AUDITORIA

EL CARTEL DE LA TOGA

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Por Gonzalo Hermosillo

Magistrados y administrativos del Poder Judicial de Quintana Roo, implementaron 5 esquemas “agresivos “para saquear más de 100 millones de pesos durante la administración de Roberto Borge Angulo.

Fidel Villanueva, José Antonio León Ruiz, Marisol Balado Esquiliano, Georgina Magdalena Rodríguez, Jorge Luis kumul y Víctor Hugo André Ledesma, forman parte de una compleja red de corrupción que utilizaron para falsificar facturas, duplicación de gastos, servicios de mantenimiento inexistentes, obras fantasma y la utilización de accionistas como prestanombres para constituir “empresas fantasma” generando con ello una verdadera banda de “la delincuencia organizada”.

De los 100 millones de pesos hurtados del erario público, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó más de 32 millones de pesos en saqueos.

La Auditoría Superior del Estado en una amplia investigación (de 166 fojas) encontró: evidencia para enjuiciar y encarcelar a cada uno de los involucrados.

Este es el resumen de observaciones financieras que dictaminó la ASE :

“Se encontraron anomalías en adquisiciones, facturas falsas, alteradas, duplicidad y con sobre escritura. Además de involucrar a proveedores sin su consentimiento en este saqueo asqueroso orquestado por los magistrados Fidel Villanueva y José Antonio León Ruiz.

Además de lo anterior, los “mafiosos del poder judicial” generaron todo tipo de mecanismos para torcer la normativa. Crearon licitaciones amañadas, concursos públicos simulados con la finalidad de favorecer a contratistas amigos y compadres.

Fidel Villanueva y José Antonio León, se doctoraron en una “arquitectura del saqueo de los recursos públicos” solo superada por la famosa “ Estafa Maestra”

Y es que los magistrados y el Consejo de la Judicatura, han vendido a la sociedad una idea de honestidad y pulcritud, que solo es una careta que esconde un voraz grupo de sinvergüenzas.

Hoy, la Fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo y el Auditor Superior del Estado Manuel Palacios, tendrán que mostrar su capacidad para probar los niveles de podredumbre a los que llegó el Poder Judicial. Y desdibujar esa máquina del saqueo que nació con Fidel Villanueva y José Antonio León.

Dar con el destino del dinero, en qué se usó: ¿Campañas? ¿Negocios? ¿Patrimonios personales? ¿Todo lo anterior? Hay juicios que marcan un antes y un después en una sociedad.

 

Auditoría descubre desfalco en Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por compra de camioneta de lujo de 2.3 millones de pesos

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Felipe Carrillo Puerto.- Una revisión de la auditoría de la superior de la federación en el municipio felipe Carrillo Puerto puso al descubierto de la adquisición injustificada de una camioneta de lujo y desfalcos superior a los dos millones trescientos mil pesos.

Al finalizar el 2018 el municipio había erogado el 90.5% de los recursos el restante 9.5% término de ejercerse hasta el 31 de marzo del 2019, el dictamen de la auditoría combinada con el cumplimiento de 2018-D23002-21-1260-2019 se establece que incurrió en insorvendencias a la normativa en materia del destino de recursos en incumplimiento de la Ley de Fiscal tales faltas a la ley confirmaron a un probable daño a la hacienda y la irregularidad que representa prácticamente el monto observado fue la adquisición de una camioneta, vehiculo identificado como van equipada en esa camioneta el municipio gastó dos millones ochenta y ocho mil pesos en la compra del vehiculo de lujo la cual viola la ley principalmente en su articulo 33 tal adquision implicó un uso indebido de los recursos entregados por la federación (Luces del Siglo).

  • En contraste con las irregularidades, la auditoría resalta manejo de recursos para combatir la pobreza.

 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al municipio de Felipe Carrillo Puerto puso al descubierto la adquisición injustificada de una camioneta de lujo y desfalcos por un monto superior a los 2 millones 300 mil pesos.

Al finalizar 2018, el municipio había erogado el 90.5 por ciento de los recursos. El restante 9.5 por ciento terminó de ejercerse hasta el 31 marzo de este 2019.

En el dictamen de la auditoría combinada de cumplimiento y desempeño 2018-D23002-21-1260-2019 se establece que incurrió en “inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal”. Tales faltas a la ley derivaron en un probable daño a la hacienda pública por 2 millones 343 mil 600 pesos.

La irregularidad que representó prácticamente el total del monto observado fue la adquisición de una camioneta. Se trata de un vehículo identificado como “Van Equipado”.

