La SEFIPLAN y la Consejería Jurídica elaboran proyecto de reforma para la Ley de Alcohol
• En análisis propuesta para reformar la Ley de Alcohol
• Trabajo en conjunto en la elaboración de reglamentos de la Ley entre Gobierno del Estado y sector empresarial
CHETUMAL.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Consejería Jurídica de Quintana Roo, elaboran un proyecto de reforma sobre la Ley de Alcoholes que complemente las nuevas disposiciones publicadas el día 10 de enero de este año; lo anterior derivado de las reuniones que se han establecido con los diversos sectores empresariales así como, con los Tesoreros de cada Ayuntamiento del Estado.
Como parte de la política del gobernador Carlos Joaquín de mantener un gobierno de puertas abiertas; se han escuchado las inquietudes de cada sector reafirmando el compromiso de todos los niveles de gobierno; así como del sector empresarial, para contribuir en las estrategias de seguridad que ha implementado el Ejecutivo para así combatir a la corrupción.
Las principales reformas analizadas sobre la extensión de horarios como así lo plantea la Ley, junto con la determinación de las zonas turísticas a fin de que la propuesta que se presente sea producto del consenso entre los diferentes actores para beneficiar al sector empresarial y turístico de Quintana Roo.
Además se estableció que en la elaboración de los Reglamentos de la Ley, serán invitados los sectores empresariales para sumarse a las mesas de trabajo que el Gobierno del Estado implementará para coadyuvar con la economía de Quintana Roo.
Sobre este acuerdo el Procurador Fiscal del estado, Mtro. Jonas Ascencio Suárez, destacó “Hay una abierta y cordial disposición del dialogo por parte de los empresarios y el Gobierno del Estado, aunado al trabajo en conjunto para que este proyecto de reforma complemente de manera positiva las modificaciones anteriores”.
A su vez Ascencio Suárez hizo mención que por instrucción del gobernador Carlos Joaquín, el Gobierno del Estado será respetuoso de la autonomía Municipal; así como, mantendrá los criterios de no intervención en la recaudación e ingresos propios de los Ayuntamientos.
