Impunidad

Firme el combate a la impunidad en Quintana Roo, garantiza el Fiscal General del Estado Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales

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*Se fortalecerán habilidades y destrezas del personal para alcanzar una estructura institucional mejorada este año 2020.

*Se destinará mayor inversión a laboratorios de servicios periciales, tecnologías y al área de inteligencia policial.

Chetumal.- Para este año 2020 la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), fortalecerá sus esquemas de combate a la impunidad, seguirá fomentando la cultura de la denuncia, la consolidación del Sistema Penal Acusatorio así como dotar de mayor capacitación para ampliar los conocimientos y habilidades del personal, con el objetivo de alcanzar una estructura institucional mejorada para otorgar una atención y servicio de excelencia a los quintanarroenses.

Entrevistado en el marco del Día del Policía, el Fiscal General del Estado Maestro Óscar Montes de Oca Rosales agregó que una de las acciones fundamentales de la Fiscalía es disminuir la impunidad, mediante el fomento de la cultura de la denuncia y el fortalecimiento de los esquemas para el combate permanente del delito.

Como parte de este trabajo, dentro de las filas de la policía ministerial fueron consignados 4 elementos y 1 más se encuentra detenido durante este 2020.

En el rubro de capacitación destacó, se buscará consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial e impulsar el aprendizaje, desarrollo y destrezas del personal en las diversas técnicas jurídicas y científicas para la mejora continua en todas las áreas de atención y servicios de la FGE.

En materia de infraestructura, se impulsarán los laboratorios de servicios periciales, de tecnologías y el área de inteligencia policial a los que se destinará una mayor inversión; se estima concluir el edificio de la Fiscalía en Cancún dentro de una estricta disciplina financiera y conforme a la fluidez de recursos como se espera, porque actualmente está remodelado en una primera etapa de cinco.

También este año se buscará mejorar las instalaciones en Playa del Carmen y ampliar un poco las de Chetumal.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo hará uso de todos sus recursos para eficientar los mecanismos de denuncia y los actos de investigación para estar a la altura de la impartición de justicia que exigen los quintanarroenses.

*Comunicado emitido por comunicación Social de la FGE.

Firme el combate a la impunidad en Quintana Roo, garantiza el Fiscal General del Estado Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales*

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*Se fortalecerán habilidades y destrezas del personal para alcanzar una estructura institucional mejorada este año 2020.

*Se destinará mayor inversión a laboratorios de servicios periciales, tecnologías y al área de inteligencia policial.

Chetumal.- Para este año 2020 la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), fortalecerá sus esquemas de combate a la impunidad, seguirá fomentando la cultura de la denuncia, la consolidación del Sistema Penal Acusatorio así como dotar de mayor capacitación para ampliar los conocimientos y habilidades del personal, con el objetivo de alcanzar una estructura institucional mejorada para otorgar una atención y servicio de excelencia a los quintanarroenses.

Entrevistado en el marco del Día del Policía, el Fiscal General del Estado Maestro Óscar Montes de Oca Rosales agregó que una de las acciones fundamentales de la Fiscalía es disminuir la impunidad, mediante el fomento de la cultura de la denuncia y el fortalecimiento de los esquemas para el combate permanente del delito.

Como parte de este trabajo, dentro de las filas de la policía ministerial fueron consignados 4 elementos y 1 más se encuentra detenido durante este 2020.

En el rubro de capacitación destacó, se buscará consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial e impulsar el aprendizaje, desarrollo y destrezas del personal en las diversas técnicas jurídicas y científicas para la mejora continua en todas las áreas de atención y servicios de la FGE.

En materia de infraestructura, se impulsarán los laboratorios de servicios periciales, de tecnologías y el área de inteligencia policial a los que se destinará una mayor inversión; se estima concluir el edificio de la Fiscalía en Cancún dentro de una estricta disciplina financiera y conforme a la fluidez de recursos como se espera, porque actualmente está remodelado en una primera etapa de cinco.

También este año se buscará mejorar las instalaciones en Playa del Carmen y ampliar un poco las de Chetumal.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo hará uso de todos sus recursos para eficientar los mecanismos de denuncia y los actos de investigación para estar a la altura de la impartición de justicia que exigen los quintanarroenses.

*Comunicado emitido por comunicación Social de la FGE.

