Chetumal.- Para evitar los presuntos desfalcos cometidos en la legislatura pasada, estimados en 100 millones de pesos y que derivaron en denuncias penales, la actual legislatura del Congreso del Estado ha puesto una serie de candados en la entrega de estos recursos, como verificación física y un historial de causales.
En entrevista, Arturo Castro Duarte, secretario general del Congreso del Estado, indicó que antes no en todos los casos se solicitaba un historial de causales, en tanto que ahora son muy estrictos al respecto, además de efectuar verificaciones físicas, para evitar posibles simulaciones.
A cada diputado le tocan 35 mil pesos mensuales para gestoría social, a los que se suman otros 20 mil pesos para el mantenimiento de su casa de gestión, que se plantean que se transformen en oficinas de enlace legislativo, añadió.
En cuanto al cambio de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), indicó que hasta ahora solo ha resultado en el cambio en la dirección de Comunicación Social y en la dirección Administrativa, sin descartar más cambios, una vez que sesione la Jugocopo el mes próximo.
Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Después de permanecer en el cargo 10 años, Gastón Alegre López y Marisol Balado Esquiliano dejarán sus cargos en el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo del Tribunal Superior de Justicia, por lo cual los integrantes de la XVI Legislatura entrevistaron a los tres hombres y tres mujeres que fueron propuestos por el titular del Ejecutivo para ocupar dichos cargos.
Alegre López y Balado Esquiliano fueron electos en un primero periodo de cinco años y después reelectos por un tiempo igual para integrar el Consejo de la Judicatura, que tiene bajo su responsabilidad la creación de reglamentos, manuales, cambios de adscripción, nombramientos, contratos y licitaciones del Tribunal Superior de Justicia.
Desde las 11 de la mañana, los integrantes de las ternas fueron entrevistados de manera privada por los diputados integrantes de la Comisión de Justicia antes de proceder a las entrevistas ante el pleno.
La primera terna está conformada por las licenciadas Ana Mercedes Castillo Carvajal, Yara Faride Briceño Chablé y María de Guadalupe Angélica Chan Flores. La segunda terna está integrada por los licenciados José Joaquín González Castro, Daniel González Rojas y Juan Manuel Vázquez Vargas.
González Castro renunció al cargo de subsecretario de asuntos jurídicos del gobierno del estado en esta administración de Carlos Joaquín González y ha desempeñado el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia, senador por Quintana Roo y expresidente municipal de Benito Juárez. (Noticaribe)
Nombra XVI Legislatura Comisión Permanente
Chetumal.- En la Sesión No. 30 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura, se designó a las y los diputados que conforman a partir de hoy y hasta el inicio del segundo periodo ordinario, la Comisión Permanente.
Con 16 votos a favor y uno en contra la Permanente será presidida por la panista María Cristina Torres Gómez; la primer secretaría quedó en manos de la perredista Iris Mora Vallejo; el segundo secretario será Édgar Humberto Gasca Arceo; los vocales serán los morenistas, Luis Fernando Chávez Zepeda, así como Wilbert Alberto Batún Chulim; además de la priísta, Judith Rodríguez Villanueva y el petista, Roberto Erales Jiménez.
También se trataron los asuntos como el acuerdo por el que la XVI Legislatura faculta a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, lleve a cabo las comparecencias de las autoridades responsables, servidoras públicas y servidores públicos involucrados en las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad; así como la lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2020.
En esta última sesión ordinaria se designó al cargo de Consejero Ciudadano a José Joaquín González Castro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; y a la abogada María de Guadalupe Angélica Chan Flores, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Colección Hemerográfica, Pieza del Mes en AGQROO
*Reseña noticiosa sobre sesión de Legislatura Constituyente
*Política de Puertas Abiertas en Archivo General del Estado
Chetumal.- La Colección Hemerográfica correspondiente a diciembre de 1974, conforma la Pieza del Mes del Archivo General del Gobierno de Quintana Roo (AGQROO).
Entre las noticias publicadas, destaca la portada del diario Novedades de Quintana Roo, el día 5 de diciembre de ese año, en la cual se reseña la realización de la segunda sesión solemne de la Legislatura Constituyente del Estado.