Sólo en esa camioneta el municipio gastó 2 millones 088 mil pesos. La compra del vehículo de lujo, observa la ASF, viola la Ley de Coordinación Fiscal, principalmente en su artículo 33. Tal adquisición implicó un uso indebido de los recursos entregados por la Federación.

Otro desfalco detectado por los auditores es el pago de honorarios, con recursos del Fondo, a personas contratadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado.

De acuerdo con la ASF, se pagaron 255 mil 571 pesos “a personal de honorarios para supervisión de obra”. Estas personas –observa la ASF, sin proporcionar número de los empleados– trabajan para el gobierno de la entidad, adscritos a la Sedesol.

Además, por esos pagos el municipio no pudo presentar “documentación que compruebe que las actividades realizadas correspondan con la verificación y seguimiento de las obras que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos del Fondo”.

La ASF también concluyó que el gobierno de Felipe Carrillo Puerto no cuenta con un “adecuado sistema de control interno”. Por ello, señala, no tiene las herramientas para “identificar y atender” los riesgos del ejercicio de los recursos.

 

MEJORA ATENCIÓN SOCIAL

Por otra parte, el máximo órgano de fiscalización del país encuentra que la aplicación correcta de recursos entregados por la Federación al gobierno municipal influyó para disminuir la pobreza en zonas marginadas de la demarcación.

La auditoría, contenida en la más reciente entrega del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018–, reconoció al municipio los “esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales” durante los últimos años. Muestra de lo anterior, cita el documento, es que mejoró la calidad de la vivienda popular y la construcción de más espacios de este tipo; disminuyó el rezago educativo, así como el número de personas con ingreso por debajo de la línea de bienestar.

Los recursos auditados sumaron 176 millones 445 mil 800 pesos. Del total, la ASF comprobó que el municipio destinó el 50.7 por ciento (89 millones 465 mil 900 pesos) a la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables.

El resto –con la excepción de las irregularidades por más de 2 millones 300 mil pesos– a programas de drenaje, letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y a proyectos de contribución indirecta o complementarios en beneficio de ese sector de la población.

“Los objetivos y metas se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Felipe Carrillo Puerto invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo”.

El Magistrado Fidel Villanueva gastó más de 40 mil pesos en una taza de baño de su oficina

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Pese a la situación económica del país y la política de austeridad existente, el magistrado Fidel Villanueva desembolso del ERARIO más de 40 mil pesos en un retrete, lavabo y un porta rollo de papel higiénico para su oficina.

Según la factura con folio 283, revisada y cotejada por la Auditoria Superior del Estado, se observa el pago a María Cecilia Angulo Uc, por un monto de $40,860.77 por concepto de lavabo BCO 01123-020, inodoro Venice 4.5!” THF Premium 96. monomando p/lav DESA automático, porta rollo slcubieria.

Maestros de Conalep, de brazos cruzados; piden auditoría a director general

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Cancún.- Los docentes de los siete planteles de Conalep en el estado iniciaron hoy un paro de “brazos caídos” de dos horas en sus dos turnos, el que será aumentado a tres el próximo lunes, para exigir la recategorización de la planta laboral, así como la solución a un pliego petitorio.
Así lo afirmó Walter Ku Pech, dirigente del Sitaconqroo, el sindicato de Conalep en el estado, en rueda de prensa, en la que pidió a la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) a iniciar una auditoría hacia la gestión del director general, Anibal Montalvo, quien no ha entregado más de 4 millones de pesos en prestaciones, pese a que se confirmó por el lado de la Federación que ya se le liberaron.
“Pedimos la intervención de la Secretaría de Gobierno, de la Secoes, así como una auditoría; sí se pueden comprobar estos desvíos, pero deben sumarse a la transparencia que indica nuestro gobernador”, declaró el educador.
Ku Pech dijo tener información interna de la secretaría general del Conalep de estos malos manejos, principalmente en el dispendio de recursos en gastos administrativos e incluso en la promoción de la imagen del director general, en lugar de mejorar los salarios de los docentes.
Dicen contar con un oficio del subdirector de Planeación, el 7 de septiembre, en donde confirma que la liberación de los revucsos que piden está en manos del director general.
Sobre el paro de “brazos caídos”, confirman que fue de dos horas, en ambos turnos hoy, mañana será de tres y será acompañada por una manifestación, al mediodía, afuera del Palacio de Gobierno en Cancún, que es donde están la mayoría de los planteles.
El lunes igualmente será un paro de brazos caídos de tres horas, y el próximo martes, 8 de octubre, se hará una manifestación a nivel nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, con la participación de 26 estados.
Según el líder sindical, el director se niega a realizar la recategorización porque supuestamente costaría 60 millones de pesos, pero ellos hicieron su propia corrida y aseguran que solo será un importe de 5 millones de pesos.
Son 5 mil alumnos en siete planteles los que están afectados por el paro de brazos caídos.

