Chetumal.- Por vez primera en lo que van de las comparecencias en el Congreso del Estado, un funcionario del gabinete resultó ser duramente cuestionado e incluso desmentido por los integrantes de la XVI Legislatura, al tocar el turno del titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), Rafael del Pozo Dergal.
Antes, fue precedido por la comparecencia de Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), ante cuatro de los cinco diputados de la comisión de Movilidad, presidida por Erika Castillo Acosta, además de cinco legisladores de otras comisiones, incluyendo a su hija, Atenea Gómez Ricalde.
El encuentro duró cuatro horas, en donde desglosó distintas cifras de lo que lleva de administración, sin grandes cuestionamientos por parte de los legisladores.
Antes de que se diera la segunda comparecencia, alumnos y académicos de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) acudieron a la sede legislativa para pedir la autonomía para su casa de estudio, siendo recibidos por Édgar Gasca Arceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Luego comenzó la comparecencia del contralor estatal, ante la Comisión de Anticorrupción, nuevamente con solo cuatro de sus integrantes, al no llegar la priista Judith Rodríguez Villanueva; llegaron tres otros diputados, incluyendo Roberto Erales, quien junto con Édgar Gasca, fueron los que más duramente criticaron al funcionario.
A pesar de las estadísticas, rankings y premios que mostró Del Pozo Dergal en su intervención, comenzó a ser cuestionado sobre la prevalencia de viejas prácticas, además de persistir ex funcionarios de la cuestionada anterior administración en puestos de primer nivel.
Principalmente, se le mencionó que los directivos de la Secretaría de Seguridad Pública no cumplen con los cinco años de residencia que marca la ley, pues hay cerca de 70 traídos de otros estados por el titular de la dependencia, Alberto Capella Ibarra.
También se le sacó en cara que,de las investigaciones contra funcionarios de Roberto Borge Angulo, ninguno, salvo el gobernador, está tras las rejas.
Incluso, acusó que llegaron 38 fiscales al estado, los que viven en el fraccionamiento Andara de Chetumal, sin que se vean resultados.
Por su parte, Gasca indicó que el cumplimiento en transparencia es de 60%, a tres años de administración, y que incluso se investigan irregularidades en el propio Congreso del Estado, además de tener contralorías sociales que son “una completa simulación”.
Aunque el funcionario trató de justificar, los legisladores le hicieron saber que no estaban satisfechos.
