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El gobierno de Quintana Roo reiteró su colaboración con las autoridades federales para combatir las causas que han disparado la violencia en los estados del país y en ese sentido, respaldó las medidas que empezaron a implementar para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos.
La próxima semana, según informó el canciller Marcelo Ebrard, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartirá el catálogo de armas provenientes de Estados Unidos, las medidas que dicho país se comprometió a implementar para frenar en su frontera el tráfico ilegal y las acciones que las autoridades federales están coordinando en México tanto con la Administración General de Aduanas como con otras instancias involucradas.
Los cuatro delitos de alto impacto que han disparado la violencia en los estados del país son del orden federal; es decir, son competencia de la federación: el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de personas.
En ese sentido, Quintana Roo colabora y opera en coordinación con las fuerzas federales para detener a los criminales y remitirlos a la justicia federal.
Sin embargo para reducir los índices de delitos de alto impacto, como los asesinatos, se requiere frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos que determina la capacidad de fuego de los grupos criminales.
Según las autoridades, 80% de los crímenes atribuidos al narco son cometidos con esas armas y en Quintana Roo, 9 de casa 10 homicidios dolosos están vinculados con el tráfico de drogas.
La Cancillería mexicana reconoció lo que desde hace años han venido reclamando varios estados sacudidos por la violencia: si no se frena el tráfico de armas desde EU, ningún gobierno local podrá reducir los índices de criminalidad que afectan a sus entidades.
En ese orden también sobresale el tráfico de personas. En el sur del país la crisis generada por las caravanas migrantes ha visibilizado la porosidad de la franja fronteriza de la que se han aprovechado las bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.
De octubre de 2018 a mayo de 2019 unos 47,426 migrantes cruzaron irregularmente la frontera sur, de acuerdo con un reporte del Ejército. Esos migrantes y otros extranjeros son, en algunos casos, internados o interceptados como reclutas del crimen organizado para asesinar, extorsionar y secuestrar.
Asimismo, a la capacidad de fuego con el tráfico de armas se suma la capacidad financiera del narcotráfico sustentada en el lavado de dinero. Saskia Rietbroek, de la firma estadounidense No Money Laundering, estima que el lavado de dinero en el país, principal fuente de financiamiento de los grupos criminales, alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, casas de cambio, casas de bolsa, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas y el sector inmobiliario, entre otras ramas.
Por todo lo anterior el gobierno de Quintana Roo sostiene que la única forma de reducir la violencia en el país es atacar sus orígenes y evitar cualquier pacto con los grupos criminales como sucedió en gobiernos anteriores.
Esos pactos les permitieron a los criminales operar y crecer, con la complicidad de las autoridades, hasta controlar ciudades y espacios turísticos.
A cambio los gobiernos locales sólo lograron postergar las peores consecuencias que han sido heredadas por autoridades y población civil con saldos rojos.