El Quintana Roo renovado que necesitamos: Carlos Joaquín

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*El gobernador Carlos Joaquín presidió la ceremonia de conmemoración del XLV Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo
*El desarrollo y crecimiento de Quintana Roo lideran muchas de las estadísticas del país

Chetumal.- “Día a día trabajamos de la mano los tres órdenes de gobierno para construir un Quintan Roo de vanguardia, moderno y renovado, abierto a los cambios que nuestra sociedad demanda”, afirmo el gobernador Carlos Joaquín durante la conmemoración del XLV Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado.

Carlos Joaquín dijo que “vivimos en el Quintana Roo donde hoy podemos mirarnos a los ojos, en donde luchamos contra la impunidad, en donde quien la hace la paga, en donde nuestra Carta Magna y sus instituciones son respetadas en la más amplia independencia de poderes.”

“Tenemos que trabajar en unidad, de la mano, para integrarnos como sociedad, respetando la pluralidad y reconociendo que vivimos en una realidad donde caben diferentes modos de pensar, de comprender y de sentir”, afirmó Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo añadió que, en estos 45 años de vida constitucional, “nuestro Quintana Roo ha experimentado niveles desarrollo y crecimiento que lideran muchas de las estadísticas del país, a partir de un liderazgo turístico de clase mundial y una tasa de empleo por arriba de la media nacional”.

Durante la ceremonia cívica, realizada frente al Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los diputados constituyentes Gilberto Pastrana Novelo, Sebastián Estrella Pool, Mario Bernardo Ramírez Canul y Alberto Villanueva Sansores. Joel Saury Galue, subsecretario de gobierno, leyó las semblanzas de quienes, con Pedro Joaquín Coldwell, Abraham Martínez Ross y José Flota Valdez, contribuyeron a la creación de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Por su parte, Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno, leyó el decreto de creación de la Constitución Política del Estado.

Al evento acudieron Reyna Arelly Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura; Magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia; José Luis Vázquez Araiza, Comandante de la 34a Zona Militar; vicealmirante Eduardo Rojas Pinedo, Comandante de la 11 Zona Naval y Manuel Alamilla Ceballos, oficial Mayor.

También acudieron al acto protocolario: integrantes del gabinete legal y ampliado, presidentes municipales, personal de gobierno y público en general.

Ladrón de motocicletas se jacta de impunidad

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Playa del Carmen.- A pesar de que la policía lo detuvo en flagrancia sobre una moto robada, Andalaín C. continúa el libertad, más de tres años después, al parecer dedicado a esta actividad, pues hay videos en los que se le ve robándose otras tres motos. Pese a todo esto, el Ministerio Público y defensor ya le advirtieron a la víctima que probablemente perdería el caso, algo de lo que el presunto ladrón incluso fue a jactarse con él, ofreciéndole una minúscula suma para que desista, toda vez que el sistema está de su lado.
Sin ocultar su frustración e impotencia, Miguel Ángel Baldeo Rodríguez, entrenador de box, declaró en entrevista en los juzgados orales que ignora qué tan claro tiene que ser la evidencia para logra meter a un delincuente tras las rejas.
“Aquí tenemos alguien capturado en el acto, robándose una motocicleta, y me dicen que probablemente gane”, lamentó.
Fue hace tres años y medio que esta persona le robó su motocicleta, marca Harley Davidson. El responsable fue detenido en flagrancia y llevado ante un juez, quien lo dejó en libertad, por no ser delito grave.
“Se le pidió presentarse en unas semanas, pero se desapareció”, comentó el agraviado.
Fue hasta hace poco que volvió a ser capturado, y por segunda ocasión se le presentó ante un juez, que de nuevo le otorga caución.
“Ya tiene otras tres denuncias por robo de motos e incluso cuando el juez le pregunta a qué se dedica, dice no tener trabajo; ni siquiera oculta que se dedica al robo”, continuó la víctima.
Sin embargo, al acudir a los juzgados, se lleva la sorpresa de que tanto el agente del Ministerio Público como su defensor, a quien nunca había visto antes, le dijeron que probablemente perdería, pues “no hay evidencias o testigos”, cuando la autoridad lo detuvo en flagrancia y esto consta en los informes.
El entrenador indicó que presentó los videos de cómo se ha robado otras tres motos, pero le dicen que no es pertinente al caso, por lo que los descartaron.
“Algo está mal en el sistema y esta persona lo sabe, porque Andalaín se me acercó y ofreció resolver esto pagando un monto, pues sabe que tiene las de ganar”, comentó.
El ladrón incluso se advirtió que sería mejor tomar lo que le ofrece que ir a juicio, pues allí no obtendría nada. Por su actitud, se ve que lo ha hecho antes y que por ello no tiene récord criminal.

