DERECHOS LABORALES

Cd de México.- Maestros legisladores se abstuvieron de votar el dictamen de la nueva reforma educativa promovida por Andrés Manuel López Obrador, debido a que los docentes y trabajadores del sector educativo fueron excluidos de la protección y garantías constitucionales que otorga el 123 en sus apartados A y B.
Estos 12 maestros ahora en funciones de diputados forman parte de los 48 que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, junto a los 3 votos en contra de dicho dictamen fueron suficientes para detener este proceso en lo particular, ya que por mayoría fue aprobado en lo general.
“Ningún maestro o trabajador de la educación puede quedar fuera de los derechos y garantías del 123 Constitucional, por lo que el acuerdo era modificar el primer dictamen, pero ante la necesidad de los demás legisladores se propuso crear un apartado c dentro de este artículo que cobijara a los docentes, lo cual no se hizo y propició que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sitiara nuevamente San Lázaro, impidiendo la salida de los diputados”, precisó Patricia Palma Olvera, legisladora federal por Quintana Roo.
Indicó que en la Comisión de Educación hay quince docentes (diputados federales) que están pendientes de cada artículo que se propone en la reforma educativa y no permitirán que se vulneren los derechos de los maestros.
Los maestros Quintanarroenses deben estar tranquilos que sus derechos laborales serán respetados al máximo y precisados en la Constitución Política y en las leyes secundarias y se garantizará el derecho a la educación a todos, tomando como prioridad el papel del docente en el proceso educativo en nuestro país, precisó Patty Palma,
Reconoció que los votos de los mentores la llevaron a San Lázaro y por tanto no se permitirá que nada dañe o vulnere sus derechos laborales, sus conquistas salariales y demás prestaciones que deben tener para garantizar que su papel en el proceso educativo sea de éxito.
Este dictamen, si bien es cierto, señaló la diputada establece que Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social, también obliga al gobierno a que le otorgue a los docentes un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
Sin embargo no cambia de fondo el sentido que tendrá la nueva figura de la educación y expone a los maestros a ser sujetos de arbitrariedades como los 29 despidos ocurridos en Quintana Roo y que se ha ordenado se restablezca al permitir que subsista el carácter punitivo en esta nueva reforma.
El Artículo Decimosexto Transitorio del Dictamen aprobado en lo general señala que las relaciones laborales de los docentes quedan sujetas a lo establecido en al Apartado B del Artículo 123 constitucional, el mismo artículo da pie, en su parte final, al control punitivo en la legislación secundaria, por ordenamiento de las modificaciones propuestas al Artículo 3o. de la Constitución, lo cual supone dos contradicciones; por una parte, el espíritu del Artículo Tercero dejaría de ser estrictamente educativo para influir en las relaciones laborales de los docentes y, por otro lado, el citado Transitorio, merma las plenitud del ejercicio del Articulo 123 Apartado B II al contemplar el proceso de admisión, promoción y reconocimiento en los términos de las modificaciones al Artículo 3o.
También deja muchas dudas la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que se propone en la Fracción IX del Artículo 3o. que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, es decir, será completamente ajeno a la Secretaria de Educación Pública, y que asemeja al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación –INEE—herramienta punitiva y de control sobre el gremio magisterial durante la administración anterior, y cuyo costo al erario público resulta altísimo y poco eficiente a la luz de sus resultados y de la situación actual de la educación en México; y dicho sea de paso, los trabajadores del INEE sí se rigen por las leyes reglamentarias del 123 constitucional.