Cotejará PVEM Ley Orgánica del Congreso, cuando se publique

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Cancún.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) revisará y cotejarla la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez que se publique, para cotejarla y comprobar si hubo algún cambio indebido del dictamen que fue aprobado en el Congreso.
José de la Peña, diputado electo y dirigente estatal, señaló que esta reforma fue avalada el pasado 29 de diciembre y debió ser publicada en enero, pero inexplicablemente no ha aparecido hasta la fecha. Aunque no puede asegurar nada, es innegable que está la tentación de modificar ilegalmente el decreto, ahora que el bloque actual sabe que no será mayoría en la siguiente legislatura.
Incluso, dijo que podía apostar que muchos acuerdos y facultades que pasaban con voto simple serán modificados para que ahora requieran voto calificado, como una forma de entrampar a la nueva mayoría.
Indicó que tienen el dictamen original, como se presentó, y tienen parte de la sesión, en la que se leyó partes del documento, aunque no el documento en su totalidad. Estos elementos serán utilizados para cotejar con la reforma publicada, esperando ellos que se respete lo que los diputados aprobaron, y que es lo legal.
“Genera suspicacia, pues no son los tiempos naturales para la publicación de una ley y la tentación está ahí”, comentó.

MOVILIDAD
Cuestionados sobre los planes de revisar la Ley de Movilidad, ya tan discutida y modificada, indicó que actualmente está inoperante, pues en lugar de introducir controles, se perjudicó a los usuarios, al igual que a los concesionarios, lo que no solo son los taxistas, sino volqueteros y otros rubros.
En el caso particular de Uber, indicó que el PVEM es partidario a que entren estas plataformas digitales, pero tendrá que llegarse a un acuerdo, pues en Morena hay diputados a favor y en contra.

AUDITORÍA
Reafirmó que, en los primeros meses de la gestión del nuevo congreso, se solicitará una auditoría al exorbitante gasto hecho por la actual Legislatura, que se estima gastó hasta 200 millones de pesos en supuestas ayudas sociales.
Para De la Peña, quien también es integrante de la actual legislatura, lo correcto sería reducir el gasto del Poder Legislativo, cuya nómina habrá de revisarse, pues seguramente fue incrementada en hasta un 200%, considerando la forma en que se aumentaron su presupuesto en cuestión de dos años.
Sobre la impugnación al Distrito 8, aseguró que ganarán cualquier impugnación, tal como lo hicieron en las urnas, pues sus contrincantes incurrieron en todas las irregularidades de las que se quejan.

FISCALÍA
Sobre la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha solicitado cerca de 500 millones de pesos adicionales, el diputado local indicó que sabe que será uno de los puntos a ser tratados en periodo extraordinario.
En su opinión, debe equilibrarse el recurso que se le da a la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, siendo temas donde no caben las diferencias políticas.
Dijo llamarle la atención que sus compañeros diputados no le den las herramientas al fiscal actual, si provienen del mismo grupo político, y que, para su coalición, la seguridad será una prioridad.
Sobre los asentamientos irregulares, indicó que corresponde a la Fiscalía también entrar en el tema, pues la venta de terrenos en breña es un delito, en el que estarían incurriendo ejidatarios, quienes así crean cinturones de miseria.

