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CERESOS de Quintana Roo se ubican en el tercer lugar de mejores centros penitenciarios del país con 7.19 de calificación, según evaluación de la CNDH

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Los cuatro Centros de Reinserción Social (CERESOS) de Quintana Roo en conjunto obtuvieron una calificación promedio de 7.19 según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en mayo de 2022.

El puntaje obtenido colocaron a los centros penitenciarios de la entidad como los terceros mejor calificados del país, tan solo por abajo del estado de Querétaro con 8.22 y Yucatán con 7.62.

El estudio evaluado a cada uno de los CERESOS de cada estado en cinco rubros que fueron:

1 Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad
2 Aspectos que garantizan una estancia digna
3 Condiciones de Gobernabilidad
4 Reinserción social de las personas privadas de la libertad
5 Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas

De acuerdo a las evaluaciones de cada uno de los cuatro CERESOS de Quintana Roo, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

1 Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel con calificación de 8.19
2 Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen con 7.27 puntos
3 Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal con promedio de 7.05
4 Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún con la calificación de 6.23

Intervino CNDH ante sobrepoblación en Inami de Chetumal

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Chetumal.- Migrantes han presentado 40 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), de las que este organismo ha hecho 10 visitas; esto incluyó la sobrepoblación en la sede del Instituto Nacional de Migración (Inami) de Chetumal hace cerca de dos meses, la que fue resuelta luego que interviniera la CNDH.
“La dinámica de Quintana Roo es compleja, desde la extranjería común y corriente, que va desde el tema de turismo, hasta problemas civiles o mercantiles, hasta lo que repercute y que ya es nuestra competencia, cuando se ven involucradas autoridades estatales o municipales o alguna lesión o violación a derechos humanos”, comentó en entrevista Marco Antonio Toh Euán, titular de la Cdheqroo.
Al cuestionársele sobre el estado de la estación migratoria de Chetumal, donde se han suscitado varios problemas, incluidas algunas fugas, dijo: “hemos tenido 10 visitas migratorias en total este año y ninguna fuga reportada; y en mi gestión sí pudimos ver hace un par de meses que hubo una sobrepoblación y también lo indicamos; aunque eso es labor de la CNDH”.
Aclaró que, por fortuna, con la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se resolvió esta sobrepoblación, pues había más gente de la que podían recibir los cuartos. A la vez que explicó que, aunque muchas veces las ONG o los familiares de los afectados acuden a la Cdheqroo, es en realidad un asunto que compete a la CNDH; pero de todos modos la Comisión Estatal interviene como gestora.
En el marco de la reunión binacional México-Belice en temas migratorias organizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU realizada en la capital del estado, dijo que ellos intervienen cuando hay casos como los de niños maltratados, personas que hacen huelga de hambre, cuando hay hacinamiento. Y de ser necesario le informan a la CNDH.
Destacó que este cónclave que se lleva a cabo entre autoridades del gobierno del estado y del gobierno de Belice, donde se habla de los problemas que padecen migrantes en esta zona fronteriza compartida. En esta ocasión incluso asistió en ombudsman beliceño. Y concluyó

Capella Ibarra hará responder a Cuauhtémoc Blanco ante Tribunales por inculparlo en la masacre de Temixco

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Cancún.- Ante la masacre de Temixco, el secretario estatal de Seguridad Pública afirma que “fui yo el 30 de Noviembre de 2017 quien públicamente solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

En su defensa ante los señalamientos del gobernador del Estado de Morelos , Cuauhtémoc Blanco, quien pretende inculparlo, está noche Capella Ibarra afirma que colaboró con la CNDH con la presentación de informes que le fue solicitada cuando fungió como titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en el Estado de Morelos.

Expresó en su cuenta de twitter que Cuauhtémoc Blanco tendrá que responder ante tribunales por querer inculparlo.

“Las calumniosas afirmaciones de @cuauhtemocb10 ayer demuestra que no entiende de leyes, ni de procedimientos y su desprecio a estos.

