Ciudad de México- Pagina 15

Artículo 19 pide al gobierno proteger al director de Reforma de linchamientos a causa del discurso estigmatizado de AMLO

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Ciudad de México, 25 de abril de 2019.- En la noche del 24 de abril, el director editorial general del diario Reforma, Juan E. Pardinas, fue víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y tentativa de doxxing por redes sociales por sujetos desconocidos, asimismo iniciaron una campaña de desprestigio con el hashtag #NarcoReforma.

Estas agresiones se derivan a partir de que el lunes 22 de abril el diario Reforma publicó la nota “Refuerzan vigilancia en casa de AMLO” y en la que se publica la dirección de la casa presidencial, no obstante esta dirección es del dominio público desde la campaña electoral de 2018.

Posteriormente el 23 de abril, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dedicó parte de su conferencia matutina a desprestigiar al periódico Reforma. De acuerdo con lo documentado por el propio medio y narrado por Juan Pardinas, “Esta sería la décimo tercera vez que el presidente ataca al diario. En esta ocasión se quejó de que se publicara la dirección de su domicilio particular, que él mismo reconoció es de dominio público.”

Posterior a esta conferencia, ese mismo día en la tarde se posicionó como trendig topic en Twitter el hashtag #NarcoReforma. Donde se infería que la difusión de la dirección del presidente era señal de la colusión del periódico con el crimen organizado. Asimismo, y bajo este hashtag, se pedía difundir la dirección familiar del director editorial general del periódico e incluso se incitaba a incendiar las instalaciones del periódico con Pardinas dentro.

Tal como ARTICLE 19 lo ha venido reiterando, el discurso estigmatizante proferido por una de las autoridades de más relevancia en el país, tiene un impacto directo en cuanto a la protección o riesgo que puede generar hacia la labor de la prensa, pues él permea en el discurso del resto de la sociedad e incluso llega a generar ataques, como lo observamos en el presente caso.

Lo anterior, es bien sabido por él, al grado que en la conferencia matutina del 15 de abril le dijo a la prensa “si se pasan, ya saben lo que les pasa, pero no soy yo, es la gente…”. Estas situaciones deberían ser prevenidas y desincentivadas por el presidente, pero por el contrario se ha venido observando como son alentadas.

Esta no es la primera vez que ARTICLE 19 documenta agresiones contra la prensa a través de redes sociales tras la cobertura realizada en las conferencias matutinas. Asimismo es importante recordar que en el Informe especial #GobiernoEspía, ARTICLE 19, R3D, y Social Tic en coordinación con Citizen Lab documentaron y corroboraron que Juan E. Pardinas fue una de las víctimas del software malicioso Pegasus, el cual tenía como objetivo espiarlo[1].

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de generar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión que pueda poner en mayor riesgo la vida, libertad, integridad y seguridad de periodista; ello incluye mantener un discurso estigmatizante.

Hacemos un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para investigar las amenazas cometidas contra Juan E. Pardinas y el diario Reforma vertidas en redes sociales.

Finalmente, se hace un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incorporar al periodista de manera extraordinaria y prevenir que cualquiera de las amenazas en redes sociales se materialicen.

[1] https://articulo19.org/gobiernoespia/

Juez da otro mes de chance a Roberto Borge

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CIUDAD DE MÉXICO.- El juez federal que lleva el caso Borge, aplazó por un mes más la investigación complementaria, según publica Reforma hoy.

El proceso que se instruye contra Roberto Borge Angulo, es, por un presunto lavado que derivaría de un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio de Quintana Roo.

Jorge Antonio Salcedo Garduño, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, autorizó la prórroga a solicitud de los abogados del ex Gobernador de Quintana Roo.

Sharon Hernández Colín, defensora de Borge, argumentó que necesitaban aplazar el cierre de investigación porque no han localizado a algunas personas que buscan entrevistar en la ciudad de Chetumal, para ofrecer sus testimonios como pruebas de descargo.

El impartidor de justicia autorizó la prórroga, pero precisó que el nuevo plazo debía contarse a partir del 8 de abril, cuando venció el anterior aplazamiento, por lo que el cierre de la investigación vence el próximo 8 de mayo.