“Agarrón” en Senado, por gasto de Quintana Roo en sargazo

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Ciudad de México.- El Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en relación a los recursos utilizados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo para la estrategia de atención del recale masivo del sargazo en el ejercicio fiscal 2018 causó polémica entre los senadores Mayuli Lafita Martínez Simón (PAN), Freyda Marybel Villegas Canché (Morena), Damián Zepeda Vidales (PAN) y Bertha Xóchilt Gálvez Ruiz (PAN).
En la sesión de hoy martes, 30 de abril, se presentó ante el punto de acuerdo por medio de la Jucopo, por el que “se exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a considerar incluir en el próximo Ejercicio Fiscal los recursos utilizados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo para la estrategia de atención del recale masivo de sargazo en el Caribe mexicano en el Ejercicio Fiscal 2018”.
Además “el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Quintana Roo, a emitir a esta soberanía un informe detallado sobre los recursos utilizados para llevar a cabo la estrategia de atención del recale masivo del sargazo en el Caribe mexicano de agosto de 2018 a la fecha”; y se pide que “esta información sea publicada en el Portal de transparencia del Gobierno del Estado, a efecto de transparentar la aplicación de los recursos ejercidos”.
Ante esto, la senadora Mayuli Martínez Simón preguntó si era el único punto de acuerdo, pues la víspera ella y los empresarios de Quintana Roo solicitaron la intervención de la Federación para el combate a la arribazón del sargazo. El presidente de la mesa, Martí Batres Guadarrma, le dijo que sí, fue entonces que arremetió contra la propuesta.
Tomó la palabra y calificó el tema como “la agenda personal de una Senadora (Marybel Villegas) se mete a través, o se presenta a través de la Junta de Coordinación Política… Yo celebro el que se pueda hacer, para poder expresar, preguntar si era el único acuerdo, porque finalmente lo que se establece o lo que se dice en este acuerdo es y lo que se está señalando y asegurando es que, desde el 2013, el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada para poder resolver el problema del sargazo”.
Aclaró que “es grave que en esta tribuna se mienta, porque en este acuerdo establece y señala que son 62 millones de pesos que el gobierno federal dio para el Fonden, y no los 450 que el jueves pasado nos dijeron que se tenía que aclarar”.
Dijo estar de acuerdo con la transparencia en Quintana Roo, pero “reitero que se miente en esta Tribuna de lo que se dice hace unos días con lo que se dice el día de hoy; pero esto no está resolviendo el problema que debe asumir la Federación, el gobierno federal, y lo digo con todas sus letras, no le estoy echando la culpa al Presidente actual, es un tema de gobierno y eso tiene ya cinco años en el estado de Quintana Roo”.

RESPONDE MARYBEL VILLEGAS
Al hacer uso de la tribuna, la senadora Marybel Villegas Canché dijo que “efectivamente estamos ocupados con esta situación tan crítica del tema del sargazo. En el 2018 se invirtieron 240 millones, creo que está mal informada la persona que me antecedió. Y que el uso de este dinero fue responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno del Estado”.
Justifico que su punto de acuerdo lo que busca es combatir el tema de la corrupción, por ello es que se solicita que se audite ese recurso.
“Al día de hoy el gobernador, Carlos Joaquín, no ha informado al pueblo de Quintana Roo el destino de cada peso. Los medios reportaron en el 2018 las irregularidades en el pago de tres empresas para instalar estas barreras de contención.
¿Y qué creen? Son empresas vinculadas a Pemex, a la familia Joaquín; y no sólo eso, compañías con observaciones en Auditoría Superior de la Federación. Esta barrera de contención no sirvió, es sinónimo de corrupción, es un negocio”, fustigó.
Luego de su intervención, el senador Martí Batres Guadarrama se dirigió a la Senadora Freyda Marybel, y le dijo que “la Senadora Mayuli quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta?”. La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché contestó “No, no la acepto”.

INTERVIENEN OTROS SENADORES
El senador Damián Zepeda Vidales pidió la palabra y en su intervención ironizó que le parece increíble “cómo generamos un problema de una solución que se está buscando. Qué bueno que se vaya a hacer una auditoría el año entrante, a como el recurso se gastó en el 2018. Felicidades, le aprobamos el exhorto, con mucho gusto. Pero no dice absolutamente nada este punto de acuerdo de ayudar al estado de Quintana Roo a atender la emergencia que tienen por el sargazo en sus costas, nada”.
Propuso que se resolviera hoy mismo “la estrategia que tiene ahorita Morena, y citamos ahorita a la hora entrante, en una hora a las comisiones que la semana pasada no tuvieron quórum y dictaminamos hoy la reforma que permite que se tomen los recursos que llegan en las zonas específicas para que se queden en el estado y se destinen a la emergencia del sargazo”.
Por su parte, la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, de la Comisión de Medio Ambiente, manifestó su preocupación por el sargazo; “yo creo que aquí lo que tenemos que entender ante los datos que nos acaba de entregar Inegi, que tenemos un crecimiento negativo (de turismo) de 0.2 %, o sea, ya traemos crecimiento negativo, ya ni siquiera fue cero crecimiento”.
Agregó, “Cancún representa en el sector turístico un ingreso muy importante para la Federación, y nos lo decían ayer los empresarios hoteleros que están aquí, empiezan las cancelaciones de manera masiva por el tema del sargazo”.
“Yo te pediría Marybel (Villegas Canché), con todo respeto, haz una denuncia penal, te acompañamos en la Comisión Anticorrupción con todo gusto para que se investigue a fondo, pero no sólo como un punto de acuerdo una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se castigue cualquier acto de corrupción”.

