Chetumal.- En tanto no sean notificados de la resolución del juez que amparó a vecinos del fraccionamiento Las Américas, el tiradero municipal continuará operando con normalidad, afirmó el procurador del Medio Ambiente en Quintana Roo, Miguel Ángel Nadal Novelo.
El funcionario estatal indicó que, por la falta de otro espacio, su dependencia tomó la determinación de no clausurar, sino de imponer medidas de aplicación, para paulatinamente ir recuperando el sitio.
“Esto sería algo importante que tendría que considerar el tribunal”, opinó el procurador.
Diariamente, este tiradero recibe 400 toneladas de basura de la ciudad, ahora mediante caminos paralelos abiertos hacia la parte posterior del mismo, ya que la parte frontal estaba colapsada, también se activó una bomba para darle circulación a los lixiviados.
“Lo que nos interesa es que los residuos se depositen dentro de la celda, que se eche a andar la laguna de los lixiviados y que no entren personas ajenas al sitio”, indicó.
Sobre la multa, el Ayuntamiento ya presentó algunos proyectos para atender residuos en comunidades, a modo de conmutación. La PPA solicitó que incluyeran a Mahahual y Xcalak, donde hay queja por este servicio.
Dijo esperar que se continúe el avance sin llegar a un tema de reincidencia, porque entonces la multa sería mayor.
CDMX. Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), lograron que un juez federal resolviera que tres hombres vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en perjuicio de varios periodistas en Río Verde, San Luis Potosí, reparen el daño a las víctimas.
De acuerdo a la indagatoria integrada por la FEADLE, el pasado 22 de mayo de 2016 los tres procesados detuvieron ilegalmente a un periodista y agredieron física y verbalmente a las compañeras comunicadoras que intentaban dar cuenta de un hecho de interés público.
En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal en la ciudad de San Luis Potosí, los tres procesados reconocieron su responsabilidad y emitieron ante el juez federal una disculpa a las y el comunicador, por su actuación, al haber violado sus derechos humanos, principalmente el de la libertad de expresión de los periodistas.
El juzgador también determinó que los individuos deberán resarcir los daños causados, emitir disculpas públicas a través de un medio de comunicación impreso, así como que se deberán someter a la supervisión judicial por un período de seis meses, en los que los deberán abstenerse de molestar a la víctima y sus familiares, así como demostrar que no se repetirán los hechos.