Salcedo Garduño hizo un llamado de atención a los fiscales federales, ya que cuando el pasado 4 de abril los abogados de Borge pidieron por escrito el aplazamiento, la Fiscalía manifestó su oposición a la ampliación del plazo y esta noche, cuando se llevó a cabo la audiencia, los funcionarios ya no se opusieron a la prórroga.

“Si está interno, es en su perjuicio la prórroga y no de la Fiscalía. No le afecta porque no tenemos una víctima, podría haber (afectación) si tuviéramos una persona física como víctima”, expuso el juez esta noche.

El juez rechazó darle a la defensa el acceso a la carpeta administrativa del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, porque estimó que se trata de documentos jurisdiccionales que no incumben a las partes.

Lo que sí mencionó el juez es que pedirá al centro de justicia estar atento y notificar a las partes de las cuestiones que sí sean de su interés. (Agencia Reforma)

Insuficiente la política de comunicación social anunciado por AMLO:Artículo 19

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Esta política anunciada por el gobierno federal no garantiza el final de una relación viciada entre medios y gobierno.
El cambio real debe pasar por la abrogación de la actual Ley General de Comunicación Social, y la discusión y aprobación de una nueva.

Ciudad de México, a 18 de abril de 2019. La política de comunicación social publicada el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, significa algunos avances importantes en la materia pero que no son suficientes para garantizar un mejor uso del gasto en publicidad oficial. Impulsar un cambio real en la relación entre medios y gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales.

Esta política busca establecer los criterios que deberán seguir las dependencias y entidades federales para el uso de los recursos asignados a publicidad oficial. El anuncio se inscribe en el mismo esfuerzo que los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019 publicado en enero de este año.

Ambos ordenamientos dan mayor certeza sobre la transparencia del gasto y de las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y la prohibición del uso propagandístico de estos recursos o como un instrumento para influir en la línea editorial de los medios de comunicación. Sin embargo, algunas medidas son insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición.

Uno de los problemas más graves que hemos documentado desde Fundar y Article 19 es el aumento injustificado en este gasto. Basta recordar que entre 2013 y 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, lo que significa 89% más de lo aprobado. Frente a esto, el nuevo gobierno no ha establecido topes presupuestarios. Esta nueva política no los prohíbe, aunque su Artículo 11 obliga a las dependencias a anunciarlos. Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores.

Por otro lado, actualmente entre 45 y 50% del gasto en publicidad oficial se concentra en 10 medios de comunicación. En el Artículo 12 de la nueva política se prohíbe que uno solo reciba más del 25% del gasto. Sin embargo, esta medida de avanzada está acompañada de excepciones.

El Artículo 14 fija de manera muy oportuna algunos criterios de asignación de la publicidad oficial pero falta claridad y precisión en su redacción, lo que da un margen importante de interpretación y de discrecionalidad.

Asimismo, la política anunciada hace caso omiso de las concesiones de uso social comunitarias e indígenas. Con el marco legal actual los medios comunitarios tienen acceso limitado a la publicidad oficial, y se podría garantizar el destino de un porcentaje del presupuesto a estos medios.

Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial. Su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos si no se avanza hacia una legislación que obligue a todos los poderes de todos los niveles de gobierno.

La actual Ley General de Comunicación Social debe abrogarse para poder discutir y legislar una nueva de conformidad con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y retomando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus “Principios sobre regulación de la publicidad y libertad de expresión”. A finales del año pasado, como parte del Colectivo #MediosLibres, elaboramos una iniciativa de ley general, y pedimos al gobierno que se discuta y revise por el Congreso bajo un modelo de parlamento abierto.

AMLO aplaude orden de aprehensión contra Nacif y el “Gober Precioso”

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México, D.F.- Es un avance en el sistema de justicia, el que se haya girado la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y contra el textilero, Kamel Nacif, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, así lo expresó Manuel López Obrador, presidente de México, durante la conferencia de prensa matutinal.

«A lo mejor no es del todo cierto, pero había la costumbre de preguntarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo y ahora no me consultaron no supe, es una decisión independiente y autónoma del Poder Judicial, como deben ser las cosas».
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam, y el excomandante Juan Sánchez Moreno, también tienen orden de aprehensión por su presunta participación en dicho delito.