Mineras y Embajada de Canadá en México, relacionadas al asesinato de activistas

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Por J. JESÚS LEMUS

Por esta nota, que habla de la letalidad de las mineras canadienses en México y su asociación con algunos asesinatos de activistas, que a continuación volvemos a reproducir, la empresa canadiense HostPapa, que vendía el servicio de host a Zenzontle400 censuró nuestro sitio web por más de una semana. Nada nos callará ni nos hará retroceder en nuestro apostolado periodístico. Solo esperamos que la FGR atienda puntualmente la denuncia interpuesta contra HostPapa por el atentado cometido contra la libertad de expresión de Zenzontle400.

 

Los familiares del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, el 27 de noviembre del 2009, después de una larga batalla y a casi 10 años del suceso, han hecho escuchar su voz de protestas en Canadá, en donde reclaman justicia al gobierno de ese país por el asesinato de este defensor del territorio.

Los deudos de Mariano Abarca, quien se opuso en vida a la operación de la mina a cielo abierto de oro, antimonio y barita operada por la empresa canadiense Black Fire en el Chicomuselo, lograron que un juez de Canadá atendiera el alegato de responsabilidad en este asesinato, no solo de la minera Black Fire, sino también de la embajada de Canadiense en nuestro país.

Este es un hito en la historia de búsqueda de justicia en los asesinatos de los defensores del territorio mexicano contra las mineras trasnacionales, pues hasta ahora, aun cuando se había evidenciado periodísticamente la participación de empresas mineras canadienses en varios asesinatos a defensores, ninguna instancia oficial había siquiera reconocido esa posibilidad.

La decisión del Juez canadiense de Keith M. Boswell, de escuchar el argumento de los familiares de Mariano Abarca Roblero, que refieren la responsabilidad de la minera Back Fire en este asesinato, abre la posibilidad de que otros homicidio de defensores de la tierra, que siguen en la impunidad por parte del gobierno mexicano, sean atendidos por los aparatos de justicia de los países de donde proceden las mineras señaladas de las agresiones.

Actualmente en México, de los 170 asesinatos de defensores del territorio que han sido registrados solo entre el 2010 al 2019, se estima –porque así lo refieren las evidencias extraoficiales- que en por lo menos 73 casos existe una participación directa de funcionarios de las empresas principalmente de origen canadiense, chino, norteamericano y argentino.

Sumado al asesinato de Mariano Abarca Roblero, también se encuentran las ejecuciones de otros activistas como Bernardo Vásquez de Puebla; Ramón Corrales Vega de Sinaloa; Jorge Torres y Efraín Moreno de Tabasco, así como el de Jazmín Rosario Azamar de Rosas en Veracruz, en donde se infiere la participación de las empresas mineras contra la que se alzaron en defensa de la tierra y el agua.

Lo más lamentable es que no solo se señala de esos asesinatos, entre otros, a las mineras trasnacionales, sino que también existen evidencias de intervención en dichas ejecuciones de las embajadas de varios países en México, las que intervinieron directamente en la “solución” de los conflictos que enfrentaron sus mineras contra los pobladores opositores, en donde el asesinato de los lideres fue una de las salidas acordadas.

El caso lo evidencia el asesinato de Mariano Abarca Roblero, del que se ha establecido que luego de oponerse a la operación de la minera Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, la representación diplomática de Canadá en México, jugó –igual que en otros casos- un papel activo para posibilitar el fin del conflicto mediante el asesinato del principal líder comunal opositor.

Se sabe que el asesinato de Mariano Abarca, que fue ejecutado por un solitario ejecutor a bordo de una motocicleta, está relacionado con decisiones tomadas por el director general de Black Fire, Artemio Ávila Cervera, y el Gerente de Relaciones Públicas de la misma minera, Luis Antonio Flores Villatoro, quienes habrían recibido el respaldo de la embajada de Canadá en México, para terminar con el plantón que mantenía paralizada la mina contra la que se opuso Mariano Abarca.

De esta situación, obviamente, en el expediente de investigación que inició la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, ni siquiera existe algún indicio que apunte a la apertura de una línea de investigación, en donde también se presume la participación de funcionarios del gobierno federal que cedieron el control a la embajada canadiense para cuidar los intereses económicos de sus empresas en México.

Una Política de Estado

Llama la atención que las acciones de disputa, que mantienen las mineras frente a los pueblos originarios en nuestro, no sólo se llevan a cabo con la participación de funcionarios del gobierno federal, sino que en la mayoría de los casos se cuenta con el apoyo de las embajadas de los países de origen de esos capitales.

