Código penal

Proponen ‘castración’ para violadores

Chetumal, Q. Roo.- El Congreso del Estado de Quintana Roo está analizando proponer una ley que protege la integridad y la libertad sexual de las personas, con énfasis en los menores y de las mujeres, con penas más enérgicas a los agresores sexuales, la castración química para los voladores, sería una de ellas.

Asimismo, el Pleno de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo realizó la lectura de varias iniciativas de ley, las cuales, fueron turnadas a las comisiones correspondientes.

La diputada Reyna Durán Ovando, coordinadora del grupo legislativo de MORENA en la XVI Legislatura, fue una de las que presentó una inciativa para modificar el Código Penal de Quintana Roo.

Dicha propuesta consiste en adicionar a las penas de prisión y multa que contempla el Código Penal para este delito, se imponga la inhibición hormonal obligatoria del deseo sexual, popularmente conocida como castración química obligatoria, que consiste en un tratamiento médico mediante el cual se le suministra de manera regular, a un violador efectivamente procesado y condenado, ciertos medicamentos o sustancias químicas destinados a inhibir el deseo sexual.

La diputada expresó que la pena del delito de violación, que prevalece en Quintana Roo de 10 a 25 años de prisión, no es suficiente.

Así como, propone llevar acabo un programa de tratamiento intramural y seguimiento pospenitenciario para los agresores sexuales, con el fin de identificar los factores de riesgo de reincidencia y realizar acciones para reducir los casos, al igual que tener permanentemente una verificación del riesgo que estos agresores puedan representar para su entorno.

En dicha propuesta, propone llevar un registro de violadores, para tener un control y seguimiento de aquellos que hayan cometido violación.

En cambio el Pleno de la XVI Legislatura expresó su total rechazo a las violaciones de derechos humanos contra las mujeres, feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres.

Los legisladores del PVEM, propusieron un acuerdo en que se les exige a las autoridades tanto de procuración como de impartición de justicia del país, cumplan con su trabajo, para resolver de manera eficiente y pronta todos los casos de feminicidio que se encuentren pendientes de resolución.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos,
el diputado José Luis Guillén López, presentó una reforma a la Constitución local, y a diversos artículos de la Ley de Movilidad y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para lograr garantizar que los vehículos de los ciudadanos se encuentren seguros en los estacionamientos de servicio público.

Y el diputado José Luis Toledo Medina, de la representación legislativa de Movimiento Ciudadano planteó reformar otras disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en materia de protección a las familias.

Hay que mencionar que, el Congreso de Quintana Roo aceptó con 23 votos a favor de los diputados, la reforma de las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Quedando eliminado el cobro por el uso de contenedores inteligentes; así como, las casas habitación en todas las zonas geográficas del municipio, no tendrán que pagar por los residuos.

Al terminar, el diputado José Luis Toledo Medina pidió una disculpa pública al Gobernador de Campeche, por la actitud altanera con los ciudadanos de Quintana Roo.

Roberto Erales Jiménez del PT y Gustavo Miranda García del PVEM, expresaron que este problema debe ser resuelto jurídicamente, para no dañar la relación existente entre los dos estados.

Con motivo del Día del Movimiento Rotario, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, dijo que la presencia de los Rotarios en Quintana Roo, a ayudado a los ciudadanos del estado, con su labor humanitaria.

Que el Estado pague: Decreta Congreso reformas constitucionales en materia de responsabilidad patrimonial

 

_• El Estado podrá indemnizar por daños a particulares, una vez que se apruebe la legislación secundaria._
_• Proponen legisladores expedir Ley de Derechos Lingüísticos._

Chetumal, Quintana Roo. – La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo decretó una reforma a la constitución local en materia de responsabilidad patrimonial, que otorga a los particulares el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, el Estado cause en los bienes o derechos de los particulares.

En la sesión de la Comisión Permanente, presidida por la diputada Cristina Torres Gómez, se realizó el cómputo de votos de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Esta reforma fue aprobada en diciembre pasado por la XVI Legislatura y tras concluir el plazo para que los ayuntamientos se pronunciaran al respecto, la Comisión Permanente realizó la declaratoria respectiva.

También se llevó a cabo el cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de paridad de género.

Esta minuta fue avalada por los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Puerto Morelos, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum e Isla Mujeres.

Además, en la sesión número 6 de la Comisión Permanente, se dio entrada a una iniciativa para expedir la Ley de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo; presentada por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena y por la diputada Iris Adriana Mora Vallejo, presidenta de la Comisión de Deporte.

La propuesta consiste en contar con una legislación que contribuya a garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, con la intención de establecer las condiciones mínimas para que, en nuestra entidad, las personas auto adscritas como indígenas, puedan ejercer sus derechos lingüísticos.

En la legislación propuesta se enuncian las cuatro lenguas indígenas más habladas en Quintana Roo: maya, tseltal, tsotsil y chol, las cuales se busca concederles una igual validez que al español.

También se busca establecer la obligación de que toda ley, norma o disposición de carácter general, publicada en el Periódico Oficial, también se realice en las lenguas indígenas reconocidas en la ley propuesta.

En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para castigar a quienes compartan imágenes íntimas y con contenido sexual de otra persona, sin su consentimiento.

En tanto, los diputados integrantes del grupo legislativo del PT Roberto Erales Jiménez, Ana Pamplona Ramírez y Hernán Villatoro Barrios, propusieron reformas y derogaciones al Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, para adecuarlo a las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Los legisladores propusieron además reformar el primer párrafo del artículo 9º y adicionar un artículo 10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo.

Qricion para arbitros vendidos

El presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto (D’Alessio) Vargas Contreras, propuso una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para sancionar con una pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 84 mil 490 y 253 mil 470 pesos de multa a quien incurra en conductas que propicien fraude deportivo.

“Quien con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur”, puntualiza la propuesta.

Con la misma pena será castigado quien oculte, encubra o pretenda encubrir los actos de corrupción para la modificación de resultados deportivos, utilice o lleve a cabo actos violentos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, para obtener la modificación o alteración de los resultados deportivos, antes, durante y después de la celebración de los eventos.

“El que se encarga de organizar el acto de corrupción, busca a algún jugador o miembro del cuerpo técnico, dispuesto a ganar dinero a cambio de que se garantice la derrota en un partido específico, pero esto no es una regla, pues a veces es más sencillo y eficiente comprar al árbitro que a un grupo de personas para negociar la participación en una estadística como es cometer tiros de esquina o tiros penal”, resaltó Vargas.

En la reforma planteó que la pena se incrementará hasta una mitad cuando la persona que ofrezca el beneficio económico o en especie sea empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de una casa de apuestas, miembro de un club, liga, federación deportiva, director o empleado de algún organismo del deporte federal, estatal o municipal

 

De acuerdo con la iniciativa, para acreditar la existencia del delito, adicional de los métodos de prueba señalados en el Código, se podrá utilizar cualquier medio tecnológico que sea resultado de los avances de la ciencia.

La propuesta busca contener a empresas y directivos que envían emisarios para sobornar a jugadores, árbitros y entrenadores y así arreglar partidos de varios deportes y ligas, apostando dinero y manipulando resultados de competiciones y para lograr los resultados deseados.

“Esos momentos representan una gran amenaza en contra de la integridad de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional, ya que la forma más fácil de amañar un partido es comprando los jugadores o árbitros”, delineó en la iniciativa.