Durante la rueda de prensa en Palacio Nacional, el presidente de la República, expresó que se había enterado por los medios informativos. Asimismo, dijo que anteriormente este tipo de procedimientos eran consultados por el jefe del Ejecutivo, pero ahora eso no es así.

AMLO expresó lo siguiente: «Yo me enteré por la prensa de esta orden de aprehensión, cosa que me dio mucho gusto».

Enfatizó, que aunque se trate de un acto de justicia, “se están viviendo procedimientos que no eran comunes… Estamos en el terreno de lo inédito y eso es muy bueno».

Remembranza del acoso que vivió Lydia Cacho

En el 2005, Kamel Nacif, empresario de origen libanés, demandó por «daño moral” a Lydia Cacho. Dado que la escritora en su libro “Los Demonios del Edén” lo señala como uno de los involucrados en una red de pederastia, el cual era encabezado por el empresario Jean Succar Kuri.

El diario La Jornada en el 2006, da a conocer una serie de audios en los que Nacif, felicitaba al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, por librar una orden de aprehensión contra la periodista en Cancún, Quintana Roo, donde ella vivía.

Parte de la conversación sostenida entre Nacif y Marín:
– Quiúbole, Kamel, contestó Marín.

– Mi gober precioso, dijo Nacif… “Mi héroe, chingao”, agregó. No, tú eres el héroe de esta película, papá”, expuso el empresario textilero por los “coscorrones” que le propinaron “a la pinche vieja”, en referencia a Cacho.

En el 2011, Jean Succar Kuri fue sentenciado a cumplir 13 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

No habrá tenencia ni nuevos impuestos: AMLO

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CD de México.- Aunque evidenció un total problema de comunicación interna, el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que no retornará la tenencia y que tampoco habrá impuestos nuevos ni aumentos que perjudiquen la economía de los que menos tienen.
En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es falso que se se busque reestablecer el impuesto sobre la tenencia en los estados, como lo afirmó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen, digo esto porque ayer salió la noticia que se iba a restablecer el impuesto a la tenencia, eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos con nuestros compromisos, se van a quedar con las ganas”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El pasado lunes, Herrera dio a conocer que legisladores y funcionarios federales analizan retomar el cobro de impuestos a la tenencia vehicular y el predial para incrementar la recaudación.

“Esto podría incrementar la recaudación, probablemente, como en unos 100 mil, 120 mil millones de pesos, lo cual es alrededor de un medio punto del PIB“, dijo en entrevista a los medios al término de su conferencia magistral durante el “II Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas”.

Al ser cuestionado sobre si habrá algún impuesto para el comercio digital y electrónico, como son los casos de UBER y Netflix, respondió que se ha llegado a un acuerdo con las empresas.

“Vamos a hacer un programa piloto, para ver cómo se puede retener el impuesto y, después del programa piloto, vamos a tener un mecanismo de discusión. Lo que se hizo con las empresas fue que aquellas que participaran de manera voluntaria en el programa piloto, podían participar en la discusión, lo cual les dio incentivos”, detalló.
Fuente: Aristegui noticias

Tenencia y predial impuestos de AMLO para 2020

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Cd de México.- Volver a cobrar la tenencia vehícular y fortalecer el esquema del predial, serán acciones que van a diluir las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseveró que no habrían más impuestos y que lo que se robaban por corrupción sería suficiente para el funcionamiento del país y crecer económicamente, lo que no será así.
Esta promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador se diluye ante la baja recaudación federal registrada en los últimos años y que ha encendido los focos rojos de los especialistas hacendarios del gobierno de la República.
El subsecretario de Hacienda Arturo Herrera adelantó que analizan revivir para 2020 el impuesto de la tenencia, replantear el esquema de recaudacipón predial de los municipios e implementar un nuevo modelo de cobro de impuestos a comercio electrónico, sobre todo a a quellos que realizan transferencias y cuyos impuestos no se quedan en el país como UBER y Neflix.
Durante su ponencia en el II Foro entre legisladores en materia hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas, realizado en el palacio legislativo de San Lázaro, Arturo Herrera dijo que es mito que la tenencia vehicular haya financiado a las olimpiadas de 98
El funcionario afirmó que es precisó cobrar de manera adecuada el impuesto predial y la tenencia, que dejaría ingresos adicionales entre 100 mil y 120 mil millones de pesos a los estados y municipios anualmente, cuestión que acabaría de tajo la promesa de no más impuestos, recordando que el impuesto vehicular fue una lucha etre partidos políticos por ganarse al electorado.
Esto podría incrementar la recaudación alrededor de medio punto del PIB y para los estados es mucho dinero; a lo mejor para la Federación no, pero para los estados sí porque muchos están endeudados.
Durante su ponencia, el funcionario federal sostuvo que México recauda solamente 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que, subrayó queda muy por debajo de estándares internacionales.

