Senadoras y Senadores de la República
Fuente: Articulo19.org
Ciudad de México.- La situación que vivimos causada por la pandemia ha obligado al gobierno a tomar medidas drásticas para contar con recursos públicos a fin de atenderla. Sin embargo, estas medidas no deben poner en riesgo la garantía de unos derechos para garantizar otros.
La iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena, el pasado 20 de mayo de 2020, que buscaba desparecer 44 fideicomisos, se modificó de manera sorpresiva incluyendo ahora a más de 109 fideicomisos, algunos de ellos de gran importancia para continuar garantizando derechos humanos.
Los fideicomisos son instrumentos jurídicos que por mucho tiempo se ejercieron inadecuadamente; sin embargo, en los últimos años se han fortalecido las reglas de transparencia y rendición de cuentas que les aplican. Por un lado, la Ley General de Transparencia, en 2015, incluyó a los fideicomisos como sujetos obligados, y con la emisión de la Ley Federal de Austeridad, a finales de 2019, se crearon otros candados para que los fideicomisos se ejerzan con mayor control y con más elementos de transparencia. Si bien, estas reformas y mecanismos son un paso en el camino correcto, es cierto que no han sido suficientes para terminar con la opacidad y discrecionalidad que sigue operando en muchos de ellos. Debido a lo anterior, es fundamental fortalecer la implementación de estas reglas y mecanismos para garantizar que los recursos efectivamente se ejerzan de forma transparente y con rendición de cuentas y, sobre todo, que cumplan de manera efectiva los fines para los cuales fueron creados.
Por ello, es indispensable revisar cada uno de los fideicomisos para conocer de manera clara su estatus, funcionamiento y operatividad, y tras ese diagnóstico determinar si es necesario fortalecerlos, mejorarlos, o en los casos que así se identifique, extinguir algunos de ellos. Esta decisión debe ser tomada luego de un análisis amplio, serio y cuidadoso, ya que, por las características propias de los fideicomisos, como la flexibilidad de operaciones que permiten, la prontitud para acceder a los recursos y la posibilidad de disponer de ellos en cualquier momento sin enfrentar las reglas del presupuesto, son el instrumento financiero adecuado para atender algunos de los propósitos para los cuales fueron creados. De hecho, ante un contexto de emergencia como el que estamos enfrentando, no contar con un mecanismo como este podría ser un obstáculo para garantizar recursos.
En este sentido, la decisión de extinguirlos de manera masiva y absoluta resulta preocupante y desproporcional. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados carece de claridades sobre cómo se van a ejercer los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos, una vez que se reintegren a la Tesorería de la Federación y no señala de manera específica qué marcos normativos tienen que modificarse o reformarse, qué nuevos mecanismos financieros se van a aplicar o en qué términos, para asegurar recursos a los beneficiarios de los fideicomisos que se van a desaparecer. Además, no justifica por qué su extinción es la medida más adecuada, y cuáles serían los nuevos mecanismos para asegurar la continuidad de las obligaciones que el Estado Mexicano cumplía a través de estos instrumentos.
Asimismo, es importante mencionar que el proceso de votación no cumplió con los principios de Parlamento Abierto, ni ha sido transparente, ya que no han sido públicas las razones por las cuales la iniciativa pasó de 44 a 109 fideicomisos, ni las determinaciones por las cuales no se consideraron las opiniones vertidas por la sociedad civil y academia en las sesiones abiertas para la participación ciudadana. Lo anterior, recordando que, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad, incluido el legislativo, debe de estar fundado y motivado; es decir, además de señalar los preceptos jurídicos en los que basan sus decisiones, deben precisar las circunstancias especiales y razones particulares para la toma de dichas decisiones.
Como hemos expuesto, la eliminación per se de los fideicomisos, sin un diagnóstico previo no resolvería los problemas de transparencia y acceso a los recursos; por ello, el Senado tiene ahora la oportunidad histórica para reforzar y modificar el uso de estas figuras, que por muchos años dejaron de ser revisadas, de enmendar el error cometido por la Cámara de Diputados, y emprender un camino intermedio que permita valorar la utilidad real de estos instrumentos y tomar una decisión a partir de un análisis completo y serio en función de los fines por los cuales fueron creados, las y los beneficiarios a quienes están dirigidos directa o indirectamente, así como el nivel de rendición de cuentas que han ofrecido los operadores de los fideicomisos, y el marco ya existente para controlarlos y mejorarlos.
Urgimos a esta H. Cámara de Senadores a considerar las formas de mejorar el control y rendición de cuentas de estas figuras y no extinguirlas de tajo y sin análisis, ya que esta medida en lugar de resolver un problema público podría generar otros e incrementar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos grupos sociales que dependen de estos recursos.