El caso más evidente es la participación de la embajada canadiense en México, la que a través de su política “Economic Diplomacy”, se ha dedicado a proteger los intereses económicos de las mineras, siendo gestora de acciones de represión contra los pueblos que defienden su derecho al uso del agua, llegando en muchos casos a la decisión de ejecutar a los opositores.

Existen evidencias documentadas por organizaciones civiles como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y Minning Watch, que revelan la participación de la embajada canadiense en México en acciones agresivas contra los pueblos.

Desde el 2004 hasta el cierre del 2018, la embajada canadiense en México había empujado, ante esferas del gobierno federal mexicano, acciones a favor de las mineras y consecuentemente en contra los pueblos naturales, en al menos 200 puntos geográficos de todo país, donde se han registrado, solo en los últimos cinco año, por lo menos 35 asesinatos de defensores ambientalistas.

La Sierrita, un Caso de Estudio

El caso más evidente de la intervención de la embajada canadiense, en apoyo a una minera con la finalidad de lograr el despojo del territorio y el agua a una comunidad, es el que se registró en la localidad de La Sierrita, en Mapimí, Durango, donde la representación diplomática de Canadá, gestionó ante el gobierno federal mexicano, encabezado entonces por Felipe Calderón, acciones de desalojo violento contra los comuneros que se alzaron contra la minera Excellon Resources.

En el ejido La Sierrita, hacia el año 2004, se asentó la minera Excellon Resource con la promesa inicial de rentar sólo 4 hectáreas para la explotación de “un reducido banco de plata”, pero en menos de dos años la oferta de renta de tierra creció a una superficie de 27 hectáreas. Con un monto de un millón 200 mil pesos se “benefició” a 127 ejidatarios con el pago único de 9 mil 500 pesos, ofreciendo de la mano hacer obras de infraestructura para la comunidad.

Lo que los representantes de la minera Excellon Resource nunca dijeron es que, como parte de la compra de los predios, también tenían el interés de la explotación total e irracional de los mantos freáticos. Los pobladores de La Sierrita ya contaban con sus propios pozos de agua, pese a lo desértico de la zona, los que, excavados a pocos metros de profundidad apenas daban sustento a la vida económica del lugar.

Pero Excellon Resource cavó tan profundo que no solo secó los pozos comunales, sino que se pudo hacer de un verdadero mar de agua encontrado bajo el suelo árido de la región de Mapimí, con el que no sólo atendió sus necesidades de lavado de minerales, sino que encontró un negocio: comenzó a extraer y a vender agua a los terratenientes de la zona, incluida la empresa lechera Lala. La explotación del agua fue a razón de una extracción de mil 370 litros por segundo, cuando los habitantes de La Sierrita apenas si subsistían con un suministro de agua estimado en 300 litros de agua por segundo.

Al secarse los pozos comunales que abastecían a la población local, el reclamo llegó: exigieron al gobierno federal el cese de la concesión de explotación de los mantos acuíferos otorgados a favor de Excellon Resource, pero su reclamo no encontró eco. Por eso los ejidatarios despojados de sus tierras se plantaron en los accesos a la mina La Platosa, sin imaginar la violenta reacción del gobierno federal mexicano, el que fue instigado a la represión por parte de la embajada canadiense en nuestro país.

Antes de la violeta represión sufrida por los 127 ejidatarios que se apostaron en un campamento a las afueras de las mina La Platosa, la embajada canadiense maniobró una serie de acciones, en coordinación con el gobierno federal mexicano y con el propio gobierno el estado de Durango, a efecto de terminar con la protesta de los ejidatarios, que exigieron el cese de la explotación de los mantos freáticos, luego de reconocer que el pueblo completo de La Sierrita se estaba “muriendo de sed, por culpa de la minera”.

Violencia desde la Embajada

Días previos al desalojo del plantón, cuando intervino el ejército, la policía federal y la policía ministerial de Durango, la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, mantuvo comunicación directa, a través del delegado comercial de la embajada, Wayne Robson, con el propio presidente Felipe Calderón, el gobernador de Durango, Jorge Herrera, con el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, y con el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari.

La embajadora les solicitó apoyo a fin de proteger los intereses amenazados de la minera; el cuerpo diplomático de Canadá en México pidió expresamente, el uso de la fuerza para apagar el movimiento. La embajada canadiense garantizó a la empresa Excellon Resource todo el respaldo de la representación diplomática, poniendo a su disposición los “vínculos institucionales” necesarios a fin de salvaguardar sus intereses económicos.