Se cumple en tiempo y forma la entrega de la Cuenta Pública 2018 del Estado de Quintana Roo

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La Cuenta Pública 2018 ya está en la Auditoría Superior del Estado
• SEFIPLAN entrega 545 cajas que concentra información financiera del año 2018

Chetumal. El día de hoy la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Mtra. Yohanet Torres Muñoz, cumplió en tiempo y forma con la entrega de 545 cajas de la Cuenta Pública 2018 al Auditor Superior del Estado, Lic. Manuel Palacios Herrera.

Esto con el fin de dar cumplimiento a la obligación legal y constitucional establecida en el Artículo 75 fracción XXIX y Artículo 77 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Cabe mencionar que en este informe se concentra la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal.

Las 545 cajas foliadas representan un año laboral financiero del Estado de Quintana Roo para transparentar y dar fe al cumplimiento administrativo del 2018.

A la entrega asistieron la M.I. Yohanet Teodula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado; el C. Asunción Ramírez Castillo, Tesorero General del Estado; el L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo; el C.P. Alfredo Beristain Castillo, Director de Contabilidad Gubernamental.

En más del 90 por ciento el cumplimiento de transparencia por parte del Congreso

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Boletín 046/2019, 24 de marzo de 2019

+ Reporta el Idaipqroo que el Congreso del Estado lleva cumplidas al 90.29% sus obligaciones en materia de transparencia y pide mantener esos resultados.

+ Somos el Congreso que ha tenido mayor productividad y se confirma como el más transparente que ha tenido el Estado: Dip. Eduardo Martínez Arcila.

Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado de Quintana Roo ha cumplido al 90.29% sus obligaciones en materia de transparencia al haber subido toda la información a la que está obligado, dio a conocer el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (Idaipqroo), quien notificó de estos resultados a la Unidad de Transparencia del propio Poder Legislativo y en los que le sugiere “mantener estos resultados”.

Según el acuerdo IDAIPQROO/CV/DVOTD/8/II/2019, que evalúa la entrega de información del Congreso a la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) -difundido en febrero-, el Poder Legislativo logró este porcentaje en la calificación de los artículos 91 y 92 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo a los que está sujeto. Con esos números, se colocar en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia con un 88.73%.

Además, el Idaipqroo también difundió el “Acuerdo de Mérito por Buenas Prácticas de Transparencia” en el que se refiere seguir “induciendo al sujeto verificado obligado (el Poder Legislativo) a que en lo sucesivo mantenga estos resultados”.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, dijo que esto es resultado del trabajo que se ha hecho desde el inicio de la Legislatura y de esa manera se demuestra claramente que se cumple con unos de los compromisos de la agenda que se construyó junto con la ciudadanía.

“Nosotros seguiremos en el paso que llevamos como el Congreso más transparente que ha tenido este Estado, el Congreso que ha tenido una mayor productividad y que le ha dado al propio Estado Leyes y disposiciones que han fomentado y fortalecido la participación ciudadana”, comentó el legislador.

Martínez Arcila sostuvo que, de acuerdo con los propios datos de la Unidad de Transparencia del Congreso, se han atendido prácticamente el 100% de las solicitudes que se han presentado y ninguna de ellas ha sido recurrida al órgano de transparencia del Estado ni al superior que es el INAI.

“Hace un mes se organizó aquí en el estado el Primer Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa, muestra también de los pasos que se han dado para hacer de esta herramienta un eficaz mecanismo de rendición de cuentas.

En el Congreso del Estado la información es transparente, lo que se ha difundido en todos los medios, incluso para utilizarlos como mecanismo de crítica o señalamiento –críticas que son bienvenidas siempre y cuando tengan sustento- son datos que hemos hecho públicos, no es información filtrada, escondida ni oculta, ni mucho menos, es una información que ahí está a la vista de todos”, indicó.

El legislador recordó que han sido muchos los cambios que la ciudadanía tiene a la mano para evaluar: la habilitación de pantallas para verificar la asistencia, votaciones y leyes en discusión; el equipo de audio para escuchar de viva voz las participaciones de los legisladores; las transmisiones en vivo de las sesiones y de las comisiones, la transformación del portal de transparencia; la colocación de los gastos del Congreso; la lista de empleados del Poder Legislativo; la nómina, los contratos y proveedores de servicios, entre otras cosas.

Martínez Arcila dijo que el Congreso, hasta la fecha, ha sido auditado y no se han señalado observaciones; incluso, hay jueces que han ratificado que se ha entregado toda la información que se le ha solicitado. Consideró que los tiempos electorales que se avecinan, generan reacciones diversas, pero una cosa son los dichos y otra los hechos que se verifican como el documento que da a conocer el Idaipqroo.