Con acusaciones de vejaciones e irregularidades en contra de la directora, Martha Mota Cabañas, algunos maestros y personal administrativo, inició el Ciclo Escolar 2019-2020 en la Secundaria Othón P. Blanco.
Padres de familia anticiparon procederán ante Ministerio Publico y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), por supuesta existencia de delitos.
Tere C. L. acusó que el maestro de Educación Física, Juan Luis Vanegas Méndez, solapado por la directora del plantel, incurre en irregularidades y vejaciones en agravio de los alumnos.
Primero, porque ha generado «un monopolio comercial» al interior de la Secundaria Othón P. Blanco.
Para obtener dividendos, condiciona la compra de uniformes escolares deportivos y artefactos de vestir, en la tienda de su esposa.
La madre de familia denunció que una camisa de baja calidad les fue vendida en 150 pesos mientras que cada falda, 300.
Asimismo, recordó que durante el ciclo escolar pasado, también hizo que las niñas compraran “tocados” en la tienda de su esposa.
Tal negocio beneficia también a la directora de la Secundaria, porque recibe «comisión».
También, pretende que utilicen zapatos de ciertas características, cuando no todos los padres de familia cuentan con recursos para adquirirles.
Además, acusó que el maestro de Educación Física incurre en «bullyng», contra sus alumnos.
«Les dice gordos, flojos o hasta en los casos de hijos de papás divorciados, que es culpa de ellos», indicó.
Y también les hace realizar actividades físicas fuera de su capacidad y resistencia, sobre todo a niños obesos o con lesiones, «para aprendan».
Y es que al ser de origen beliceño, Vanegas Méndez asegura no le importa lo que ocurra a los mexicanos.
Además, dejó tareas a los alumnos durante la pasada temporada vacacional, so argumento de ser requisito para cursar el año siguiente.
Y es que casi todos los padres de familia callan tales irregularidades, por temor a represalias hacia sus hijos. Pero un grupo decidió no soportar más y denunciarle públicamente.
Anticipan recurrirán ante el Ministerio Público y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