La intervención de la embajada de Canadá en México, a favor de Excellon Resource, fue más allá que la puesta a su disposición de los “vínculos institucionales”, también maniobró una serie de reuniones entre el director de Excellon Resource en México, Brendan Cahill, con funcionarios federales de alto nivel, a fin de plantear la “necesidad urgente” de sofocar el movimiento social que mantuvo paralizadas las actividades de la mina por casi cuatro meses.

De igual forma, la embajadora de Canadá en México dispuso una serie de acciones para realizar espionaje político en contra de los ejidatarios, a fin de recabar información que pudiera ser útil para el cometido de la empresa.

Las gestiones de la embajada ante el gobierno federal, las que terminaron por desalojar violetamente la manifestación de los ejidatarios, fue ejecutada por el gerente de la mina La Platosa, el canadiense Rob Moore, al que por instrucción presidencial se le cedió el mando de las fuerzas federales, del ejército y de la policía de Durango. También se dispuso de un grupo de golpeadores traídos de las minas de Zacatecas, las que son operadas por la misma empresa, haciendo que el movimiento fuera disuelto y reconocido como un acto ilegal de los ejidatarios.

Otra de la Embajada de Canadá

Los directivos de la también minera canadiense Pan American Silver Corp., sin siquiera sentarse al diálogo con los habitantes quejosos de La Colorada en Zacatecas, denunciaron ante las autoridades de la Secretaría de Economía del gobierno federal, y ante las propias del estado de Zacatecas, que los pobladores intentaban frenar las actividades económicas de la minera.

 Argumentaron que su inversión se ponía en riesgo, además de establecer que las quejas de los vecinos eran “un peligro para sus intereses”, por lo que solicitaron en forma inmediata la reubicación de 47 familias que afectaban su actividad productiva. Esta información fue emitida también a la embajada de Canadá, desde donde se gestionó ante el gobierno federal el envío de fuerzas federales para la protección del perímetro de la mina.

Fue así que la madrugada del 13 de enero, a los vecinos de La Colorada, los despertó el ruido de maquinaria pesada y los gritos de hombres armados, que se identificaron como “guardias privados de la empresa”, los que comenzaron a golpear en las puertas de las viviendas, para que todos los lugareños salieran a la calle.

Con las armas de por medio, los guardias de Pan American Silver Corp., comenzaron a empujar a los vecinos hacia la salida de la comunidad, mientras la maquinaria pesada destruía las viviendas. En medio del caos, algunos de los habitantes solicitaron vía telefónica el auxilio de la policía municipal de Chalchihuites y de la policía estatal de Zacatecas, los que hicieron presencia en forma inmediata, pero fue para respaldar a los guardias de la minera.

El desalojo de la comunidad La Colorada se hizo en menos de dos horas. Un total de 47 familias, las que se quejaban por los altos índices de contaminación en el agua, fueron desplazadas a un predio ubicado a cinco kilómetros de distancia, en donde la minera ofreció la construcción de viviendas para cada una de las familias trasladadas.

En forma inicial cada una de las familias fue dotada de un predio, con la promesa de iniciar la construcción de una vivienda para cada una de ellas por cuenta de la minera. La construcción de las viviendas dio inicio dos días después. Pero las viviendas que fueron entregadas a cada una de las familias desplazadas fueron construidas con cartón, láminas y el mejor de los casos con tablarroca y madera de desecho. En total fueron 230 los habitantes, incluyendo mujeres y niños, los que fueron desplazados de sus viviendas, por decisión directa de la embajada de Canadá en México.

No vamos a permitir la impunidad del gobierno de Laura Beristain

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– Laura Beristain favorece la campaña de su hermano para imponerlo en el Congreso del Estado.

Playa del Carmen.- “Laura Beristain y su hermano están desesperados, por eso siguen con la guerra sucia y sus ataques infundados en mi contra, pero los ciudadanos ya no les creen”  expresó Lili Campos candidata a diputada del distrito 10 por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”

Opinó que el gobierno municipal se ha involucrado en el proceso electoral de manera ilegal, utilizando los recursos que deben estar destinados a  atender a la población y no al servicio de la campaña del hermano de la presidenta municipal, con estas acciones los Beristain una vez más atentan  en contra de los solidarenses.

