** Los pueblos indígenas constituyen uno de los sectores que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural.
México es un país multicultural en donde habitan 68 pueblos indígenas, los cuales hablan 68 lenguas y 364 variantes. En el caso específico de Quintana Roo (de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI), existe una población indígena de 423,166 de personas, que representan el 22.8% de los habitantes, distribuidos principalmente en 5 municipios de la entidad: Felipe Carrillo Puerto con el 83.1%, José María Morelos 81.7%, Lázaro Cárdenas 65.6%, Bacalar 43.3% y Tulum 42.7% de población en hogares indígenas censales.
En este sentido, el Diputado Pedro E. Pérez Díaz, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, presentó la iniciativa para reformar la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en materia indígena.
“La población indígena es de suma importancia, principalmente en el sur del Estado donde el porcentaje es alto, lo que genera la necesidad como Estado de llevar a cabo acciones legislativas y de otras índoles que refuercen las medidas que deben implementarse para garantizar sus derechos humanos y sus derechos fundamentales particulares en defensa de su cultura, identidad y tradiciones”. Enfatizó el Diputado Pedro Pérez Díaz
Iniciativa que propone la creación de la Visitaduría General que se especializará en la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicana, la cual deberá tener su sede en alguno de los municipios del Estado con mayor población indígena y afromexicana.
El propósito fundamental es contar con un mecanismo especializado no jurisdiccional, que atienda de manera particular las quejas que sean interpuestas por presuntas violaciones a sus derechos humanos tanto generales como particulares en cuanto a su etnicidad y cultura, así como también contar con un medio efectivo para lograr la correcta aplicación de los derechos humanos, al tener un amplio margen de acción, al no limitarse a tecnicismos procesales, y tener como objetivo proteger a las personas frente a las acciones u omisiones del Estado.