Apuntó que si se cobrara al menos 1.2 por ciento del PIB de impuesto predial, los municipios del país podrían tener alrededor de 250 mil millones de pesos adicionales por año.

Destaca que México tiene retos, uno de ellos tiene graves implicaciones para las finanzas públicas: la falta de crecimiento y la desigualdad en el país.

Legisladores quintanarroenses a favor del turismo.

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• Senadora Mayuli Martínez presenta en el Foro Nacional de Turismo su iniciativa para declarar al turismo como actividad prioritaria nacional.

Ciudad de México.- Dentro del marco de la celebración del Foro Nacional de Turismo, legisladores federales por Quintana Roo refrendaron su compromiso de reformar los marcos legales necesarios para catalogar a la industria turística como un actividad prioritaria nacional, lo que permitirá convertirla en la mejor política social del país.

La Senadora Mayuli Martínez Simón y el Diputado Federal, Luis Alegre Salazar, formaron parte en la mesa de análisis “Legislando en materia turística”, donde participaron representantes del sector empresarial en materia de la industria restaurantera, agencias de viajes, transporte y servicios turísticos.

“Hacemos nuestras las necesidades que plantearon en relación con el transporte, impuesto al hospedaje y las vinculadas con el rezago que se tiene materia de economía nacional, las atenderemos en el marco de nuestra competencia porque vemos como objetivo de esta mesa, establecer consensos palpables para fortalecer nuestra industria turística” apunto la senadora Mayuli Martínez Simón.

En su oportunidad, la senadora Mayuli Martínez Simón, presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia turística, para hacer de esta industria una actividad prioritaria para el país.

“La iniciativa que presenté busca fortalecer la visión que tenemos de nuestra industria turística, el objetivo es hacer del turismo una política prioritaria para el desarrollo nacional con un efecto vinculante en todos los sectores, se busca que actividades como la producción agrícola, transporte, arte, cultura, medio ambiente, converjan en una vertiente turística; De lograrlo, esta será la mejor política social del país” afirmó la senadora Mayuli Martínez Simón.

Detalló que desde el 2015, el turismo ha crecido a un ritmo mayor al de la economía nacional y desde hace más de 25 años representa más de 8% del Producto Interno Bruto nacional y genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos, lo que hace de este sector una verdadera palanca de desarrollo, generadora de bienestar para todo el país.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de Fernando Martí Brito, Director del Fondo Nacional del Turismo, por reunir a investigadores, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, para establecer un frente común a favor del turismo.

Asiste Mayuli Martínez al Foro Nacional del Turismo.

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Panelistas coinciden en la urgente necesidad de atender la afectación causada por el arribo del sargazo.

Ciudad de México.- Dentro del marco de la celebración del Foro Nacional de Turismo, panelistas coincidieron en la necesidad de atender el problema causado por el recale del sargazo y durante las exposiciones reconocieron el trabajo de la senadora Mayuli Martínez Simón, quien presentó en días pasados una serie de iniciativas que buscan atender dicha problemática.

En el primer día de actividades del Foro Nacional de Turismo, el diputado federal Luis Alegre Salazar, dirigió el panel “Solucionando el problema del sargazo”, en el cual especialistas expusieron la necesidad de atender esta problemática en diversas vertientes como: el arribo, manejo y uso final del alga.