“En su desesperación porque saben que van a perder, los hermanos Beristain continúan una campaña de desprestigio en mi contra e incluso usando de  los recursos del gobierno municipal para favorecer a su candidato a la diputación por el distrito 10. En breve estaremos tomando acciones porque no vamos a permitir la impunidad del gobierno de Laura Beristain” expresó Lili Campos candidata  de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”

Indicó que en las colonias del municipio, los ciudadanos expresan el rechazo a la actual presidenta municipal, a quien ya  no le creen sus promesas, de tal forma que el hartazgo hacia Laura Beristain y su hermano es generalizado en todo Solidaridad, lo que se verá reflejado el próximo 2 de junio cuando sean derrotados en las elecciones.

Lili Campos refrendó su compromiso de ser la principal aliada de los solidarenses para recuperar el rumbo, por ello una de sus principales propuestas es promover el juicio político en contra de la presidenta municipal a fin de separarla del cargo y generar gobernabilidad en Solidaridad.

6 historias de impunidad contra periodistas

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6 historias de impunidad contra periodistas

Cd de México.- La Organización Civil Internacional Artículo 19, presentó este lunes el informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, que dicho en otras palabras son los pasos a seguir para evitar la impunidad que caracteriza a las Fiscalías Estables como primeros respondientes.
El periodista Leopoldo Maldonado fue quién hizo la presentación de los casos recientes, historias de las víctimas del asesinato de Periodistas y activistas sociales en México, donde la impunidad y corrupción prevalecen sobre la justicia.
Jorge Sánchez hijo del periodista asesinado en Veracruz, José Sánchez, señala que en México no hay interés por resolver los casos de asesinatos de periodistas.
Incompetencia o complicidad son el reflejo de que en México no les interesa esclarecer estos crímenes lo que engrandece la impunidad y corrupción en las instancias procuradoras de justicia.
Mi padre fue asesinado presuntamente por Omar Cruz Reyes, el alcalde de Medellín de Bravo en Veracruz un 2 de enero, cuando un comando armado de seis sujetos entraron al domicilio, lo sustrajeron y después lo asesinaron.
Varios de estos homicidas materiales están identificados con el entonces presidente municipal de este lugar, uno de ellos detenidos de nombre Noe N y un policía municipal quién facilitó la huida de los asesinos.
Omar Cruz Reyes autor intelectual del artero asesinato del periodista Jorge Sánchez se encuentra prófugo, mientras la Fiscalía General de Veracruz no hace nada para detenerlo, denunció.
La autoridad no está para garantizar justicia sino para sembrar pruebas que garanticen la impunidad, la incompetencia y la corrupción.
El hijo del periodista asesinado hace ya cuatro años, pidió al presidente López Obrador descarte el perdón para los asesinos de su padre y lo cambie por justicia.
Rubén Espinosa Becerreril, fotógrafo y periodista asesinado el 31 de julio de 2015, su hermana con ayuda de Articulo 19 han estado solicitando justicia, ya que su hermano recibió amenazas, agresiones, secuestros en Veracruz y la muerte e impunidad lo alcanzaron en la ciudad de México junto a otras tres personas.
Señaló que hasta ahora todos los integrantes de la Fiscalía General de la Ciudad de México incluido el titular del Ejecutivo han progresado, han subido de puesto, garantizaron justicia y no cumplieron, por lo que la impunidad y la corrupción,
Desde el 31 de julio de 2015 que fue asesinado con cuatro mujeres, la Fiscalía General de la ciudad de México dejó de ser garantía para el refugio de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Sufrió varas caras de la impunidad, ya que en vida fue perseguido, agredido, torturado, goleado, tanto por policías de Xalapa Veracruz, como por otros de la ministerial vestidos de civil, al grado que tuvo que refugiarse en la ciudad de México, donde fue asesinado junto con otras cuatro personas, damas.
Las autoridades de la Ciudad de México no ha investigado el origen del asesinato es decir la actividad periodística de Rubén Espinosa y las amenazas que en vida recibió y por lo contrario se encargaron de ensuciar la imagen de éste y las mujeres asesinadas en el multi homicidio de la colonia Narvarte aduciendo un supuesto robo, narcotráfico y prostitución, hipótesis sin ninguna prueba que las sustente.
Exigen, dijo Patricia Espinosa, una reparación integral que sancione a los servidores públicos que por omisión, incompetencia o corrupción se encargaron de frenar las investigaciones, de ensuciar la imagen e Rubén y las personas asesinadas y finalmente justicia. En síntesis una reparación integral que abata la impunidad.
