Auditor superior del estado

Cotejará PVEM Ley Orgánica del Congreso, cuando se publique

Cancún.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) revisará y cotejarla la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez que se publique, para cotejarla y comprobar si hubo algún cambio indebido del dictamen que fue aprobado en el Congreso.
José de la Peña, diputado electo y dirigente estatal, señaló que esta reforma fue avalada el pasado 29 de diciembre y debió ser publicada en enero, pero inexplicablemente no ha aparecido hasta la fecha. Aunque no puede asegurar nada, es innegable que está la tentación de modificar ilegalmente el decreto, ahora que el bloque actual sabe que no será mayoría en la siguiente legislatura.
Incluso, dijo que podía apostar que muchos acuerdos y facultades que pasaban con voto simple serán modificados para que ahora requieran voto calificado, como una forma de entrampar a la nueva mayoría.
Indicó que tienen el dictamen original, como se presentó, y tienen parte de la sesión, en la que se leyó partes del documento, aunque no el documento en su totalidad. Estos elementos serán utilizados para cotejar con la reforma publicada, esperando ellos que se respete lo que los diputados aprobaron, y que es lo legal.
“Genera suspicacia, pues no son los tiempos naturales para la publicación de una ley y la tentación está ahí”, comentó.

MOVILIDAD
Cuestionados sobre los planes de revisar la Ley de Movilidad, ya tan discutida y modificada, indicó que actualmente está inoperante, pues en lugar de introducir controles, se perjudicó a los usuarios, al igual que a los concesionarios, lo que no solo son los taxistas, sino volqueteros y otros rubros.
En el caso particular de Uber, indicó que el PVEM es partidario a que entren estas plataformas digitales, pero tendrá que llegarse a un acuerdo, pues en Morena hay diputados a favor y en contra.

AUDITORÍA
Reafirmó que, en los primeros meses de la gestión del nuevo congreso, se solicitará una auditoría al exorbitante gasto hecho por la actual Legislatura, que se estima gastó hasta 200 millones de pesos en supuestas ayudas sociales.
Para De la Peña, quien también es integrante de la actual legislatura, lo correcto sería reducir el gasto del Poder Legislativo, cuya nómina habrá de revisarse, pues seguramente fue incrementada en hasta un 200%, considerando la forma en que se aumentaron su presupuesto en cuestión de dos años.
Sobre la impugnación al Distrito 8, aseguró que ganarán cualquier impugnación, tal como lo hicieron en las urnas, pues sus contrincantes incurrieron en todas las irregularidades de las que se quejan.

FISCALÍA
Sobre la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha solicitado cerca de 500 millones de pesos adicionales, el diputado local indicó que sabe que será uno de los puntos a ser tratados en periodo extraordinario.
En su opinión, debe equilibrarse el recurso que se le da a la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, siendo temas donde no caben las diferencias políticas.
Dijo llamarle la atención que sus compañeros diputados no le den las herramientas al fiscal actual, si provienen del mismo grupo político, y que, para su coalición, la seguridad será una prioridad.
Sobre los asentamientos irregulares, indicó que corresponde a la Fiscalía también entrar en el tema, pues la venta de terrenos en breña es un delito, en el que estarían incurriendo ejidatarios, quienes así crean cinturones de miseria.

Faltan 487 mdp por solventar del ejercicio fiscal 2017: auditor

Faltan 487 mdp por solventar del ejercicio fiscal 2017: auditor

Chetumal.- De acuerdo con el auditor superior del estado, son 487 millones de pesos los que presentan inconsistencias en el ejercicio fiscal 2017, sin especificar cuáles son las dependencias involucradas. Será hasta 30 días a partir de hoy cuando las unidades de Investigación y Sustanciación de la Auditoría darán a conocer lo que no se solvente ante el Tribunal Administrativo y la Fiscalía General del Estado.
“Hoy, 20 de febrero, de acuerdo a la ley de fiscalización, es obligación del titular de la Auditoría Superior del Estado entregar el informe general de esta fiscalización y en este caso corresponde al ejercicio 2017”, destacó el auditor Manuel Palacios Herrera, en entrevista a su llegada al Congreso.
El informe se refiere a 101 entidades, es decir poderes del estado, entes autónomos, entidades paramunicipales, municipios, organismos públicos descentralizados, paraestatales, fideicomisos, detalló.
“Hablamos de 300 observaciones en general y 511 recomendaciones. De acuerdo a la ley, los 487 millones de pesos que no se han solventado, los entes tendrán todavía 30 días para atender sus observaciones y recomendaciones”, indicó.
Una vez que se cumplan estos 30 días y habiendo presentado lo necesario para las aclaraciones, la Auditoría puede llamar a los entes para cotejar y analizar la información, previo antes de que la misma dependencia se pronuncie. Cuando se cumplan 120 días es cuando la Auditoría se pronunciará finalmente sobre los montos sin solventar.

MEJORAS Y RECURSOS FEDERALES
En su opinión, y a comparación de otros ejercicios, el auditor nota mejoras en el manejo de los recursos en el estado, es decir, mejoras en prácticas de gobierno y en la administración de recursos.
Sobre los fondos de algunas obras que provienen de la federación, el funcionario establece que ellos no pueden intervenir, pues eso le compete a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que trabajan de manera coordinada para colaborar en lo que les requieran. Además, señala que hoy mismo el titular de la ASF acudió al Congreso de la Unión a presentar el mismo informe, pero a nivel federal.
Otro factor que ha ayudado, consideró, es son los sistemas y organismos anticorrupción. Y también le atribuye las mejoras a que se han atendido las recomendaciones que ellos desde la Auditoría han hecho.
Concluye hablando de las posibles denuncias. Aclara que una vez pasados estos 30 días corresponderá a las unidades de Investigación y Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado serían las encargadas de dar a conocer faltas graves (si las hubiera) ante el Tribunal Administrativo y la Fiscalía General del Estado.