En ese contexto, durante la exposición de los diversos panelistas especializados en el tema, se hizo mención de las propuestas legislativas que presentó la senadora Mayuli Martínez Simón, para reformar la Ley General de Protección Civil, la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Cambio Climático, cuyo objetivo es generar herramientas para que los diferentes niveles de gobierno contrarresten el daño que esta causando el recale del sargazo a la industria turística.

“Reconozco la celebración del Foro Nacional de Turismo porque se busca establecer consensos para fortalecer a la industria turística en nuestro país, en esta ocasión tuve la oportunidad de escuchar la perspectiva que se tiene sobre el problema del sargazo y celebro que existan coincidencias con las iniciativas que en días pasados presenté, ésta es una muestra de que podemos trabajar por el bien de nuestra nación dejando a un lado los colores partidistas, sin duda, este será un foro enriquecedor para todos” señaló la senadora Mayuli Martínez Simón.

Cabe mencionar, que la semana pasada la senadora por Quintana Roo presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Protección Civil, con la finalidad de incorporar el fenómeno del sargazo en la ley y se pueda emitir una declaratoria de emergencia o desastre natural, y, en consecuencia, se preste el auxilio inmediato a la población y la entidad afectada pueda acceder a los recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

De igual manera propuso modificar la Ley Federal de Derechos, para canalizar un 25% de la recaudación lograda por el cobro de derechos por el uso, goce y aprovechamiento de playas, de la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT), para atender el fenómeno del sargazo.

Y finalmente, propuso reformar la Ley General de Cambio Climático, con el objetivo de incluir el fenómeno del sargazo en la estrategia nacional y acceder al Fondo de Cambio Climático, previsto en la ley, para la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan mitigar, controlar y definir el uso del sargazo.

CA

Julio César Pérez Vela, Perito de Borge recibe sentencia de 3 años y 10 meses por falso peritaje en contra de Pedro Canché

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Ciudad de México, a 1 de abril de 2019.- El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo dictó sentencia de 3 años, 10 meses y tres dias de cárcel para el perito de Borge, Julio César Pérez Vela, que realizó un peritaje que sirvió para el injusto encarcelamiento del periodista Pedro Celestino Canché en 2014.

Canché, fue injustamente privado de su libertad acusado del delito de sabotaje por el simple hecho de documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado el 20 de agosto de 2014. El 30 de agosto del mismo año, Pedro fue detenido e ingresado a la cárcel de la localidad, donde fue golpeado brutalmente por internos desde la primera noche aun cuando las autoridades en prisión debieron salvaguardar su integridad. Pese a las lesiones graves, nunca fue atendido debidamente en el Hospital General del municipio.

El pasado mes de mayo de dos mil dieciocho fueron detenidas la Agente del Ministerio Público encargada de investigar los supuestos delitos cometidos por Canché en agosto de 2014, así como el Juez que determinó que existían elementos suficientes para dictar formal prisión y seguir proceso contra el periodista maya. De igual manera, el perito Julio César Pérez Vela, quien emitiera un peritaje de criminalística de campo sin que existiera ni siquiera denuncia en contra de Pedro se le inicio proceso el mismo mes de mayo de 2018.

En su momento, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló en la opinión 18/2015 que “[e]l arresto, la detención y el proceso judicial contra el Sr. Canché Herrera son el producto de represalias contra sus actividades.” Calificó la detención de Pedro Canche ́ como arbitraria y solicitó al Gobierno Mexicano “Disponer la inmediata libertad del Sr. Canché Herrera y proveerle con una adecuada reparación, incluyendo, entre otros aspectos, el otorgamiento de una adecuada compensación y la provisión del tratamiento médico necesario”

De la misma manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la Recomendación 13/2015, señaló que Pedro Canché sufrió violaciones a sus derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica, mediante la detención arbitraria durante más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con motivo de una acusación sin sustento del Gobierno de Roberto Borge.

Pedro Canché recuperó la libertad el día 28 de mayo de 2015 tras un arduo esfuerzo de su defensa implementada por ARTICLE 19. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo concluyó que no había pruebas suficientes para determinar responsabilidad por el delito de sabotaje ya que el periodista se encontraba en el lugar de los hechos únicamente para grabar las manifestaciones.