Hasta ahora en ambos homicidios ya hay al menos uno o dos detenidos como actores materiales y la autoridad da por hecho que se hizo justicia, sin embargo no investigan quién o quiénes son los actores intelectuales de dichos asesinatos y el móvil que los llevó a ello, ya que hay impunidad y corrupción, dijo Leopoldo Maldonado
Pedro Canché, víctima de los berrinches del presidiario Roberto Borge
Pedro Canché Herrera, periodista de la Zona Maya señaló que pese a que se ha creado una instancia especializada en la Fiscalía General de la República para la protección a periodistas, no existe una certeza y garantía para ejercer con libertad el periodismo.
Todos los días en México se despierta con la idea de ¿Quién será el próximo periodista o activista de los derechos humanos asesinado?
Periodista maya que fue encarcelado en 2014 por defender el derecho al agua como constitucionalmente se establece en Carrillo Puerto y por capricho del gobernante Roberto Borge Angulo, hoy señala que México sigue sin ofrecer verdadera justicia a las víctimas de los periodistas asesinados, pues nunca se investiga a los autores intelectuales, a los verdaderos responsables de estas muertes.
Si para un periodista que logró librar la represión le es difícil conseguir justicia en México, mucho más para los 130 periodistas asesinados en los últimos 6 años que no van a poder nunca vencer la impunidad y corrupción que existe en el país.
Arturo Záldivar Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha destituido por lo menos a tres magistrados de Campeche y Veracruz por asuntos de corrupción, pero no es suficiente ya que consideró que hay una “secta” entre los jueces para proteger a los victimarios de los periodistas asesinados y de los que son atacados o reprimidos en su libertad de expresión.
Esta secta entre los jueces permite que los ataques a los periodistas a la libertad de expresión continúe. No hay ningún funcionario público encerrado por estas acciones.
En su caso, agregó Pedro Canché, el ex gobernador Roberto Borge, quien lo encarceló, no hay ningún expediente, ninguna coma sobre los motivos reales que lo llevaron a atentar contra su libertad y el ejercicio periodístico que realizaba en 2014 y ante ello la Fiscalía Especializada también se colude con ellos, pues no “encontraron” elementos para probar que el ex mandatario lo haya mandado a encarcelar.
Viví amenazas, tortura psicológica y demás violencia cuando estuve en la cárcel, la intención era doblegarme, al final quedan secuelas, se genera psicosis, todo es miedo. Al salir de la cárcel dos mantas aparecieron que me iban a ejecutar y todo esto afecta, psicológicamente afecta, ya no duermes tranquilo, aseguró Pedro Canché.
Su estancia en la cárcel obedeció a una venganza ejercida por el hoy presidiario Roberto Borge Angulo
Se requiere una pronta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue y se haga justicia en todos los casos de agresiones a periodistas y más aún a los asesinados, ya que no es posible que le responda más rápido a la mamá del Chapo Guzmán que a la viuda de un periodista, Javier Váldez, que en la conferencia mañanera le entregó una carta pidiendo justicia.
El presidente de México no puede estar más a la orden de los poderosos; tiene que priorizar, si es más importante la vida de un narcotraficante que la vida de un periodista y más aún la impartición de la justicia en cada uno de los 130 asesinatos de los periodistas, aseguró Pedro Canché.
“Cuando un periodista es amenazado o se violenta su libertad de expresión, lo que menos se debe hacer esa bajar la guardia, ya que dejar esta profesión por esta causa es abonar a la impunidad” dijo.
Caso de Alejandra Rodríguez, acusada de anarquismo
Alejandra Rodríguez detenida el 1 de diciembre de 2013, indicó que aun cuando fue sometida de manera brutal, subida a una patrulla y ante la juez no se presentan los policías a testificar, sale libre por falta de elementos y aun cuando está agresión física deja secuelas emocionales, el Estado se fue contra ella con una campaña de desprestigio utilizando a otros medios de comunicación afines y a su servicio, que criminalizan las protestas sociales.
Miembro de la Red Rompe el Miedo, aseguró que cuando fue detenida estaba estudiando y al mismo tiempo escribía ya en un medio de comunicación, pero el argumento de la Fiscalía General de la Ciudad de México es que nunca se identificó como prensa, como periodista, argumento por más infantil en un país donde supuestamente se se respetan las libertades.
Dijo que a cinco años de su agresión el caso sigue estancado en la Fiscalía General ya que no hay castigo para los servidores públicos involucrados y mucho menos para los actores intelectuales de su detención.
Justicia, la verdad y la reparación del daño es lo que exige a las autoridades que hasta el momento no terminan las investigaciones de su caso.