“Aprueba el Congreso Constituyente las elecciones de los Senadores” fue el encabezado de la nota en mención, cuya crónica especifica que, a través de un oficio, el presidente del Consejo Local Electoral, Raúl Ruiz Maldonado, enviaba un informe para solicitar la validez del proceso electoral.
Por su puesto, se menciona que José Ascencio Navarrete y Felipe Amaro Santana, fueron declarados senadores electos propietarios. Sus respectivos suplentes eran María Cristina Sangri Aguilar y María Teresa Villanueva Sansores.
La reseña informativa resalta también que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único que registró aspirantes para la elección y que acudieron solamente 10 personas a la segunda sesión del Pleno, en contraste con los 400 presentes en la histórica primera sesión solemne de la Legislatura Constituyente.
Además de la Pieza del Mes, en horario de oficina, la ciudadanía puede observar y consultar diversos documentos relacionados con el devenir histórico de la entidad como parte de la política de puertas abiertas del Archivo General del Estado de Quintana Roo.
Por:Jesús González
Chetumal.- Con la no aprobación del cobro de recolección de basura en domicilios particulares, reducción casi a la mitad del monto de este impuesto en los negocios y tazar el derecho de saneamiento ambiental a 30 pesos para los cruceristas y 12 pesos en hoteles del municipio de Othón P. Blanco y vigilar el destino del mismo; la XVI Legislatura local le tumbó el “negocio” al presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, quien pretendía recaudar más de 38 millones de pesos en el 2020.
Tras el análisis de una escueta Ley de Ingresos presentada por el ayuntamiento capitalino en la cual pretendía recabar 935 millones 496 mil 605 pesos durante el 2020 por diversos cobros, entre los que sobresalía aumentar el cobro por recolección de basura en negocios, teniendo un aumento en algunos casos de hasta el 200 por ciento; acción que generó resistencia del sector empresarial.
Además Otoniel Segovia Martínez con el apoyo de sus regidores del PT, PRD y Morena, buscaba recaudar más de 19 millones de pesos por el cobro de la recolección de basura en domicilios particulares por el orden de 30 pesos mensuales, supuestamente para mejorar el servicio; sin embargo no fue bien fundamentado lo que ocasionó que integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta así como de Asuntos Municipales y demás integrantes de la XVI Legislatura no lo avalaran.
El presidente de la Comisión de Hacienda, José de la Peña Ruiz de Chávez , detalló que tras analizar dicha petición, aunado a las aportaciones hechas por el Consejo Coordinador Empresarial y el sentir ciudadano, se dictaminó no avalar el impuesto por recolección de basura en viviendas, reducir a la mitad el incremento en los negocios y bajar el cobro por derecho de saneamiento en hoteles de Othón P. Blanco y con esto evitar un impacto a la ciudadanía.
Agregó que este dictamen junto con el resto de los aprobados que corresponden a los 11 municipios del Estado será presentados al Pleno el próximo viernes al igual que el paquete fiscal del gobierno de Quintana Roo para la votación final.
Chetumal.- La magistrada presidente Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Nora Cerón González informó que no buscará la reelección en el cargo, pues su periodo se vence en la primera semana de febrero del 2020, aunque ya existen antecedentes que si no hay interés de otro Magistrado, pueda repetir como Presidente.
Entrevistada la mañana de hoy miércoles, reveló que hoy se tratará el último tema en materia jurisdiccional del 2019, que tienen que ver con la queja interpuesta por la diputada local, Reyna Areli Durán Ovando, en cuanto a la titularidad de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en la XVI Legislatura.
“Hoy se tendrá certeza de cómo quedará la Junta de Gobierno y Coordinación Política y que la actora quede satisfecha, se tomará en cuenta lo que obra en autos… en caso de no ser favorable tiene el derecho a impugnar” ante la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, detalló la Magistrada Presidente del Teqroo.
En caso que la diputada quede satisfecha, pues eso quiere decir que el Teqroo ha hecho bien su trabajo como instancia protectora de los derechos políticos y electorales de los quintanarroenses, lo que da certeza en los procesos electorales.