En tribunales deberá acreditar sus afirmaciones que se suman a las anteriores. El apellido de mis hijos lo voy a defender hasta mi último suspiro”.

Añadió :

“Acertado comentario MariaJose que me hizo recordar a @cuauhtemocb10 a quien seguramente le aplican más de dos adjetivos. Ante los lamentables hechos de Temixco fui yo el 30/11/17 quien públicamente solicitó la intervención de la CNDH para darle transparencia a la investigación.

En todo momento como obra en el exp de la CNDH presentamos los informes y la información que fue solicitada a la CES en varias ocasiones. Todos los funcionarios estamos sujetos a la responsabilidad de nuestros actos. En mi caso actúe dentro de la ley y en base a mi criterio”.

CNDH emite recomendación por masacre en Temixco en 2017 y Cuauhtémoc Blanco responde que citará a Alberto Capella

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Cuernavaca.- La recomendación 21/2019 por violaciones graves que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dirigido al Gobierno de Morelos, ha hecho reaccionar al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien dijo citará vía la fiscalía al titular de la Secretaría Estatal de Seguridad de QRoo, Alberto Capella por la masacre de Temixco.

En esta recomendación de la masacre de Temixco, donde fueron abatidos 6 personas, entre ellos un bebé y otras 7 personas heridas, entre ellos dos bebés, por parte de la Policía Estatal del Estado de Morelos el 30 de Noviembre de 2017 a cargo en ese entonces de Alberto Capella,

Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Temixco, el 30 de noviembre de 2017, donde una familia habría sido asesinada en un operativo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que se les dará respuesta sin importan quién caiga.

Recomendación 21/2019  Lea Aquí

 

 

Por eso, dijo, ha solicitado al fiscal general que cumpla con la aplicación de la ley aún cuando tenga que ser llamado el ex titular de la CES, Alberto Capella.

A diferencia de gobiernos pasados, en su mandato, subrayó, en todo momento se velará por el respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía, por eso se atenderá de manera inmediata la recomendación 21VG/2019 emitida por la CNDH, con respecto a las graves faltas cometidas por la administración del ex gobernador, y el ex comisionado estatal de la CES, Alberto Capella Ibarra.

El gobernador afirmó que no habrá cabida para la impunidad; nosotros no vamos a cubrir a nadie, se debe llegar a las últimas consecuencias, sin importar de quién se trate, incluso si alguno de sus colaboradores comete algún abuso igual será sancionado.

Cabe decir que la recomendación se derivó por los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2017, en Temixco, donde policías del Mando Único de Graco Ramírez y Alberto Capella ingresaron de forma violenta a un domicilio, supuestamente porque una denuncia ciudadana les indicó que en ese lugar se escondían personas armadas, pero en un franco abuso de violencia causaron la muerte a integrantes de una familia, incluidos menores de edad.

“Quien la deba, que la pague”, advirtió Cuauhtémoc Blanco, al referirse a los ex funcionarios que nunca fueron sancionados a pesar de haberse comprobado el abuso en contra de menores y mujeres.

El mandatario ordenó a la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) la atención inmediata a los afectados, para que puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto por la ley. De igual manera a todas las dependencias estatales señaladas en la recomendación a cumplir con las solicitudes de inmediato.

CUERNAVACA.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que solicitará que el actual secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, y el actual fiscal Uriel Carmona, ‘rindan cuentas’ sobre la masacre ocurrida la madrugada del 30 de noviembre de 2017 en una vivienda de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco por lo que solicitará que comparezcan.

Blanco Bravo acusó a Capella Ibarra de haber estado vinculado con el crimen organizado mientras estuvo al frente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos durante el Gobierno de Graco Ramírez.

El mandatario de Morelos afirmó lo anterior después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación DGC/268/19 en la que advierten al gobernador Blanco Bravo y al fiscal Uriel Carmona Gándara sobre violaciones graves por la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos infantes, en Temixco, así como una investigación irregular en el caso.