Caso Aldo Sotelo
Agredido en protestas sociales, al documentar los hechos 14 de diciembre de 2013 vivió una detención arbitraria que le cambió la vida.
Video reportero para revista internacional, se disponía a cenar con su pareja, pero esa noche había un bloqueo de policías de la ciudad de México en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, por lo baja su cámara y empieza a documentar la manifestación que ahí ocurría.
Acompañado de su novia descienden de su vehículo y se adentran hacia el Zócalo donde los policías tenían cerrado el acceso a la plancha de Zócalo donde se manifestaban un grupo de al menos 15 personas.
Los policías obligaron a los manifestantes a desalojar el Zócalo y sobre la calle Madero eran obligados a salir.
Aldo, documentaba todo con su videocámara y cuando los policías se dan cuenta que eran grabados lo someten y empiezan a golpear, hasta que ciudadanos lo rescatan impidiendo su detención.
Al igual como sus antecesores que expusieron sus vivencias en Artículo 19, su caso sigue en la Fiscalía General de la Ciudad de México sin avance alguno.
La impunidad y la corrupción en la cadena de mando de la policía de la ciudad de México continua imponiéndose a la libre manifestación y peor aún al ejercicio de la libertad de expresión.
“Nosotros los periodistas somos los ojos y oídos de la sociedad que necesita ser escuchada y al mismo tiempo escuchar todas esas voces que están en las calles y es por eso que la labor periodística debe ser más cuidada en este contexto del país que hoy estamos viviendo”, aseguró.

El caso de Sin Embargo
Es quizá el menos complicado de todos los expuestos en este informe del “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, pero no por ello deja de ser un elemento más de prueba de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación en este México violento.
Alejandro Páez, director de Sin Embargo indicó que Adrián Ruvalcaba, de la delegación Cuahimalpa, mandó a agredirlos, primero con un correo electrónico para que bajaran la fotografía de una publicación que lo vinculaba con la delincuencia y posteriormente, con uno de sus colaboradores que físicamente ingresó a las oficinas para agredir a las reporteras y demás personal de la redacción de este portal.
Pero el ataque siguió a través del Facebook utilizando a la actriz Belinda, en donde ella replicaba unas fotografías del director de Sin Embargo con información de violador de niños y las vincularon todas con la revista causando un enorme daño a la imagen del medio. Al cuestionar a esta actriz dijo simplemente que le jaquearon su cuenta y así se quedó el asunto.
En la denuncia hecha contra Adrián Ruvalcaba el juez autoriza que lo video-graben así como a sus colaboradores y Sin Embargo descubre que usaban la misma mecánica de ataques a otros medios de comunicación y periodistas como Carmen Aristegui y la Revista Proceso, que eran orquestados por su equipo de comunicación social y por el de seguridad de este funcionario emanado del PRI.
Hasta la fecha no hay avances en la Fiscalía Especializada, el expediente sigue “inmóvil” y los culpables como si nada, en este México de complicidades y corrupción, en un país sin una verdadera protección al ejercicio periodístico, aseguró Alejandro Páez.

ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”,
En este informe se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.
México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.
En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.
Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto.
A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.
El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.
Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.
Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.
Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.
Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.
Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.
En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:
1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.
2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.
4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.
5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había de documentado sus actos arbitrarios e ilegales.
6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.
Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos.
Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.
Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística.
En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.
En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.
Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México

No hay justicia para la prensa, autoridades practican un “protocolo de impunidad”

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No hay justicia para la prensa, autoridades practican un “protocolo de impunidad” en los casos de agresiones contra periodistas: ARTICLE 19

• La ineficiencia de las autoridades ha contribuido a que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99.13%
• 3 periodistas han sido asesinados, en relación con su trabajo, en lo que va del sexenio de AMLO.
• ARTICLE 19 considera de suma importancia que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda los cambios necesarios para la atención de estos delitos por medio de la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
• Además, esta organización exije a las autoridades cumplir con el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019.- ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, en el cual se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.

México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.

En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.

Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en realación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.

El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.

Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.

Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.

Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.

En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.

2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.

3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.

4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.

5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.

6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos. Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.

Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.

En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.

Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México.

El informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” estará disponible para su consulta y descarga a partir del día de hoy en el enlace articulo19.org/informeimpunidad

Nota para prensa

Para mayor información y agendar una entrevista con alguno/a de los/as integrantes de la organización o las personas mencionadas en este informe, favor de contactar a Juan Vázquez, Oficial de Comunicación, al teléfono celular 55 4588 1166, al teléfono de oficina (55) 1054 6500 ext. 110, o al correo jvazquez@article19.org