ELECCIÓN DE MAGISTRADO PRESIDENTE
En cuanto al tema del fin de su periodo al frente del Tribunal Electoral, Nora Cerón informó que ella tiene una designación hasta el año 2020, y en la primera semana de febrero se debe de convocar al Pleno para que se elija al nuevo Presidente, lógicamente no tiene intención de reelegirse, pero la permanencia dependerá de los demás magistrados.
“La ley establece que la presidencia es rotativa, pero no hay una prohibición de reelegirse, pero no busco la reelección, he trabajado con toda dedicación durante los tres años a los que fui designada”.
La ley actual dice el articulo 122 que la primera semana del mes de diciembre del mes que corresponda, no podemos tomar una ley anterior para aplicarla a la actual, interpretando la ley será en febrero.
ASUNTOS TRATADOS EN 2019
Nora Cerón dijo haber tenido un buen periodo de actividades legales en cuanto a materia electoral, porque este año, a pesar de solo haber elegido a 25 diputados, pues el proceso fue de mucha impugnación por parte de los actores políticos; porque a veces una sala determina una cosa y ya en otras instancias pues cambia el sentido de la sentencia.
“Aproximadamente tuvimos más de 130 asuntos de procedimiento especial sancionador, 60 JDC (Juicios de Protección de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano), fueron más de 245 asuntos, y solo elegimos a 25 diputados”.
En otro tema habló sobre una ampliación del presupuesto que ejercerán en el 2020, donde dijo que se pidió 4 millones de pesos más; además de los 36.7 millones de pesos que les corresponden.
La XVI legislatura está a la espera de una respuesta al exhorto enviado al presidente de la República, donde se solicitó indulto o prisión domiciliaria para el exmandatario estatal.
El diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, presidente de la Comisión Especial para Seguimiento de las Resoluciones y Acuerdos del Caso Mario Ernesto Villanueva Madrid, lamentó a nombre de los integrantes de la XVI Legislatura, la negativa del Segundo Tribunal Unitario para otorgar prisión domiciliaria al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, además de la orden de trasladarlo de manera inmediata al Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) del estado de Morelos.
En su calidad de presidente de la Comisión Especial, Gasca Arceo, manifestó que si bien, el juez emitió una resolución, la XVI Legislatura está a la espera de una respuesta al exhorto enviado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que los diputados y diputadas de la XVI legislatura solicitaron indulto o prisión domiciliaria para el exmandatario estatal.
“El exhorto se aprobó por unanimidad de los integrantes de la XVI Legislatura el pasado 25 de septiembre”, recordó Gasca Arceo.
Agregó que se analiza la posibilidad de solicitar la intervención de otras instancias internacionales en materia de derechos humanos, para revertir la resolución del juez, misma que se dio a conocer a través de una carta escrita por el propio Mario Villanueva, en la que señala que, por segunda vez, no le es posible obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, con base en una resolución a la que calificó de “insólita, ilegal y falta de toda lógica”.
Las razones por las que los diputados y diputadas solicitaron conceder la libertad a Mario Villanueva Madrid son principalmente tres: su edad avanzada; su delicado estado de salud y el hecho de que no representa ningún peligro para la sociedad.
Cabe recordar que la condena que aún le resta compurgar es de 22 años y 7 meses, tiempo que Mario Villanueva, permanecería privado de su libertad en el Ceferepsi del Estado de Morelos.
Gasca Arceo, recordó que el Congreso del Estado realizó un análisis respecto al caso de Villanueva Madrid, cuya opinión jurídica concluyó que no es responsable de los delitos por los que fue juzgado.
El Diputado Local Pedro Pérez, expresó que es necesario tener de primera mano las necesidades y problemáticas de los municipios más vulnerables del Estado, para poder determinar con una mejor visión lo que se requiere a la hora de aprobar la ley de ingresos de los ayuntamientos para 2020, por ello, el día de hoy se mantuvo una reunión de acercamiento entre la XVI Legislatura con los integrantes del ayuntamiento de José María Morelos, siendo este uno de los municipios con más carencias económicas y sociales.
