedad y brinden soluciones, pero siempre debiendo tener como eje central los derechos de las personas. Contrario a lo que argumenta el Congreso de Guanajuato, el análisis de una norma no la “hace inviable”, pues esa es precisamente su labor como espacio legislativo y que debe ser abierto al debate público y participación ciudadana. Todo análisis respecto a cualquier norma debe partir del o los derechos humanos que se encuentren implicados.

Finalmente, ARTICLE 19 vuelve a exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, a promover las acciones de inconstitucionalidad correspondientes en contra de la norma ahora vigente emitida por el Congreso de Guanajuato, y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ejerza el control abstracto de constitucionalidad sobre la misma, para determinar su invalidez, conforme a los precedentes ya emitidos.

Dos Periodistas asesinados en un mismo día exhibe grave panorama de la Libertad de Expresión en tiempos de la 4 Transformación

in Ciudad de México

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2019.– El día de ayer, 2 de agosto, fueron asesinados los periodistas Edgar Alberto Nava López, en Zihuatanejo, Guerrero, y Jorge Celestino Ruíz Váquez, en Actopan, Veracruz.

Los dos periodistas fueron asesinados con arma de fuego por sujetos desconocidos. Nava López era director del medio digital La Verdad Zihuatanejo y se presume que sus atacantes son integrantes de la delincuencia organizada. Mientras que en el caso de Ruíz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, al menos una persona no identificada ingresó a su domicilio para privarlo de la vida.

Dos asesinatos de periodistas en un mismo día y tres en la misma semana representan un atentado para la libertad expresión, además de confirmar la impunidad y la grave crisis en materia de seguridad para las y los comunicadores en México, sin una respuesta institucional que garantice la no repetición de estos actos.

De acuerdo con relatos recabados, Nava López recibió un disparo cuando salía de un evento en una de las playas principales en Zihuatanejo, en ese momento un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó con un arma calibre 9 milímetros y huyó.

Nava López cubría principalmente nota roja y también difundía información de interés general en su medio de comunicación. Cuatro meses antes, fue amenazado junto con otros periodistas, como parte de una agresión contra el medio Diario de la Costa, para que no publicaran más sobre la violencia en la zona.

Por su parte, Ruíz Vázquez cubría temas de corrupción y política. Días antes de su asesinato, publicó una nota en la que señaló sobre un supuesto desvío de “entre 10 y 12 millones de pesos” por parte de José Paulino Domínguez Sánchez, presidente municipal de Actopan, Veracruz.

ARTICLE 19 tiene conocimiento de que, al menos en una ocasión, el domicilio del periodista fue atacado con arma de fuego, razón por la cual contaba con medidas de protección del gobierno estatal de Veracruz. De acuerdo con distintos testimonios recabados por esta organización, éstas no fueron ejecutadas días antes de su asesinato.

Los mismos testimonios aseguran que Ruíz Vázquez también era, por medio de su medio impreso, un activista que se pronunciaba en contra de la empresa minera Gold Group, que ha pretendido llevar a cabo la extracción de oro cerca de la zona de Laguna Verde, Veracruz.

Por estos hechos, ARTICLE 19 hace un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador a realizar, en el ámbito de su competencia, todas las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de las y los periodistas, debiendo para ello instruir a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que refuerce las capacidades y funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en materia de prevención y protección de las y los comunicadores. Además, se deben reforzar los procesos de colaboración con los gobiernos estatales para el combate a la impunidad.

De la misma forma, ARTICLE 19 recuerda al presidente que es su obligación abstenerse de generar narrativas que coloquen en riesgo a las y los periodistas a través de cualquier vía. Asimismo, de su deber de actuar de forma urgente para contrarrestar la grave tendencia de asesinatos a periodistas, pues en lo que va de su mandato se han perpetrado 10 asesinatos de periodistas con probable vínculo con su actividad periodística, 9 de ellos ocurridos en lo que va de este año.

ARTICLE 19 exige al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brinde todas las medidas de protección necesarias y urgentes a las familias de los periodistas Edgar Alberto Nava López y Celestino Ruíz Vázquez.

Es de especial preocupación el incremento de violencia contra la prensa en los estados de Veracruz y Guerrero, siendo el primero uno de los de mayor número de periodistas asesinados, de 2000 a la fecha, con 27 casos de 130 documentados en el mismo periodo, y a pesar de que dicho estado cuenta con alerta temprana por los índices de violencia crecientes en los últimos años.

Esta organización hace un llamado urgente a los gobernadores de los estados de Guerrero y Veracruz a realizar todas las acciones necesarias para contrarrestar la inseguridad creciente en dichas entidades, debiendo poner especial atención en garantizar el libre ejercicio de la labor periodística debiendo coordinarse con las autoridades federales competentes para tal efecto.

Por último, ARTICLE 19 hace un llamado a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), a atraer las carpetas de investigación aperturadas por la comisión de los delitos de homicidio en agravio de Edgar Alberto Nava López y Jorge Celestino Ruíz Vázquez, debiendo implementar el Protocolo Homologado para la Investigación de los Delitos contra la Libertad de Expresión.