La Fiscalía General de Morelos informó más tarde que, en las investigaciones, los resultados del peritaje demostraron que la escena del crimen había sido alterada, además que, entre las cuatro personas que fueron detenidas, ninguno había disparado desde el interior del domicilio como lo argumentaron los policías que participaron en el operativo.

Blanco Bravo aseguró que aceptarán la recomendación de la CNDH y van a reparar el daño a las víctimas de la masacre, como lo ha solicitado la comisión. pues dijo estar a favor del respeto a los derechos humanos.

“Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, vamos a seguir con la misma línea, nosotros no somos abusivos (…) sí checaremos (la reparación del daño) lo que se pueda hacer siempre lo he dicho, no se vale”, acotó.

Respecto a los policías que participaron en el operativo, el mandatario señaló que serán investigados hasta las últimas consecuencias y que no se va a cubrir a nadie, aún y cuando esté trabajando en Gobierno actual.

En la recomendación, la CNDH informó que, tras las investigaciones que se hicieron, se acreditó que los elementos al mando de Alberto Capella incurrieron en allanamiento de las casas habitación en que estaban las víctimas, así como en detenciones arbitraria en agravio de siete personas, y uso excesivo de la fuerza que derivó en al ejecución arbitraria de seis personas.

La recomendación también señala trato cruel, inhumano y degradante derivado de las lesiones de cuatro personas (incluidos dos menores, entre estos una bebé de tres meses), dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el agente del Ministerio Público y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima( Con información del Sol de Cuernavaca y El Financiero).

No prejuzgamos, sólo que se conozca la verdad de Tlahuelilpan: CNDH

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No prejuzgamos, sólo que se conozca la verdad de Tlahuelilpan: CNDH

CNDH ratifica postura de queja oficiosa en explosiones en Tlahuelilpan
Cd. De México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rectificó y precisó, mediante un segundo comunicado, su actuación en el caso de las explosiones ocurridas en Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde primero abrió una queja de oficio para investigar la presunción de alguna autoridad por omisión y ahora informa que es para conocer la verdad de lo ocurrido.
La CNDH precisó que determinó la apertura de un expediente de queja en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, en atención a su trascendencia e impacto social por el elevado número de personas que perdieron la vida y resultaron heridas en las explosiones del 18 de enero.
Y señala que hay presunción, de acuerdo a lo publicado por los medios de información, de algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales.
Afirma el segundo comunicado sobre este tema que la CNDH busca garantizar que la sociedad, las víctimas y sus familiares, conozcan la verdad sobre lo ocurrido; que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales hechos; y que las personas lesionadas reciban el acompañamiento y atención médica que sus casos demandan, previniéndose nuevas afectaciones.
Aclara que la queja oficiosa iniciada por la CNDH no prejuzga sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos o sobre la responsabilidad concreta de autoridades, ya que solo es en vía de colaboración y en ese tenor pidió información a autoridades de los tres niveles de gobierno, para conocer de primera mano su versión y el sentido que, de ser el caso tuvo, su intervención en los hechos.
Entre estas instancias podemos mencionar a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Petróleos Mexicanos, y la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual forma, se solicitará información a otras autoridades como la Secretaría de Salud, y la Presidencia Municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo.
En relación a la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás autoridades a quienes se les ha solicitado información, es preciso señalar que la CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas.