Esta resolución permitió confirmar que la detención de Pedro Canché respondió a un afán de inhibir su libre ejercicio periodístico, además de que en todo momento la acusación en su contra estaba sustentada en elementos sumamente contradictorios e inconsistentes.

Tales inconsistencias vulneraron los derechos de Canché a la libertad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y lo convirtieron en víctima de un montaje jurídico en su contra. Derivado de lo anterior, Pedro inició un proceso contra quien resultara responsable de la violación de sus derechos humanos y de los posibles delitos cometidos en su perjuicio ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

El proceso contra Julio César Pérez Vela, un avance en la búsqueda de justicia de Canché.

La sentencia contra el perito Julio César Pérez fue dada a conocer el pasado jueves 28 de marzo, fecha en la cual integrantes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informaron a ARTICLE 19 – que acompaña legalmente al periodista- el sentido de la decisión.

La sentencia se da luego de que Julio César Pérez Vela fuera procesado en el Estado de Quintana Roo desde el pasado mes de mayo de 2018, en dónde también fueran detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión el Juez que giró orden de aprehensión y dictó formal prisión por el delito de sabotaje a Pedro Canché sin pruebas que acreditaran el supuesto delito, Javier Ruíz Ortega, así como la Agente del Ministerio Público Tila Patricia Galera León quien ejerció acción penal en contra de Pedro aún cuándo no existió ningún elemento que acreditara la existencia del delito que se le imputó.

En este sentido, el Juez Sexto de Distrito consideró penalmente responsable por delitos contra la administración de justicia a Julio César Pérez pues emitió un dictamen pericial en criminalística de campo un día antes de que se iniciara investigación por el delito de sabotaje en contra de Pedro Canché, dictamen pericial al que la Ministerio Público y el Juez le dieron pleno valor probatorio, a pesar de que el mismo no tuvo fundamento que sustentara sus existencia.

De este modo, el Juez Federal con residencia en Chetumal sentenció a 3 años y 10 meses de prisión y multa por la cantidad de $42,343.28 a Julio César Pérez Vela, decretando además su destitución e inhabilitación para realizar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo lapso, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. De la misma forma, el ex funcionario deberá reparar el daño cometido a Pedro Canché por los actos que cometió en su perjuicio.

ARTICLE 19 celebra las gestiones hechas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, al tiempo que exige que continúe investigando a las demás personas que resulten responsables por los delitos cometidos contra Pedro Canché, antes, durante y después de su injusto encarcelamiento.

De la misma forma ARTICLE 19 ve con especial preocupación como el proceso que se ha llevado en contra de las y los funcionarios implicados en el injusto encarcelamiento de Canché en 2014, confirman el uso de los aparatos de procuración y administración de justicia como forma de castigo a las y los periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión.

El Poder Judicial Federal debe continuar con las sanciones a los diversos funcionarios detenidos en mayo de 2018, es decir, la Ministerio Público Tila Patricia Galera León y Javier Ruíz Ortega, quien fuera secretario en funciones de Juez al momento de dictar a orden de aprehensión y formal prisión en contra de Pedro Celestino Canche Hérrera.

Por último, ARTICLE 19 hace un especial llamado al Poder Judicial Federal, en particular a las y los jueces y magistrados Federales con residencia en Quintana Roo a que garanticen el derecho a la justicia completa e imparcial a Pedro Canché, pues actos como el que anteriormente cometió el Juez Sexto de Distrito al cambiar su valoración de las pruebas y dejar en libertad a Javier Ruíz Ortega demuestran que la justicia continuará incompleta para el periodista hasta que se reviertan dichos actos que presumen parcialidad.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al + 52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

#MeToo causa primer suicidio entre músicos, se suicida Armando Vega Gil

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CD de México.- El cantante y compositor de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil se suicidó en la madrugada de este primero de Abril, luego de haber sido acusado de violación de una menor.
En el mensaje póstumo Armando Gil subió a su cuenta un escrito donde reveló su intensión de suicidarse.

El compositor, músico y escritor fue acusado dentro de movimiento #MeToo de haber violado a una niña de 13 años, dicho señalamiento fue realizado de manera anónima.

Las acusaciones anónimas están destrozando vidas en las comunidades artísticas, periodísticas y defensores de derechos humanos.

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