“Las cosas en el Gobierno Federal han cambiado mucho, pero yo estoy seguro que con el tiempo las cosas irán mejorando, de que las cosas se vayan ordenando, de que exista mayor corresponsabilidad, que exista mayor transparencia, que haya mucho más trabajo en común para que al final el beneficio sea para las y los ciudadanos. Hoy en la XVI legislatura, independientemente del color que cada quien tiene, tenemos el compromiso fundamental con la ciudadanía, y hoy por hoy estoy convencido que todos los diputados nos vamos a apoyar en buscar los mecanismos para apoyar a quienes más lo necesitan” expresó Pedro Pérez.
El legislador local señalo que en la medida que se tenga la voluntad de buscar juntos el beneficio colectivo que merece la sociedad, en esa medida se verán los resultados que se requieren, recordando que este tipo de reuniones también se mantendrán con el resto de los municipios de la entidad.
En la reunión los diputados se comprometieron a darle seguimiento a la solicitud de la Presidenta Municipal de José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer, para que el Gobierno Federal les condone la deuda que mantiene el ayuntamiento por el concepto de ISR, por 53 millones de pesos, estando presentes las y los diputados, Edgar Gasca Arceo, Reyna Duran, Lili Campos, Paula Pech, Cristina Torres, Judit Rodríguez, Linda Cobos y Pedro Pérez, así como integrantes del cabildo de José María Morelos.
Chetumal.- Por considerar que se violan diversos preceptos constitucionales, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la que fuera impulsada por el ex presidente de la Gran Comisión, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y aprobada en los últimos días de la XV Legislatura.
El 17 de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 111/2019 promovida por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en contra de la citada ley publicada el 13 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo con las consideraciones vertidas por la CNDH, se violentan los artículos los artículos 1, 5, 14, 16, 18 y 20, inciso B fracción I, 32 y 35, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los artículos 1,2,8,9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 2, 14.2, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2,4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y es que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, establece facultades a las unidades administrativas de la Fiscalía para ordenar el aseguramiento de bienes “motu proprio” sin que exista control judicial previo, vulnerando los derechos de seguridad jurídica y debido proceso.
Además, establece como requisito para ocupar cargos públicos en la Fiscalía el “no estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa”, así como “haber sido destituido o inhabilitado” por resolución firme como servidor público, lo que a consideración de la CNDH vulnera los derechos de igualdad y no discriminación de trabajo y de acceso a un empleo, al excluir de manera injustificada a aquellas personas que cometieron una falta administrativa y que hayan sido sancionadas.
Por si fuera poco, la CNDH considera que la nueva Ley Orgánica de la FGE vulnera el principio de presunción de inocencia, al impedir el acceso a cargos dentro de la Fiscalía a personas que se encuentran sujetas a un procedimiento, sin que haya sido acreditada su responsabilidad administrativa.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el ombudsperson nacional, considera que se vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo lícitos; al establecer como la calidad de mexicano por nacimiento para ocupar cargos en la fiscalía, excluyendo a aquellas personas cuya nacionalidad es adquirida por naturalización.
Chetumal.- Para la comparecencia del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo, ante el Congreso del Estado, el lobby del Poder Legislativo se llenó de personal de la paraestatal, que recibió a su jefe con aplausos, una vez que se tomaron la foto del recuerdo.
Cuestionado al respecto, Mora Vallejo aseguró que son los supervisores de CAPA que estaban “en su hora de comida”.
En entrevista previa a su presentación con los diputados, el director se defendió de antemano por el tema de la concesión de Aguakán y por la cobranza a través de créditos fiscales, indicando que él solo puede hacer lo que la ley les permite.
“Mi postura es la misma, vamos por una nueva ley de agua potable, donde traiga estas consideraciones, tomando en cuenta las organizaciones civiles”, aseveró.
Esta nueva ley, principalmente, debe permitir una mayor injerencia sobre las concesionarias, indicó, añadiendo que confía en que saldrá en esta Legislatura.
Cabe recordar que en la XV Legislatura hubo tres iniciativas de una nueva ley en esta materia, ninguna de las cuales prosperó.
El director de CAPA indicó que, en cuentas públicas, ahí están a la vista “las obras y los malestares, principalmente el malestar”.
De hecho, indicó que, en el proyecto de presupuesto del año próximo de la Federación, solo se les otorgan 47 millones de pesos, monto que es insuficiente, pero “hay que pelear por más, siempre es así”.