DIRIGE CNDH RECOMENDACIÓN AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y A LA PGR, POR INCURRIR EN DIVERSAS OMISIONES

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DIRIGE CNDH RECOMENDACIÓN AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
SUR Y A LA PGR, POR INCURRIR EN DIVERSAS OMISIONES E
IRREGULARIDADES AL INVESTIGAR AGRESIONES COMETIDAS CONTRA
UN PERIODISTA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE PROVOCARON SU
DESPLAZAMIENTO FORZADO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 91/2018
al Gobernador de Baja California Sur y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR), por
incurrir en diversas irregularidades al investigar las agresiones cometidas contra un periodista,
haber omitido salvaguardar su libre ejercicio de la libertad de expresión e incumplir con su
obligación de garantizarle un retorno seguro al ser desplazado forzadamente, ésta última
omisión únicamente atribuible al Gobierno de Baja California Sur.
Este Organismo Nacional acreditó que las autoridades transgredieron los derechos humanos
del periodista de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la libertad
de expresión, y a no ser víctima de desplazamiento forzado.
El 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28 de marzo de 2017, personas desconocidas
ingresaron a la vivienda del periodista para incendiar los vehículos que se encontraban en su
interior; en los dos primeros sucesos el fuego ocasionó serios daños a los vehículos y al
inmueble. En el tercer evento los agresores no lograron consumar el incendio debido a la
intervención de los escoltas designados para la protección del comunicador, dándose un
enfrentamiento con armas de fuego, en el que uno de los escoltas perdió la vida.
La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones correspondientes que hasta la
fecha no se han determinado, lo cual ha traído como consecuencia que el periodista no tenga
certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un riesgo inminente, por lo cual
no ha podido reanudar su actividad periodística a plenitud. Al haber iniciado las
investigaciones, la PGR debe analizar y determinar si ejerce o no la facultad de atracción.
Con motivo del primer atentado, este Organismo Nacional solicitó a la Secretaría de Gobierno
del estado la implementación de medidas cautelares en favor del agraviado y su familia; a
pesar de que la solicitud fue aceptada por la autoridad, ocurrieron agresiones posteriores que
no fueron repelidas por la autoridad local. Aunado a ello, el comunicador manifestó a la CNDH
que no recibió ninguna medida de protección por parte del gobierno local y tampoco fue
contactado para ello, por lo cual el Gobierno del Estado faltó a su deber de garantizar un
ambiente seguro para el periodista.
Después del segundo ataque el periodista fue incorporado al Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgándosele medidas                                                  urgentes para salvaguardar su vida y seguridad; después del tercer ataque, se le extrajo de la
entidad y actualmente se encuentra desplazado al interior de la República sin que el Gobierno
del Estado de Baja California Sur haya cumplido con su obligación de garantizar el retorno
voluntario o reasentamiento del periodista para que retome su vida habitual en su lugar de
origen.
En su investigación, la CNDH confirmó la violación a los derechos humanos ya mencionados,
por lo que pide al Gobernador de Baja California Sur repare de manera integral el daño al
periodista; se continúe con la integración de la carpeta de investigación del tercer ataque, a fin
de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, considerando que los hechos que se
investigan constituyeron una agresión al comunicador; se emitan lineamientos en los que
establezca la posibilidad de que dicha representación social estatal consulte a la PGR sobre
la atracción de las indagatorias cuyas víctimas sean periodistas o personas afectadas en el
ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, se coadyuve con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se
presente ante la Contraloría General del Estado y el Órgano Interno de Control de la
Procuraduría Estatal en contra de los servidores públicos involucrados; se capacite a los
agentes del Ministerio Público respecto de la debida diligencia en la integración de
indagatorias, así como al personal encargado de atender a periodistas; se realice un
diagnóstico de la situación de violencia que viven los comunicadores de la entidad que
provocan el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), y un plan de acción para solventar las fallas
institucionales para garantizar un entorno seguro al gremio periodístico.
Al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General
de la República (PGR) se solicita continuar con la integración de las carpetas de investigación,
a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; colaborar con la CNDH en el
trámite del procedimiento que promueva ante la Visitaduría General de la PGR para que
investigue, y en su caso, determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir
personal pericial y policial que participó en la integración de las carpetas de investigación
federales.
Se capacite al personal ministerial respecto de la debida diligencia en la integración de las
investigaciones; analizar y determinar si ejercerá la facultad de atracción en el presente caso
y, emitir lineamientos al respecto.