 

Levantan al periodista Marcos Miranda Cogco

in VERACRUZ

BOCA DEL RÍO, VER.- Se da a conocer en un medio de noticias digital, que fue secuestrado el periodista Marcos Miranda Cogco esta mañana cuando llevaba a su nieta a la escuela.

La esposa del comunicador informó de los hechos, y relató lo sucedido, a decir de la fémina, fueron varios hombres los que perpetraron el secuestro, que cuando conducía su auto se le cerraron dos camionetas y a punto de pistola lo bajaron de su vehículo.

Y que fueron sus vecinos quienes la alertaron de los hechos, al salir de su vivienda vio a su nieta llorando y entre su llanto, le dijo que, “se habían llevado a su abuelito”.

También la señora comentó que alrededor de las 5 de la mañana su esposo le comentó que había un taxi estacionado frente a su casa y se veía sospechoso, pero no lo reportaron.

Asimismo, la Comisión de Atención y Protección y Periodistas en la entidad hizo el reporte del secuestro del periodista de Veracruz, Marcos Miranda Cogco.

(Tomado de Excelsior)

No puede haber democracia sin demócratas ni libre ejercicio de la democracia sin la plena libertad de expresión: Carlos Joaquín

in Cancun

*El gobernador Carlos Joaquín y la coordinadora general de Comunicación Haidé Serrano conmemoran el Día de la Libertad de Expresión con medios de comunicación
*La democracia ensancha libertades y disminuye desigualdades, y con argumentos y razones permite que nos pongamos de acuerdo quienes no pensamos igual

Cancún.- “No puede haber democracia sin demócratas ni libre ejercicio de la democracia sin la plena libertad de expresión”, expresó hoy el gobernador Carlos Joaquín en el marco de las celebraciones por el Día de la Libertad de Expresión en Cancún.

“Si no entendemos que la democracia se construye día tras día, si no comprendemos que llegamos al gobierno para cortar de raíz cualquier tipo de manchas de la impunidad, seguiremos transitando por un sendero muchas veces de autocensura y temor para decir la verdad, y la búsqueda de la verdad es una molestia que más de uno nos deberíamos tomar”, precisó Carlos Joaquín.

La coordinadora general de Comunicación del Gobierno del Estado, Haidé Serrano Soto dio la bienvenida a los comunicadores y en su mensaje citó las palabras del filósofo francés Albert Camus: “una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad nunca será otra cosa que mala”.

Ante comunicadores y periodistas, el gobernador Carlos Joaquín dijo que Quintana Roo busca ser transparente y trabajar a través de la honestidad. “Eso no exime que alguien, algunos, puedan caer en temas que tienen que ver con la corrupción”, afirmó.

“Las voces de ustedes siempre han sido atendidas para revisar, para reedificar, para analizar y para corregir cuando es necesario y siempre será así, pero siempre que se hable con la verdad y no solamente con un criterio particular de buscar alcanzar metas propias, que van o que pretenden estar por encima de lo colectivo”, enfatizó el titular del Ejecutivo.

Carlos Joaquín reafirmó que es un hombre de convicciones democráticas y que cree en el ejercicio pleno de la política que es, en definitiva, la que hace avanzar a las sociedades y la que construye consensos.

“Esa democracia, que ensancha libertades y disminuye desigualdades, con argumentos y razones, permite que nos pongamos de acuerdo quienes no pensamos igual”, dijo.

Explicó que hoy siete corrientes políticas gobiernan en Quintana Roo “y todos jalamos para construir juntos, más allá de los puntos de vista y diferencias ideológicas, por un mejor futuro para los quintanarroenses”.

“A muchos les debe parecer raro, a muchos les cuesta trabajo creerlo, otros aún no entienden el alcance de esa situación. A quienes siguen lamentando el viejo sistema ‘prebendario’, clientelista, donde la democracia era disfrazada con caprichos, exilio, autoritarismo y la permanente compra de voluntades, votos y silencio o espera de líneas para decir o no decir: les digo que ese tiempo se acabó”, sostuvo.

El gobernador de Quintana Roo hizo un llamado a fortalecer la vida democrática. “Por ello mantengo un trato respetuoso y constructivo con todas las fuerzas sociales y políticas, y con los medios de comunicación, que informan y mantienen vinculada a la comunidad. El poder no se gana sólo a partir de un triunfo electoral, también se construye en el gobernar para todos y cumplir con los principios rectores de todo respeto institucional, democrático y republicano.”

“He sido muy enfático en decir que buscamos ser promotores de la libertad de expresión, estoy convencido de que ella permite la crítica que retroalimenta. Esa crítica la aceptamos con el amplio marco de respeto, sin represalias”, precisó.

Estuvieron en la mesa principal con el gobernador Carlos Joaquín los periodistas Rolando Medina, Marco Barrera, Raimon Rosado, Fernanda Mexia, Luis Mass, Jercelia Herrera, Lizet Díaz, Román Martínez, Virginia Próspero, Magaly Villa, Selene Hidrogo, Gabriel Bacab, Ricardo Hernández, Valeria Hernández, Johanna Susett Peniche, Osvaldo Ang y Erick Cavazos.

Secretarios del gabinete y titulares de dependencias del Gobierno del Estado fueron anfitriones de los periodistas en cada una de las mesas asignadas.

 

Go to Top